La abogada, magíster en Derecho Público y directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, Francisca Vargas, consultada por Radio Uchile sobre la expulsión del país de un grupo de 55 venezolanos, dijo que «desde la perspectiva legal este es un indicio más de que se trata de expulsiones colectivas prohibidas por el Derecho Internacional».
En este sentido, calificó la acción del Gobierno como «shows mediáticos con puntos de prensa, con personas vestidas de cierta manera y que se presentan a la población como la salvación frente a la migración».
Según la legista, en las expulsiones colectivas «no hay un análisis individualizado de la situación de cada una de estas personas, respecto de cuál es su situación en Chile y qué pasa cuando regrese a su país de origen, los riesgos para su vida, seguridad y libertad, el tener que regresar forzadamente».
«Desde las organizaciones civiles y la academia lo que decimos es que se hagan análisis individuales y si hay que expulsar, que se haga. Pero que no sean colectivas, porque hay casos y casos, grupos que vienen escapando del hambre, de la falta de acceso a medicamentos, etc.», indicó la experta.
En contravención a su propia de la ley
La nueva ley de migraciones entre sus disposiciones señala que aquellos migrantes que ingresaron a Chile con pasaporte o identificación antes del 18 de marzo pueden obtener visa, y quienes no lo hicieron por pasos habilitados tienen plazo de 180 días para regularizar su situación. Sin embargo, este domingo se realizó una expulsión, a lo que Vargas dijo «es criminal. No solamente se trata de decir una cosa y hacer exactamente lo opuesto, sino que lo hace a viva voz y jactándose de ello, orgulloso de lo que se está haciendo como Gobierno».
La abogada insistió en que «estamos separando familias, estamos devolviendo personas que no tienen para comer, que no tienen agua y no tienen vacunas para el COVID-19 y los organismos internacionales han dicho que en medio de una pandemia hay que priorizar el salvar a la gente».
Otras reacciones
El dirigente del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoza, calificó la expulsión de los 55 venezolanos como “una vergüenza para un país”, y acusó al Gobierno de usar comunicacionalmente este escenario como cortina de humo frente a la crisis económica y sanitaria que atraviesa Chile.
«El Gobierno usa a personas sin derechos reconocidos para tapar su indolencia social al negarse al tercer retiro de nuestra previsión, con la que, quienes vivimos en esta tierra, nos permitimos subsistir sin ayuda del Estado”, denunció Cardoza al medio citado.
“No hay persona ilegales, hay trámites administrativos ilegales. Nadie conoce las mentiras y falsedades, pero sí los maltratos que sufrieron quienes se van, por parte de funcionarios del Estado mandados por el Gobierno», señaló.
Por su parte, organizaciones no gubernamentales también condenaron la acción del Gobierno, por considerar que viola los tratados internacionales suscritos por Chile en materia de derechos humanos, y las disposiciones transitorias de la nueva Ley de Migración.
Mediante un comunicado, la Asociación Venezolana en Chile (Asovenchile) señaló que de acuerdo con las denuncias recibidas, a los venezolanos se les negó el derecho a recurrir a la justicia. «En muchos casos, se da cuenta de situaciones en las que se les ha negado a las personas migrantes la posibilidad de comunicarse con sus familias u otros contactos cercanos para informarles lo que les está ocurriendo», indicaron.
La Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Fasic Migración y Refugio y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) también condenaron la expulsión de los venezolanos, asegurando que les fueron confiscados sus documentos.
«No se entiende que al mismo tiempo que la ley permite la regularización de estas personas, se las expulse sin darles la oportunidad de acogerse a este proceso», añadió el Servicio Jesuita a Migrantes.
Las ONG llamaron al Gobierno de Sebastián Piñera a modificar la actitud hostil y a respetar la vida y los derechos fundamentales de toda persona migrante.
Fuentes: El Desconcierto/Radio UChile/El Pitazo.
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