La Contraloría General de la República ordenó a Gendarmería de Chile conceder una asignación de residencia a la subteniente Linda Cerpa Mena, quien denunció ser víctima de acosos laborales en Copiapó, luego de que la institución decidiera trasladarla en compañía de su cónyuge a la Región de Los Ríos.
El ente fiscalizador accedió al pago de dicho beneficio tras pedir cuentas al director nacional de Gendarmería, Tulio Arce, quien no se refirió a la situación de la reclamante pero sí aceptó, a raíz de un nuevo estudio de los antecedentes, entregar la asignación al funcionario José Contreras Contreras, esposo de la oficial Cerpa.
En el documento, el contralor general Jorge Bermúdez recordó que el artículo 98, letra d), de la ley Nº 18.834, establece que los servidores públicos tienen derecho al pago del beneficio cuando, para asumir el cargo o cumplir una nueva destinación, deben cambiar de residencia habitual, monto que equivale a un mes de remuneraciones del nuevo empleo, pasajes para éste y las personas que lo acompañen, y flete para el traslado de sus efectos personales.
«Así, en relación a la situación de la señora Cerpa Mena, es posible advertir de los antecedentes tenidos a la vista que su nueva destinación no obedeció a una petición voluntaria, sino que fue ordenada por la superioridad de ese servicio, acogiendo una sugerencia formulada por la fiscal a cargo de un procedimiento disciplinario», observó Bermúdez.
Cabe recordar que el procedimiento disciplinario en cuestión fue abierto cuando la subteniente Cerpa denunció a otros oficiales por tratos discriminatorio, adjuntando como evidencia un chat privado de WhatsApp integrado por otros funcionarios que presuntamente compartieron un video pornográfico infantil. Esta última arista es investigada actualmente por el Ministerio Público.
GREMIO ACUSA: «EL DIRECTOR MINTIÓ»
En conversación con este medio, el secretario de la Asociación de Oficiales Profesionales (ANOPRO), Leandro Tegler, se refirió a la situación de la oficial Cerpa y acusó al director nacional Tulio Arce de haber «faltado a la verdad» cuando se le preguntó por este caso en una entrevista exclusiva que concedió a El Ciudadano el 15 de junio.
En esa oportunidad, Arce afirmó a este medio que el proceso «está en investigación… estoy pidiendo que lo apuren porque viene de bastantes años atrás, antes que llegara yo a la administración».
El dirigente gremial contesta: «Nosotros le dimos cuenta a él sobre el caso de Cerpa en agosto del año pasado, y pedimos (que se instruyera el sumario). Lo vinieron a hacer por septiembre, porque volvimos a insistir. Le dijimos al director de este caso y a la denunciante no la tomaron en cuenta».
En efecto, según documentos a los que accedió El Ciudadano, la Dirección Regional de Atacama decidió instruir recién un sumario interno el día 9 de septiembre de 2015, mediante Resolución Exenta Nº 938, cuando Tulio Arce ya era director de la institución. Antes sólo había una declaración de la funcionaria afectada y copia de los WhatsApp de los oficiales que presuntamente compartieron el material de pornografía infantil.
«El director nacional mintió. Le mintió a todo el mundo. En este momento tiene retrasado el sumario. La responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal es distinta, el sumario puede ser finiquitado sin que se resuelva necesariamente el tema penal», enfatizó Leandro Tegler.
Se le consultó esta discrepancia al Departamento de Comunicaciones de Gendarmería, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
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