Convencionales presentan iniciativa para eliminar al Tribunal Constitucional en la nueva Carta Magna

Este jueves, un grupo de constituyentes de la comisión de Sistemas de Justicia presentó una iniciativa, para eliminar al Tribunal Constitucional en la nueva Carta Magna.

La propuesta fue firmada por Fernando Atria, Manuela Royo, Christian Viera, Hugo Gutiérrez, Vanessa Hoppe, Mauricio Daza, Jaime Bassa, Aurora Delgado, Damaris Abarca, Daniel Stingo, María José Oyarzún, Amaya Álvez, Giovanna Roa, Constanza Schönhaut, Ignacio Achurra y Beatriz Sánchez.

La convencional Manuela Royo señaló que esta iniciativa busca consolidar el camino histórico de transformación que se está iniciando en el país.

«Hoy día estamos iniciando un camino histórico de transformación profunda de nuestro sistema de justicia y del control de constitucionalidad que existe en nuestro país”, expresó Royo, citada por La Tercera.

“Parte de lo que es la crisis de nuestro sistema de justicia dice relación con los fuertes cuestionamientos al control que ejerce el Tribunal Constitucional. En ese sentido, hoy presentamos una iniciativa que radica el control de inaplicabilidad de una norma por inconstitucionalidad”, añadió la convencional de la Lista Apruebo.

En concreto, la norma busca que las competencias que tiene el TC pasen directamente a la Corte Suprema.

«La Corte Suprema, en sala especialmente constituida y formada por nueve jueces y juezas elegidos por sorteo, podrá declarar, a petición del tribunal que conoce de una gestión judicial, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en el asunto que se sigue ante ese tribunal tenga efectos contrarios a la Constitución», refiere la norma, según consignó 24Horas.

«Las partes intervinientes podrán en cualquier etapa procesal y antes de la dictación de sentencia firme, solicitar al tribunal que se encuentra conociendo de la gestión que plantee la cuestión de inaplicabilidad ante la Corte Suprema. El tribunal examinará si procede y en tal caso presentará dicha cuestión suspendiendo, si el caso lo amerita, el procedimiento en que el precepto legal incide. El rechazo de una solicitud de parte deberá hacerse por resolución fundada», añaden.

El convencional Christian Viera, por su parte, aseveró que esta propuesta «no se trata de la eliminación de la justicia», sino es un «reemplazo y una modificación muy sustantiva».

“Esto obedece a múltiples razones, principalmente el desprestigio de un tribunal que se ha transformado en la práctica en un legislador –la tercera cámara– pero sobre todo para actualizar el tipo de control en términos democráticos”, agregó Viera, citado por La Tercera.

Fernando Atria también manifestó que esta iniciativa es el resultado de una «conversación que se hace cargo de mirar con atención la experiencia que hemos tenido en Chile con el TC».

En este contexto, los convencionales expusieron el desempeño del órgano judicial, en diferentes ámbitos, y que emitieron resoluciones diferentes a las acordadas en el Congreso, lo que consideran «daña profundamente cualquier diseño democrático”, debido a que el Congreso es elegido por el pueblo.

“La sentencia del TC en el caso aborto, producto de una nueva redacción creada por ese tribunal, creó en los hechos una nueva ley, legislando en contrario a lo resuelto por el Congreso, lo cual es gravísimo, pues lo convierte en los hechos en la ya mencionada tercera cámara”, escribieron los delegados, citado por BioBio.

La comisión concordó, además, en que la acción de inaplicabilidad ha sido instrumentalizada con el objeto de retrasar la acción de la justicia.

“Este uso instrumental de la acción de inaplicabilidad llegó a niveles extremos cuando el Tribunal Constitucional comenzó a paralizar causas sobre la responsabilidad penal de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos. En la práctica, de hecho, se ha transformado en un nuevo espacio de litigación, en una nueva ‘instancia», aseveraron.

Los convencionales argumentaron, además, de que el TC está compuesto de “ministros elegidos por sus ideologías y sus compromisos políticos, que no tienen formación de jueces”.

“Proponemos que los jueces de la Corte Suprema no sean elegidos como se designan actualmente, en que básicamente interviene la autoridad política”, dijo, por su parte, el convencional Mauricio Daza.