La Corte Suprema acogió un recurso de apelación interpuesto por agrupaciones defensoras de la vida (Movimiento Socioambiental Valle del Huasco y Coordinadora por la vida del Valle del Huasco), una vez que fue rechazado otro recurso de protección interpuesto en la Corte de Apelaciones de Copiapó, en contra de los sondajes mineros realizados por la empresa Nueva Unión en dicho sector de la Región de Atacama.
En un comunicado, desde las organizaciones explicaron que ahora «será el máximo tribunal del país quien tomará conocimiento de las denuncias de la comunidad, respecto de la ilegalidad de los sondajes tanto de Maitencillo, sector de Freirina, como de todos lo que la empresa ha realizado a lo largo de la provincia y el Valle del Huasco sin someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental».
En esa línea, denuncian que ya se han realizado al menos 193 sondajes, «todos en lugares frágiles en donde también ya se han denunciado daños y contaminaciones, sobre todo afectación a aguas y crianceros». Además, recordaron que a la empresa Nueva Unión ya le han caído varias infracciones por fraccionar su proyecto y eludir la legislación ambiental del país.
Las comunidades esperan ahora que en esta instancia sí se haga justicia, «y todas las acusaciones sean confirmadas, y que se tomen todas las medidas para restablecer los derechos constitucionales vulnerados: derecho a la vida, a vivir en un medio ambiente libre y sano de contaminación, a realizar actividades productivas y a la igualdad ante la ley, en específico para las comunidades diaguitas y su derecho a la consulta indígena».
Cabe destacar -como las comunidades ya lo expusieron en un comunicado público anterior- que a pesar de que la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó el recurso de protección, ésta decidió mantener la orden de no innovar, o sea, la paralización de los sondajes en toda la cuenca del Río Huasco hasta “una vez ejecutoriado el fallo”, es decir, hasta que haya terminado todo el proceso judicial en la Corte Suprema.
Para la comunidad, dicha decisión da cuenta de lo frágil y delicado del tema en cuestión, que es lo que han defendido desde un principio: «Por algo la Corte de Apelaciones de Copiapó no quiso arriesgarse a levantar esta medida cautelar sin previa opinión de la Corte Suprema, entendemos que es porque las consecuencias medioambientales podrían ser graves e irreparables como lo hemos denunciando».
«Este proyecto no tiene ni tendrá licencia social, no queremos más megaminería devastadora en nuestro territorio, exigimos el derecho a desarrollarnos cómo queremos, un desarrollo que permita la vida de la tierra y de nuestras próximas generaciones», concluyeron las organizaciones.
La causa tiene el rol 36413-2019, por medio del que se la puede encontrar en el sistema judicial para más información.
Fuentes:
Movimiento Socioambiental Valle del Huasco
Coordinadora por la Vida del Valle del Huasco
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