Conflicto hidroeléctrico transnacional: Sigue el clamor de justicia para Macarena Valdés

Por Alfredo Seguel

A casi 5 años de la muerte de Macarena Valdés sigue sin resolverse desde la justicia chilena los diversos antecedentes que dan cuenta de un crimen que, además, se perpetró en el marco de un conflicto hidroeléctrico de una empresa transnacional que tuvo una serie de privilegios durante el primer gobierno de Sebastián Piñera en su instalación en Chile.

El 12 de agosto del 2019, informe del destacado médico forense británico John Clark, titulado “Comentarios sobre la muerte de Yudy Macarena Valdés Muñoz”, se descarta que el suicidio sea la causa más probable de la muerte de la defensora del territorio, rebatiendo de esta manera lo expuesto por el Servicio Médico Legal (SML) en autopsia realizada inmediatamente después de su deceso. Allí se sostuvo que ella falleció de “asfixia por ahorcamiento” sin participación de terceros, confirmando así otros resultados forenses  realizados de manera previa e independiente.

El caso de Macarena Valdés

El 22 de agosto del 2016, Macarena Valdés, madre de cuatro hijos, opositora al proyecto hidroeléctrico de RP Global junto a quien fuera su compañero, el werkén Rubén Collío, fue encontrada muerta, colgada en la casa habitación, hecho ocurrido en su hogar en el sector Tranguil, comuna de Panguipulli, en presencia de su hijo menor de un año y medio de edad, descubierta por otro de sus hijos con 11 años.

Existen diversos testimonios que dan cuenta que previo a la muerte de Valdés hubo una serie de graves amenazas en contra de esta familia por parte de personas sindicadas como sicarios ligados a los intereses hidroeléctricos, particularmente a la transnacional RP Global, incluso estas amenazas se extendieron a otras familias del territorio opositoras a la imposición de centrales hidroeléctricas, agregándose una serie de actos arbitrarios desde la propia empresa en compañía de agentes estatales represores, para imponer por la fuerza cableados vinculados a la conectividad hidroeléctrica que involucraron a otra transnacional, Saesa.

La Coordinadora Multisectorial “Justicia para Macarena Valdés” en una reciente publicación de convocatoria para conmemorarla este 22 de agosto, con la consigna ¡A 5 años de impunidad en el femicidio empresarial contra Macarena Valdés Muñoz”, se refirió al ambiente previo que se vivió en estos territorios.

“El domingo 21 de agosto llegó al territorio, un vehículo con logo y chofer de la empresa RP GLOBAL, en el que iban dos hombres quienes exigieron a Mónica Paillamilla, dueña del terreno donde vivían Macarena y su familia, que les desalojara. Mónica les respondió que ella estaba contenta con la familia y que no tenía motivos para desalojarles. Como no la convencieron, entonces, explícitamente, replicaron que algo muy malo podía pasarle a alguno de ellos si insistían en quedarse. Al día siguiente alguien asesinó a Macarena”, consignó.

Los responsables de las amenazas previas a la muerte de Macarena Valdés han sido denunciados en reiteradas ocasiones, sin embargo desde el aparato judicial no se han realizado las indagaciones pertinentes para su esclarecimiento.

Un informe pericial independiente durante el 2017, gestionado por la familia, dio cuenta de indicios sobre la participación de terceros en la muerte de Macarena Valdés, lo que inicialmente fue desestimado por la Fiscalía a tal punto, que en dos ocasiones existió la intención de “cerrar la investigación”, sin embargo, Rubén Collio y su padre, Marcial Collío (fallecido),  fueron activos en exigir que se realicen las diligencias pertinentes en base a los antecedentes y que permiten señalar que Macarena Valdés fue víctima de un asesinato y no de un suicidio como se ha tratado de imponer.

Los resultados iniciales de dicho metaperitaje estuvieron a cargo del médico forense Luis Ravanal cuyo análisis desechó la tesis de un suicidio que sostuvo el Servicio Médico Legal (SML) de Valdivia en su primer peritaje, en particular el doctor Enrique Rocco, y técnicamente abrió la puerta para que el caso tenga que ser indagado bajo el supuesto de un asesinato, indicando textualmente: “es posible controvertir objetivamente las causas y el mecanismo de muerte establecidos en la primera autopsia, esto es, asfixia por ahorcamiento”.

