Sin turismo y con la paralización casi total de sus actividades, Rapa Nui vive una compleja situación a raíz de la pandemia. Hasta el próximo 31 de mayo regirá en la isla un sistema de “cuarentena voluntaria”, cuyos detalles fueron dados a conocer por su alcalde Pedro Edmunds a la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado.
Pese a que la variable epidemiológica ha sido contenida, la autoridad dio cuenta de los riesgos de un eventual brote si no se toman las medidas necesarias, junto con describir el duro escenario económico que enfrenta la isla.
Una de las principales inquietudes es la mantención de la aduana sanitaria instalada en el aeropuerto de Pudahuel y que provocó cruces con el Minsal por la autorización de los test PCR. Edmunds señaló que en esa instancia 16 personas dieron positivo por coronavirus y que esperan que unas 60 personas vuelvan a la isla.
Además precisó que dentro de la población habitante, 770 personas son adultos mayores y que el sistema hospitalario en la isla sólo cuenta con 16 camas UCI y 3 respiradores, por lo que un brote del virus podría generar consecuencias graves.
En el aspecto económico, el edil expresó que “tuvimos que re-adecuarnos a la realidad de hoy y juntar un pozo de alrededor de 600 millones. Tenemos recursos propios para mayo, junio y mediados de julio, pero más allá no tenemos para sustentar la situación”.
La autoridad de la isla agrega que el escenario en las empresas “es más compleja aún”, pues la mayoría es mipyme y no puede acceder a aportes bancarios ni al FOGAPE, dado el régimen especial que tiene Rapa Nui.
En esa línea, el senador por la región de Valparaíso, Francisco Chahuán, pidió oficiar a los ministerios de Hacienda, Interior, Economía y Segpres “respecto de la necesidad de incorporar la condición excepcional que tiene este territorio”.
Asimismo, la senadora Isabel Allende, que también representa a la región, señaló que la medida de aduana sanitaria para la isla debe “mantenerse por al menos un año” pensando en un “retorno seguro” del turismo, por lo que pidió oficiar al Minsal para que lo respalde.
La parlamentaria agregó que “tenemos que además decirle al Subdere que los alcaldes de muchos municipios han tenido que desviar recursos sociales para dar canastas de alimentos, porque las medidas que aplica el Gobierno se tardan”.
Por su parte, la senadora Luz Ebensperger pidió citar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional para dar cuenta del escenario en las demás zonas extremas y las medidas que se tienen contempladas. Su par Carlos Bianchi respaldó la idea y manifestó que “la Subdere dispone de recursos necesarios para colaborar”.
Respecto del abastecimiento en la zona, el alcalde Edmunds señaló que la isla financia un vuelo Chárter a la semana, que tiene un costo de alrededor de 65 millones, por lo que “requiere colaboración” para mantener el puente aéreo y acusó un “ambiente hostil de algunas entidades estatales”.
Fuente: Senado
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