La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó la resolución 1419, que solicita al Presidente de la República impulsar el estudio de medidas tendientes a mejorar la investigación de violaciones a los derechos humanos, a través de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal o de otras instancias que estime legalmente pertinentes.
La idea, según se plantea en el documento, es crear o fortalecer las políticas institucionales de los actores del sistema judicial que intervienen en esta etapa del proceso penal.
Entre las propuestas se considera garantizar la protección de toda persona que denuncie una violación a los derechos humanos y disponer de medidas especiales para su resguardo. En este plano se postula que esa denuncia o petición sea examinada rápidamente y obtener de esa autoridad respuesta sin dilación.
En la misma línea, se pide garantizar los derechos y protección de las víctimas de violaciones a derechos humanos mediante una institucionalidad adecuada y mejorar los procedimientos de investigación de violaciones a derechos humanos, consagrando la debida diligencia conforme a los estándares internacionales de los derechos humanos.
También se plantea determinar, frente a los casos de violencia sexual, si se cumplen los criterios mínimos consagrados por el derecho internacional en materia de investigación, que buscan no solo establecer la verdad, sino que también evitar la revictimización y, en caso de no satisfacerlos, realizar las adecuaciones necesarias.
De igual modo, se llama a que el Ministerio Público vele por la aplicación, sin dilación, de los protocolos de Estambul y Minnesota y los incorpore en sus programas destinados a la capacitación y perfeccionamiento de los fiscales, junto con procurar que exista un número adecuado de fiscales especiales, capacitados en derechos humanos, que permitan una mayor celeridad y correcta investigación, en la tramitación de dichas causas.
Y, haciendo eco de una recomendación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), se pide asistencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para fortalecer los esfuerzos de investigación y persecución de violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto de las protestas sociales, conforme al artículo 41.e de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Los autores de la resolución son los diputados y diputadas de Revolución Democrática Miguel Crispi, Giorgio Jackson y Catalina Pérez.
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