El 25 de septiembre del 2017 se realizó la exhumación de los restos de Macarena Valdés desde el cementerio mapuche en el sector de Tranguil, Liquiñe, comuna de Panguipulli con el propósito de que se realicen las pericias pertinentes trasladándose sus restos en una camioneta del Servicio Médico Legal a Santiago.

70 organizaciones protestaron, emplazaron y entregaron una misiva a la Fiscalía Nacional en marzo del 2018, con el fin de solicitar una investigación por asesinato: “El comportamiento de vuestro organismo da cuenta de actos discriminatorios al no hacer su trabajo, siendo un contexto diferente cuando involucra intereses de grupos de poder económico colonialistas para perseguir y acusar a numerosas personas mapuche en el marco de conflictos territoriales, persiguiendo, judicializando, criminalizando, encarcelando”, señalaron.

Agregaron en la ocasión: “Es importante señalar que la Fiscalía debió haber abordado el amplio contexto en que sucedió esta muerte, denunciada como un homicidio, existiendo antecedentes de amenazas previas a la familia Collio – Valdés, existencia de personas sindicadas como sicarios, amenazas a otros/as vecinos/as del territorio, transgresiones por parte de la empresa a lugares de significación cultural, la imposición de un proyecto sin que exista consentimiento en el territorio por parte de diversas familias mapuche e informes periciales forenses que dan cuenta de un asesinato y aun así, la Fiscalía se quede de manera ligera e irresponsable con una única impresión utilizada como “categórica” que es el insuficiente informe inicial de autopsia de la víctima, catalogándola como un “suicidio” e incluso intentando en más de una ocasión de cerrar arbitrariamente la investigación”, señalaron en su misiva.

Un nuevo informe forense dado a conocer en septiembre del 2019, dirigido por un destacado perito británico, se sugiere que Macarena Valdés murió “no por ahorcamiento suicida, sino por estrangulamiento por ligadura, con un objeto que alguien más sostenía alrededor de su cuello y lo apretaba con fuerza”.

Eso es lo que concluye el informe del médico forense británico John Clark, emitido el 12 de agosto del 2019, y titulado, “Comentarios sobre la muerte de Yudy Macarena Valdés Muñoz”. “La marca de ligadura en el cuello, aunque no completamente incompatible con la de suicidio por ahorcamiento, es lo suficientemente inusual como para plantear preguntas sobre su causa. Lo más importante es considerar si la muerte podría haber sido el resultado del estrangulamiento con ligadura por otra persona o personas, es decir, un elemento apretado fuertemente alrededor del cuello que impida la respiración”, dice el forense.

John Clark es un referente mundial de la medicina legal. Ex director del Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Glasgow, ex patólogo jefe del equipo forense designado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) -donde realizó los exámenes post mortem de las víctimas de las matanzas en Srebrenica- y actual perito de la Corte Penal Internacional (CPI).

Conflicto transnacional avalado por Piñera

RP Global salió con fuerza a la luz pública luego de la muerte de Macarena Valdés en el sector de Tranguil, comuna de Panguipillu, haciéndose responsable a la empresa del escenario de violencia generado en el territorio por un proyecto hidroeléctrico y de transgredir derechos de las comunidades Mapuche.

El proyecto hidroeléctrico en Tranguil, fue autorizado en el periodo del primer gobierno de Sebastián Piñera, quien actuó en todos los planos a favor de sus intereses, transnacional que ha creó una serie de “nombres”   en  centro y sur de Chile relacionados a su holding: -RP Global Chile S.A; – RP Global Chile Energías Renovables; – RPI Chile Energías Renovables, nombre anterior de RP Global Chile Energías Renovables; – RP El Torrente Eléctrica S.A. Central Hidroeléctrica Panqui, en Curarrehue; – RP Butamalal Hidroeléctrica S.A. (cuatro proyectos en la octava región – con DIA – 3 desistidos y uno aprobado); – RP El Arroyo Energías Renovables S.A. Dueña de los Derechos de Agua en Río Tranguil.

