Por Lorena Facuse Rojas, alcaldesa Ilustre Municipalidad de Cerrillos
La clase política, y como parte de esta el Consejo Constitucional, al parecer experimentan una pérdida de la memoria.
Los elementos que estaban a la base de nuestro funcionamiento social, relativamente ordenado, que construía una certeza colectiva, perfectible, pero certera al fin, como el financiamiento responsable del gasto público, la búsqueda de detener la desigualdad, el anhelo de una Constitución que redistribuyera el poder asegurando una mayor descentralización y responsabilidad fiscal, superando el autoritarismo de la Constitución del 80, al parecer hoy son preocupación de pocos.
Esto se hace evidente, a la hora de analizar la eliminación del Impuesto Territorial que fue aprobada en el Consejo Constitucional.
Como sabemos, la estructura del financiamiento de los municipios, de acuerdo a estudios recientes, depende de: los ingresos propios permanentes (IPP) que corresponden al 45% de estos recursos, el fondo común municipal (FCM) que alcanza un 34%, y los ingresos por transferencia que llegan a un 21%.
Sin embargo, existe una diversidad en la composición de ingresos entre los diferentes municipios: los IPP pueden representar hasta el 97% de la totalidad de los ingresos en algunas comunas.
Los IPP que más aportan son las patentes municipales (13% de los ingresos totales) y el impuesto territorial (12%), y las transferencias más significativas son las de los gobiernos regionales (12%). Por otra parte, la mayoría de los aportes al FCM provienen del impuesto territorial (57%) y de los permisos de circulación (23%).
La recaudación de los IPP entre municipios es muy desigual y son los aportes al FCM los que corrigen relativamente esa desigualdad. Pero, el impacto redistributivo del FCM está lejos de resolver las desigualdades de ingresos entre municipios.
Con conocimiento de causa podemos afirmar que esta enmienda aprobada en el Consejo Constitucional, es injusta, irresponsable, y regresiva, ya que beneficia a los grupos con mayor poder adquisitivo. Los mismos que hablan regularmente de libertades y oportunidades, respaldan esta medida que genera una “nivelación hacia abajo” de todos los municipios.
Los municipios no se sostienen sin impuesto territorial, plantear esta enmienda desfinancia el conjunto de los servicios que prestan los municipios, sobre todos los de menos ingresos, que muchas veces debemos administrar pobreza.
Expongo esta situación mirando la comuna de Cerrillos, entidad que con orgullo y responsabilidad me toca dirigir, y más allá de mi gestión actual, son preocupantes los efectos que una decisión como esta tendría en la institución a posteridad.
En nuestro caso, los ingresos totales del municipio dependen en un 39% de lo que se recauda por impuesto territorial, que el año 2022 fue el equivalente a 8.000 millones de pesos. En nuestra comuna, de los 26.663 roles existentes, 19.183 son exentos, es decir no pagan impuesto territorial; 4.339 de los restantes son personas jurídicas, y cerca de 1.500 pagan menos de 30.000 pesos al año.
La pregunta es obvia: ¿A quiénes se está privilegiando con esta propuesta?
Sin duda, es una propuesta que provoca mayor desigualdad, menores capacidades para la entrega de servicios municipales eficientes, en fin, una crisis institucional de las municipalidades, todas motivaciones claves que nos iniciaron en la tarea de modificar la constitución.
Sin embargo, medidas populistas generan resultados inmediatos como aumentar puntos en las encuestas, por una simple razón: se juega con las esperanzas y las necesidades de la gente. El problema de fondo es que no se tiene al largo plazo como el escenario relevante para las decisiones. La política se ha acostumbrado al cortoplacismo, y todo adquiere un valor en la medida en que produzca un efecto visible.
Las personas pueden pensar que se les eximirá de una carga, pero estas mismas personas y la comunidad en general también necesita municipios poderosos que presten mejores servicios, porque la gente los necesita.
Hagámonos cargo de volver a pensar en el bien común, necesitamos un Estado y municipios en particular que apoyen a las personas. No da lo mismo lo que se proponga.
Lorena Facuse Rojas, alcaldesa de Cerrillos
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