La Congregación de Hermanos Maristas constituirá una «Comisión para la Verdad», para investigar la existencia de «más» abusos sexuales: «En principio, se ha estimado que esta comisión debería recopilar información de los últimos 50 años, aunque el periodo definitivo dependerá de los avances que se vayan verificando», dijeron desde la entidad al diario La Tercera.
La comisión «estará integrada por personas externas, de reconocido prestigio e idoneidad, cuya misión será recabar información y antecedentes de todas las comunidades educativas maristas del país», añadieron.
De acuerdo al reporte del matutino, «la palabra ‘abuso’ ha marcado el año de este instituto religioso, que hace más de un siglo, en 1911, fundó en Chile su primer colegio, en Los Andes. Actualmente, son 12 los establecimientos que administra a lo largo del país: cinco subvencionados y siete pagados, con una cobertura de más de 15 mil niños y niñas, bajo la mirada de 800 educadores».
«Los problemas -añade el reporte- comenzaron el pasado 28 de agosto, cuando la congregación emitió un comunicado haciendo público el caso del hermano Abel Pérez. Según su propia confesión, el religioso habría abusado de ex alumnos del Instituto Alonso de Ercilla y del Colegio Marcelino Champagnat, en periodos intermitentes, desde la década de 1970 hasta el año 2000. En total, habría abusado de 14 víctimas».
Posteriormente, el 7 de septiembre, otro comunicado dio cuenta de una nueva denuncia por presuntos abusos sexuales. Esta vez, los delitos habrían sido cometidos por Luis Humberto Cornejo Silva, otro religioso a cargo de menores en un colegio, y que actualmente, a sus 40 años, permanece en estado vegetal, tras ser asaltado durante un viaje a Bolivia, consigna el periódico.
El tercer caso se conoció hace pocos días e involucra al hermano Armando Alegría, quien fue denunciado por un ex seminarista de la congregación por hechos supuestamente ocurridos en 1980, en Los Andes, Región de Valparaíso. Del cuarto caso no se han dado nombres, pero la información ya está en poder del fiscal Guillermo Adasme, dice La Tercera.
Respecto de los religiosos, desde la orden aseguraron que fueron «suspendidos de sus tareas docentes y espirituales», que no tendrían relación con alumnos y que están viviendo en la casa de la congregación, en Santiago, «vigilados las 24 horas».
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