Vicente Painel Seguel, dirigente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Endógena Mapuche Küme Mongen y de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche (AID), junto a organizaciones vinculadas a comunidades y redes de producción comunitaria, señaló que así como JUNAEB tiene la obligación de comprar a lo menos un 15 % de producción campesina local en todo el país en su programa de alimentación escolar (PAE), los municipios de la Región de la Araucanía y asociaciones municipales tienen un importante fondo para adquirir producción de alimentos agrícolas de pequeños productores, lo que a juicio del dirigente deben operativizarse con urgencia ante la emergencia sanitaria que se vive y ante las enormes necesidades en los sectores rurales.
El fondo indicado es de 10.000 millones de pesos, distribuido en dos etapas, señalándose al respecto en un reciente documento oficial: “Por intermedio del presente documento, el Intendente y el Ejecutivo del Gobierno Regional de la Araucanía, propone a las señoras y señores Consejeros Regionales una transferencia de M$10.000.000 (Diez mil millones de pesos) en dos etapas, la primera por un monto de M$5.100 (cinco mil 100 millones de pesos) distribuida para las 32 comunas de la Región de la Araucanía y Asociaciones de Municipalidades de la Región y una segunda etapa por el complemento, que se distribuirá de acuerdo a como se desarrolle la emergencia sanitaria y de acuerdo a las evaluaciones de esta primera transferencia, la cual se propondrá en un futuro mensaje”.
Esta primera etapa señalada involucra alrededor de 150 millones de pesos para cada uno de los 32 municipios, así como 50 millones de pesos para las Asociaciones Municipales de Costa Araucanía, Nahuelbuta y Malleco Norte, y 150 millones para la Asociación de Municipalidades Cordilleranas de la Araucanía, fondos destinados de forma directa a los municipios para atender la emergencia sanitaria y en particular, en ayuda a los sectores más desprotegidos, incluyendo la necesidad de alimentos e insumos varios de primera necesidad.
El dirigente Painel Seguel, quien también es candidato al consejo de Conadi, señaló sobre estos recursos: “Este fondo está destinado para comprar insumos a los sectores más desprotegidos con un énfasis en los alimentos y con una orientación de que se haga de producción local (…) Por lo cual tocaría ahora por parte de las cooperativas agrícolas, comunidades y asociatividades económicas mapuche y de wenuy (No Mapuche amigables), presionar ante los municipios respectivos para que a lo menos en el ámbito de alimentos, las compras se hagan en el territorio”, procedimiento de emergencia que -añadió- se debe adoptar con transparencia y en cumplimiento con las normas de derechos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT.
La deuda de Juaneb
En esa línea, el equipo de derechos colectivos solicitó públicamente a JUNAEB y en particular a su director, Jaime Tohá Lavanderos, a que ratifique su cometido al no cumplir con la cuota mínima (15%) de adquisiciones de productores campesinos en las 1.517.734 canastas individuales de alimentación que se entregaron en el país en los diferentes establecimientos escolares, recordando la normativa interna de la institución.
“Se establece una cuota mínima de las compras de materias primas o insumos alimenticios necesarios para la elaboración de las raciones, a pequeños productores locales y/o situados en zonas rezagadas del país”, la que a lo menos debe ser el 15 % de las compras totales, en todas las regiones del país este 2020, razón por la cuál se solicitó que en la siguiente reposición del servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE), se considere a lo menos un 50 % en la adquisición de producción de familias campesinas y de comunidades indígenas.
Para el equipo, una medida así posibilitaría que escolares accedan a alimentos más frescos, nutritivos y saludables, en particular, ante las serias críticas sobre la cantidad y calidad de los alimentos entregados en la canasta señalada, lo que además, a juicio de la organización, contribuiría a las economías de numerosas familias necesitadas.
“No sería correcto que un derecho tan básico se convierta en un negocio exclusivo de empresas agro industriales y de empresas concesionarias en la entrega de los alimentos, recordando que existía para este año 2020 un potencial de inversión de: $11.000.000.000 para compras de producción a pequeños campesinos y una cobertura de hasta más de un millón setecientos mil escolares beneficiados”, concluyeron desde el Equipo de Trabajo de Derechos Colectivos.
Por Equipo Comunicaciones Mapuche
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