La empresa en sus diferentes nombres aparece con  varias decenas de derechos de agua inscritos para fines hidroeléctricos, la gran mayoría constituidos durante el periodo de Piñera, sin embargo, también hay varios inscritos durante el periodo de Bachelet, principalmente en la Región del Bio Bio. También, aparece Felipe  Pichard  inscribiendo derechos de agua en conjunto con Christian Linsenmeyer, ambos ligados a la empresa.

En marzo del año 2012, el portal Füta Willi Mapu ponía en alerta sobre una gran cantidad de derechos de agua inscritos por empresarios, en un artículo denominado: “Listado de solicitudes de derechos de aprovechamiento de agua en territorio Mapuche Williche”. Aparecía así el nombre de Felipe Pichard Alliende, con derechos de agua sobre estero el Loro, Río San Carlos, Río Guayusca, Estero Correntoso, Río Correntoso, Río El Tigre, Estero Sin Nombre.  Pichard es el representante de la transnacional austriaca en Chile, ha cumplido diversas labores de gerencia para la empresa. Asimismo, llama la atención que, durante febrero de 2000 a junio de 2001,  fue encargado de la evaluación económica de proyectos de inversión de la cuestionada empresa Soquimch en Chile (SQM), acusada desde hace algunos años  por una serie de ilícitos, como fraude al fisco,  financiamiento irregular de campañas electorales, tráfico de influencias, entre otras., empresa controlada por Julio Ponce Lerou, yerno de Augusto Pinochet.

RP Global – Chile y su representante Felipe Pichard, durante el primer gobierno de Piñera comienzan a expandirse en diversas localidades.  En agosto del año 2010, comienzan a hacer lobby ante el Concejo Municipal de Cañete (Región del Bio Bio) para la Central Hidroeléctrica en el sector Butamalal de Cayucupil. También, comienzan a aparecer durante el periodo gubernamental del ex presidente una serie de derechos de agua inscritos por la empresa en la Región de la Araucanía.

En abril del año 2013, el Gobierno Regional de la Araucanía, encabezado por el ex Intendente Andrés Molina, da la orden para que la Comisión de Evaluación del Medio Ambiente, apruebe por unanimidad el proyecto hidroeléctrico Panqui, emplazado en la zona cordillerana de Curarrehue.  Junto con Molina, votan a favor del proyecto los siguientes ex funcionarios:  Seremi Medio Ambiente, Andrea Flies;  Seremi Economía, Carlos Isaacs; Seremi de Salud (s), Waldo Armstrong;  Seremi de Agricultura (s), Hernán Maturana; Seremi Minvu (S) Maria Elena Harcha y del SEA Cristian Lineros como Director (s).

El Alcalde de la comuna afectada, Abel Painefilo, señalaba luego de esta votación: “Este es un atentado al desarrollo turístico de una comuna que ha sido calificada por el propio plan Araucanía y por la estrategia de desarrollo regional en sus líneas de acción, como un territorio sensible y de alto interés turístico”.  Agregó que “este proceso es inconsulto, ya que no fueron consideradas las comunidades mapuche de la zona de influencia contraviniendo el convenio 169 de la OIT, los emprendedores turísticos y otras organizaciones comunitarias, que generan una economía local gracias al río y sus recursos naturales, los que se verán seriamente afectados por la intervención que sufrirá el caudal del Río Panqui”.

Durante abril de ese año (2013), diversas manifestaciones de repudio y protesta  por parte de miembros de comunidades y vecinos de Curarrehue se trasladaron a Temuco  contra  la aprobación del proyecto hidroeléctrico Panqui  realizada por el gobierno regional que encabezó el ex Intendente Molina, en el periodo de Sebastián Piñera.

El titular del proyecto Panqui  fue: RP El Torrente Eléctrica S.A., quien forma parte de la empresa austro-chilena RP Global Chile, con sede en Santiago. A su vez, RP Global Chile es parte del Grupo RP Global, con sede principal en Viena, Austria.

RP Global es un holding que es parte del Grupo Hydrocontracting, que hace uso de etiquetas de “energías renovables” y “sustentables”, cuya corporación está dirigida por el director general Gerhard Matzinger y el CFO Jorge Eugenio Rodríguez García, este último de origen español y principal operador de los negocios en Latinoamérica por más de 14 años.