Contraloría exige plan de acción ante ineficaz gestión del Estado en áreas protegidas

La falta de un marco regulatorio unitario sobre sobre la gestión, manejo y control de las áreas protegidas ha ocasionado una “gestión desarticulada”, en la que la falta de una política pública coordinada entre los servicios ha entorpecido el manejo de estos territorios, “manteniendo en riesgo el efectivo cumplimiento de los objetivos de conservación y protección de la biodiversidad”.

Es la dura advertencia que hace la Contraloría General de la República, como parte del seguimiento que lleva meses realizando a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), en el que ha denunciado que al menos el 44,22% de las denuncias recibidas por la institución, entre enero de 2016 y mayo de 2019, no fueron atendidas.

Más recientemente, un informe ejecutado por el ente que preside Jorge Bermúdez, alertaba sobre el colapso de la SMA, la cual puede tardar incluso años en dar respuesta a alguna petición que reciba.

Ahora, en el último análisis contralor, fueron seleccionadas 143 de las 191 áreas protegidas –terrestres y marítimas- declaradas a diciembre de 2019, y específicamente aquellas gestionadas por los órganos de la administración del Estado.

Como resultado se constató que 54 de las 143 áreas protegidas analizadas no poseen un instrumento que oriente su administración, gestión y/o manejo; de ellas, 39 están en proceso de elaboración a junio de 2020, mientras que 89 áreas protegidas cuentan con un instrumento para los fines antes mencionados, y de esta cifra, ocho planes están en proceso de actualización.

En consecuencia, como lineamiento, la Contraloría solicitó un plan de acción a las entidades involucradas que deberán remitir al organismo en 60 días hábiles.

Informe

En el documento final, la institución contralora además de cuestionar la desactualización de los planes existentes, señala que “no existen lineamientos comunes para elaborar tales planes entre los diversos órganos de la administración del Estado, lo que dificulta contar con antecedentes que permitan compartir y determinar la efectividad de las acciones”.

En este sentido, explica que de las 81 áreas protegidas administradas por Conaf -parque, reserva nacional y forestal y monumento natural- que cuentan con un instrumento de manejo a junio de 2020, los planes de 42 de ellas no guardan coherencia con los objetivos de creación. Mientras, para las 39 áreas administradas por esta entidad que cuentan con un instrumento de manejo, responden a los objetivos aunque es necesario evaluar la efectividad por su antigüedad, según reseña la Fundación Terram, citando a Diario Financiero.

Otro de los factores considerados, es la falta de implementación de los instrumentos de manejo vigentes es otro elemento en juego. A junio del año pasado cuatro áreas protegidas no han implementado su plan de manejo debido a que estas no cuentan con una administración efectiva (personal y recursos asignados). Asimismo, 17 áreas protegidas reportan una implementación entre 60% y 90%, 28 entre 30% y 60% y 34 entre 0 y 30%.

Igualmente, se confirmó la falta de recursos para gestionar, manejar y administrar las áreas protegidas declaradas por el Estado y dependencia de recursos externos. En esta línea también se verificó que no se ha definido el sistema de indicadores para evaluar la implementación de las metas del Plan de Acción de Áreas Protegidas de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030.

En la investigación realizada por la Contraloría, se concluye que la subsecretaría del Medio Ambiente no ha definido los criterios para identificar y evaluar el porcentaje del espacio abarcado por áreas protegidas. Además, contiene información desactualizada de los límites oficiales de dichas áreas, posee discrepancias de información en materia de superficie y de deslindes de las unidades, entre lo establecido en los decretos de creación y su realidad física, que no se corresponde con la información oficial de Bienes Nacionales.

Recomendaciones

Una de las recomendaciones más relevantes dirigida a la subsecretaría del Medio Ambiente es actualizar y fortalecer el Registro Nacional de Áreas Protegidas.

Se sugiere a la Conaf evaluar y priorizar las áreas protegidas que requieren elaborar y actualizar sus planes de gestión. Y a la Subpesca recomienda que establezca mecanismos de financiamiento y/o estrategias que aseguren la gestión efectiva de las áreas marinas.