Un informe con las múltiples irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República sobre pagos millonarios de horas extras durante la gestión de Felipe Alessandri a cargo de la Municipalidad de Santiago, fue consignado ante el Ministerio Público, con el fin de dar inicio a las investigaciones pertinentes.
Luego de una auditoría, el organismo constató omisiones de registros en los libros de control de asistencia y cobro de horas extraordinarias por parte de funcionarios que gozaban de vacaciones, licencias médicas o se encontraban en teletrabajo.
En la investigación se verificó el gasto en horas extras desde el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2020 y la contratación de servicios a honorarios del personal en las áreas de gestión municipal, educación y salud.
Vale mencionar que recientemente, la Municipalidad presentó una querella contra exfuncionarios por perjuicio de las arcas municipales por $ 147.286.101 en pagos de horas extraordinarias. Además, el ente fiscalizador detectó pagos de honorarios sin respaldo por un monto de $ 41.127.892.
Uno de los extrabajadores involucrados es el diputado recién electo por el Partido Republicano, Agustín Romero Leiva, acusado de haber recibido de forma ilícita $ 66.071.415 entre junio de 2018 y julio de 2021, cuando se desempeñaba como director de Asesoría Jurídica.
También aparecen en la demanda el ex Administrador Municipal, Juan Francisco García Mac-Vicar; y José Ignacio Labbé Martínez, ex Jefe de Gabinete.
81 funcionarios percibieron pagos en exceso por horas extras
La Contraloría detalla en su documento que “se comprobó que los libros de control de asistencia presentaban enmendaduras y remarcaciones en el registro de entrada y/o salida, sin que la autoridad o jefatura alguna haya salvado dichas correcciones”.
“Se verificaron funcionarios que, conforme a lo indicado por el municipio, se encontraban de vacaciones, con permisos administrativos, licencia médica o teletrabajo, no obstante, registran asistencia en dichas jornadas y desarrollo de horas extraordinarias”, añade.
De acuerdo a lo reseñado por La voz de los que sobran, el informe menciona que “81 funcionarios percibieron pagos en exceso por concepto de horas extras por un total de $ 11.416.432 (…) Tres funcionarios registraron pagos por horas extraordinarias, por la suma de $ 712.164, no obstante, sus registros de asistencia consignaban que se encontraban en modalidad de teletrabajo. Por ende, no tienen marcación de entrada y salida”.
Por otra parte, señala que “67 funcionarios realizaron horas extraordinarias en días sábado, domingo o festivos, sin que conste en el registro de control dispuesto en el edificio consistorial de la Municipalidad de Santiago, que aquellos servidores hayan concurrido a la citada dependencia durante los fines de semana y festivos en las fechas que se exponen, no dándose por acreditado el pago en horas extraordinarias por la suma de $ 30.532.795″.
Finalmente, el organismo recomienda a la Municipalidad “adoptar las medidas para iniciar un proceso de regularización de lo observado y, si procediere, llevar a cabo las acciones necesarias para obtener, previa audiencia de los interesados, el reintegro de la suma total de $ 42.661.391″.
Auditoría financiera y contable
Entretanto, el municipio capitalino liderado por la alcaldesa Irací Hassler Jacob, emitió un comunicado en el que expresa que “los hechos informados por Contraloría son motivo de gran preocupación por parte de la actual gestión y se condicen con situaciones provenientes de la administración anterior detectadas durante los primeros meses de la alcaldía en ejercicio”.
“Ante estos hechos de gravedad -previo a la publicación del informe de Contraloría- ya fueron adoptadas medidas tales como el inicio de una auditoría financiera y contable -que se encuentra en curso-, y la presentación de una querella por presunto delito de ‘fraude a una Municipalidad y falsificación de documento público’, en contra de funcionarios de alta confianza del exalcalde Felipe Alessandri”, agrega.
Finalmente, en la declaración la Municipalidad garantiza que “está en proceso de firma de un convenio con el Consejo para la Transparencia, ratificando su firme compromiso con la transparencia y la probidad”.
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