La Corte de Apelaciones de Santiago fijó en 130 millones de pesos el monto de la indemnización que el fisco deberá pagar, por concepto de daño moral, a una mujer que estando embarazada, fue detenida el 7 de septiembre de 1983, por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), quienes además la torturaron y la abusaron sexualmente.
La víctima además dio a luz a su hijo mientras permanecía recluida. Por ello, en fallo unánime (causa rol 15.069-2022), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Tomás Gray, la ministra Lidia Poza y el abogado (i) Jorge Benítez– confirmó la sentencia de primer grado que aumenta el monto indemnizatorio «a una cifra más condigna (que corresponde a otra o se deriva de ella) al sufrimiento provocado por el actuar ilegal de los agentes del Estado».
Para el tribunal, «las circunstancias de haber sido golpeada, amenazada y además, abusada sexualmente durante su encierro, más el hecho de haber dado a luz a su hijo en condiciones deplorables, producto de lo cual el niño tuvo sufrimiento fetal, conlleva a determinar que la regulación del monto del daño moral experimentado por este sea más condigno con dichas circunstancias, razón por lo que esta Corte considera que debe regularse en una suma superior a la fijada en la sentencia recurrida».
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