En Santiago, el 2015 comenzó con malas noticias para quienes nos transportamos en el sistema público, pues a partir del 1 de enero la tarifa de las micros y el metro subió 20 pesos en el pasaje normal y 10 pesos en la tarifa estudiante. A razón de estas alzas, la ciudadanía no ha tenido otra opción más que acatar las medidas que no tienen mayor explicación.
A partir de esta alza, que entonces los expertos atribuyeron a alzas en índices como los precios del petróleo, dólar e IPC, es que un ciudadano de profesión abogado, identificado como Cristián Norambuena interpuso un recurso de protección contra el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con el objetivo de dejar sin efecto las alzas del transporte público. El recurso fue declarado admisible el 6 de enero, según consignó el matutino la Tercera.
El abogado detalló en el recurso que “desde el anuncio del alza del pasaje del transporte público mis derechos se han visto gravemente perturbados, porque en una economía en vías de desarrollo, como la de nuestro país, las personas de menores ingresos, entre las que me encuentro (…), necesitamos obligatoriamente utilizar el sistema público de transporte para movilizarnos y así poder desarrollar nuestras actividades”. Además señaló que las alzas son «arbitrarias, pues no tiene justificación lógica, no responde a principios dictados por la razón, es producto de un mero capricho, pues el transporte capitalino de un tiempo a esta parte deja mucho que desear por su estándar de calidad de servicio. Esto, aparejado a la constante baja del diesel, hace injustificada tal medida por parte del Ministerio”.
La Corte de Apelaciones de Santiago solicitó al gobierno la emisión de un informe que detalle los argumentos que justificaron la aplicación de las alzas. En tanto la audiencia que revisará este recurso quedó fijada para mañana martes.
Cabe señalar que el abogado Norambuena presentó en agosto del año pasado, un recurso en contra de la controversial medida de Metro que pretendía prohibir a los usuarios viajar con bultos grandes. Tras ese recurso, la medida no pudo ser aplicada por la empresa.
Como hemos comunicado en otras oportunidades, las autoridades -que difícilmente usan el transporte público- deberían establecer congelamientos a las tarifas, sobretodo si se considera la calidad del servicio -que a pesar de todas las inyecciones destinadas a su mejoramiento- sigue siendo deficiente y transporta a los ciudadanos como ganado. Ante estas situaciones que no hacen más que generar descontento e incomprensión por parte de las personas con menos recursos -pues el ítem de movilización significa importantes porciones de sus presupuestos- debemos reaccionar y estar atentos a iniciativas como la de Cristián Norambuena. Pues cabe preguntarnos ¿Qué pasaría si nos organizáramos en contra de estas alzas injustificadas que solo afectan a la población trabajadora y con menos recursos?
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