Contraloría iniciará procedimiento disciplinario contra la SMA por no tramitar 44% de las denuncias ingresadas entre 2016 y 2019

Un alto número de denuncias realizadas desde al menos el año 2013 ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), unidad dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, no fueron respondidas ni atendidas en su oportunidad, como corresponde según la Ley Orgánica de la SMA.

Así lo reveló un informe realizado por la Contraloría General de la República (CGR), en el que se cuestiona el desempeño y eficacia de la institución medioambiental por no realizar las gestiones que ameritaban en su momento, con celeridad.

El estudio elaborado con fecha 8 de mayo y que cuenta con 150 páginas, apunta que las sedes de la Superintendencia en Valparaíso y O’Higgins, cuentan «con un número indeterminado de denuncias ingresadas en los años 2013 al 2016 y que no fueron respondidas ni atendidas en su oportunidad”.

Además, se determinó que 2.508 denuncias, correspondientes al 44,2% de 4.671 ingresadas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2019, no tuvieron asociada alguna de las gestiones que establece la Ley. “No consta que la entidad haya ejecutado alguna actividad de fiscalización ambiental o iniciado un procedimiento sancionatorio, ni tampoco que haya ordenado su archivo por falta de mérito”, precisa el documento.

Procedimiento disciplinario

La CGR, como consecuencia, iniciará un procedimiento disciplinario, para determinar las eventuales responsabilidades administrativas y solicitó realizar un catastro de la totalidad de las denuncias pendientes de atención, incluyendo las que se encuentran en soporte papel en sus oficinas regionales, así como elaborar un plan de acción para su tratamiento, con el correspondiente cronograma para la debida atención de cada denuncia, detallando el titular o la unidad fiscalizable que se trate.

Asimismo, “se evidenció que la SMA no ha establecido o incorporado dentro de sus gestiones internas un procedimiento o instructivo, así como otras medidas de control y gestión que permitan medir, controlar y alertar ante eventuales dilaciones en las etapas de la tramitación de las denuncias recibidas y que son atendidas por cada oficina regional”.

En este sentido, el ente contralor ordenó a la SMA emitir un informe en el que detalle las medidas de gestión para uniformar el control en oficinas regionales en un plazo de 60 días hábiles ,reseñó La Tercera.

Conflictos de interés interno

Por otra parte, la investigación no solo apuntó a la gestión, sino también a eventuales conflictos de interés interno, revelando que un analista de sistemas y líder de Equipo de Desarrollo, identificado como Renzo Stanley Cotrozo, ha participado en la elaboración de requerimientos de personal externo, selección y contratación de servicios para el desarrollo y mantención de sistemas informáticos.

“Entre las empresas que han contratado está Ingeniería Informática ‘Kibernum S.A., la cual prestó servicios entre septiembre de 2017 y enero de 2018. Al mismo tiempo, en su calidad de líder del equipo, le ha correspondido efectuar las validaciones de los productos de Kibernum, S.A. y controlar trabajos de profesionales de dicha empresa, sin que hubiere manifestado a su superior directo la concurrencia de una causal de abstención a este respecto”, detalla.

Otro problema detectado, fueron las sucesivas adquisiciones para el desarrollo y manutención de sus sistemas informáticos, a la misma empresa, fragmentando las respectivas órdenes de compra en cada año calendario por un monto inferior a las 1.000 UTM. La SMA no contaba con la documentación y/o la relación y ubicación de esta, que permitiese acreditar la ejecución de las labores contratadas a la empresa, “tales como desarrollo y mantenciones informáticas, por la suma total de $ 258.347.530”.

Finalmente, el informe contralor concluyó que la información proporcionada “no permite acreditar la efectiva prestación del servicio contratado y pagado por la entidad, ya que las planillas Excel entregadas para acreditar las horas trabajadas por los profesionales informáticos no permiten identificar la fuente -origen- del dato de la marcación horaria y, con ello, verificar la trazabilidad de la misma”.

Según el informe, las contrataciones sin acreditación suman, en 2016, $ 33.404.716. Luego en 2017 subieron a $ 77.533.968. En 2018 llegaron a $ 97.857.865 y durante 2019 bajaron a $ 49.550.981.

Respuesta de la SMA

Por su parte, el superintendente Cristóbal de la Maza reconoció que “por mucho tiempo —y tal como indica el informe— en el periodo 2016-2019 la superintendencia mantuvo tiempos de tramitación de denuncias que van más allá de lo razonable”, alcanzando los 300 días, en promedio.

Agregó que cuando asumió el cargo a fines de 2019 “encontramos múltiples denuncias que se mantenían en formato físico, en oficinas regionales, sin ser tramitadas. Detrás de estas denuncias hay personas y entidades que confiaron en la autoridad y esta no les prestó el servicio como era su deber”.

De la Maza aseguró que es un desafío “fortalecer nuestra institucionalidad”, por lo que implementó acciones para mejorar sus indicadores, como por ejemplo, poner en marcha una clasificación de las denuncias ingresadas para actuar con mayor rapidez cuando los hechos son de mayor gravedad. Aunque admitió que “todas estas acciones son insuficientes para abordar el volumen de denuncias que recibimos. Aquí necesitamos reforzar nuestra superintendencia desde el presupuesto”.

Detalló que contrató a la Universidad de Santiago para digitalizar todos los documentos. Al día de hoy, de las cerca de 16 mil denuncias ingresadas a la SMA, siete mil denuncias siguen en curso y tres mil tienen investigaciones avanzadas, y otras tres mil que no han iniciado su investigación.

“Se entiende el malestar ciudadano, porque este es el tipo de situaciones en toda la administración del Estado y es parte de los síntomas que estamos viviendo que hacen que la ciudadanía finalmente ya no confíe en las instituciones y no denuncie o no solicite ejercer sus derechos a través de la institucionalidad”, sostuvo.