Corte de Santiago pide analizar investigación por trato preferente a Luksic con carácter «urgente»

La Corte de Apelaciones de Santiago solicitó la entrega del sumario administrativo que indagó al ex jefe de gabinete de la titular del Ministerio de Minería, Aurora Williams, por extender un documento que favorecía la postura del Grupo Luksic en tribunales argentinos, a raíz de un litigio con la empresa Glencore por el botadero Cerro Amarillo de Minera Los Pelambres.

En agosto, Glencore presentó un reclamo de ilegalidad en el tribunal de alzada capitalino, objetando una decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) que parcialmente rechazó un amparo entablado por la misma firma buscando obtener copia del expediente en cuestión, pero sin omitir los correos electrónicos que se tuvieron a la vista para sancionar a la mano derecha de Williams y otros documentos calificados como «sensibles» para las relaciones entre Chile y Argentina.

Tras leer los descargos de las partes – el Consejo, Glencore y el Ministerio de Minería, como tercero interesado – la Octava Sala de la Corte, conformada por los ministros Carlos Gajardo Galdames, Adelita Ravanales Arriagada y Juan Poblete Méndez, decidió pedir a la reclamada, como medida para mejor resolver, el envío de la investigación «con los resguardos del caso», para leer cada una de las páginas de ella antes de pronunciarse sobre el fondo.

El CPLT, instado a responder de forma «urgente», contestó a través de su abogado Rodrigo Reyes Barrientos que «este Consejo, una vez revisado el expediente sumarial, procedió a devolverlo al Ministerio de Minería», adjuntando copia de un oficio de fecha 11 de agosto que confirmó sus dichos.

EX GERENTE DE LUKSIC DECLARA EN ARGENTINA

El gigante suizo de materias primas Glencore demandó a Antofagasta Minerals (AMSA) de los Luksic en Argentina por supuestos delitos de invasión de propiedad y contaminación, ya que el basurero que recibe los desechos de Pelambres en la Región de Coquimbo – enormes neumáticos y rocas – traspasó la frontera chilena hacia la provincia extranjera de San Juan, en suelo privado, generando un conflicto no solo ambiental sino diplomático.

El mismo día en que Andrónico Luksic declaró en el juicio oral por «injurias» que abrió contra el desaforado parlamentario Gaspar Rivas, ocasión en la que el empresario recibió un piedrazo de manifestantes cuando salía de la audiencia, un ex gerente de AMSA en calidad de imputado, Robert Andrew Mayne Nicholls, pasó por el Tribunal Federal de San Juan a dejar un escrito en el que negó responsabilidades de la minera en el escándalo del vertedero Cerro Amarillo.

Según Diario La Provincia, Mayne Nicholls declaró en una radio trasandina que «hubo errores en límites y eso generó problemas».

Cabe señalar que la pena para el delito de contaminación en el código argentino alcanza los diez años de prisión.

Como publicó El Ciudadano en un reportaje titulado «Ministra Williams bajo sospecha: Los efectos del ‘Botaderogate’«, la intriga se remonta a 1985, cuando la Dirección Nacional de Fronteras y Límites (Difrol) autorizó la carta oficial con un primer trazado limítrofe en el sector donde hoy está Pelambres. Más tarde, en 1990, la Comisión Argentina de Límites envió a Difrol reproducciones de un trazado distinto al definido por Chile.

En 1994 se constituyó una Comisión Mixta de ambas naciones que tomó nota de cursos de agua mal dibujados en la zona. Las partes acordaron modificar el trazado. Argentina lo hizo de inmediato pero Chile esperó 14 años. En 2003, Sernageomin aprobó sin reparos el botadero de Pelambres, teniendo a la vista un mapa del Instituto Geográfico Militar que lo consideraba dentro de territorio chileno. Esto sólo fue posible porque Difrol tardó en registrar formalmente en el IGM los mapas con el trazado correcto, lo que hizo en 2008.

La ministra de Relaciones Exteriores que tenía facultades para informar sobre los mapas a tiempo era Soledad Alvear, quien ahora trabaja como abogada externa para la minera de Luksic, y que – según declaró su colega Andrés Jana en el sumario contra el jefe de gabinete de Williams que ahora pidió la Corte – se coordinó con la ministra del Partido Radical para efectuar una reunión con AMSA que pasó por encima del la Ley del Lobby.

LA GÉNESIS Y EL CORREO DE WILLIAMS

En esta reunión, explicó Jana, “se encontraban presentes la Sra. Ministra de Minería, el Sr. Subsecretario de Minería, el Director de SERNAGEOMIN (Rodrigo Álvarez, quien recientemente dejó el cargo), el Jefe de Gabinete de la Sra. Ministra de Minería (Adolfo Galindo), funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, ambos de apellido Pozo, y funcionarios del Ministerio del Interior de apellidos Candia y el segundo cuyo nombre en este momento no recuerdo”.

El abogado relató que ese 24 de marzo de 2o15, el subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, realizó una presentación en Power Point para exponer los resultados de una toma de muestras de agua de dos lagunas argentinas cercanas al botadero, efectuada en una visita del 30 de enero por el Grupo de Trabajo Binacional Temporal (GTBT) creado para propiciar una solución entre Glencore y AMSA al amparo del Tratado Minero Chileno-Argentino.

De acuerdo a esta versión, allí se discutieron dos cosas: la posibilidad de que la empresa pidiera los resultados del monitoreo, que por lo expresado por Moreno había descartado la presencia de drenaje ácido desde la escombrera, y en segundo lugar, la necesidad de contar con una comunicación del Ministerio que confirmara que Pelambres “había actuado en la construcción y operación del botadero Cerro Amarillo con los debidos permisos otorgados por las autoridades chilenas y que, por lo tanto, su conducta siempre había sido de buena fe”.

Este fue el inicio del problema que suscitado en Minería y por el cual – según reveló en forma exclusiva El Ciudadano a mediados de julio – Williams instó al ahora ex subsecretario Moreno a enviar el informe que descartaba una contaminación de Luksic a autoridades argentinas, sobrepasando sus atribuciones.

“Ignacio M., se envió el resultado de laboratorio de las aguas que se iban a examinar al Subse Argentino, Gobernador de San Juan e Intendente de la IV????? El viernes debió haber ingresado la solicitud de estos resultados vía transparencia. Felipe Curia: puedes ver si ingresó esta solicitud???”’, escribió la ministra desde su cuenta [email protected].

En el sumario, la responsabilidad por estas gestiones solo llegó hasta Adolfo Galindo, jefe de gabinete de Williams. También se supo que el examen del agua que descartaba contaminación no lo había hecho Sernageomin, sino la empresa privada SGS, contratada por Luksic, pese a que en el Power Point – mostrado en la reunión supuestamente coordinada por Alvear y Williams – aparecía como propio del servicio.