Un grupo de partidos de Oposición -Progresista, Comunista, Humanista, Federación Regionalista Verde Social, Igualdad e Izquierda Libertaria- presentó este martes una serie de medidas al Gobierno para enfrentar “la mayor crisis sanitaria, económica y social que conozca nuestra democracia”, en un petitorio que incluye trece puntos.
En el documento, las fuerzas opositoras hacen un llamado al Ejecutivo “a plantear una propuesta en común por la vida y dignidad en tiempos de crisis”, y según recalcó el presidente del PRO, Camilo Lagos, “con un sentido de pervivencia y humanidad”.
«Sebastián Piñera enfrenta esta crisis con lógicas mercantiles, ideologizadas y cortoplacistas que caracterizan su pensamiento derechista y empresarial”, dijo el economista, agregando que “cuando, en el mundo, la gran mayoría de gobiernos -incluso de centro derecha- ponen al Estado en rol central para cuidar a la ciudadanía y a la economía en la crisis, este gobierno insiste en cuidar el bolsillo de los grandes empresarios y dejar a su suerte, a las grandes mayorías de trabajadores y Pymes».
Entre las iniciativas propuestas por la coalición de partidos opositores- quienes representan la segunda mayoría de parlamentarios- destaca la implementación de un plan nacional de reforma al sistema de salud chileno, con medidas inmediatas como aumento de presupuesto y control estatal de todo el sistema de salud privado. Ello, “mientras dure la pandemia, con el objetivo de garantizar la democratización de la atención médica, sin tener que traspasar recursos públicos para el lucro de las empresas privadas de salud”.
Como segundo punto, los partidos opositores instan a la creación de una facultad nacional de especialidades médicas que promueva la formación de los especialistas “que se requiere con urgencia en el país”.
Asimismo, apuntan a la creación de un nuevo sistema nacional de organización frente a catástrofes sanitarias, conformado por académicos, instituciones especializadas y organizaciones sociales; y al fin las AFP, incluyendo el retorno de sus fondos en inversión extranjera para que se inviertan en el país.
También aluden a la creación de un fondo “para la Nacionalización de todas las empresas estratégicas que entren en crisis, para que los servicios básicos de la vida de los chilenos y chilenas no queden expuestos nuevamente a la especulación de la bolsa y a que sean negocio de empresas multinacionales, sino que sean una garantía de vida y tranquilidad de nuestro pueblo”.
En la misma línea, los firmantes instan a la entrega de una renta pandémica asegurada de parte del Estado equivalente al sueldo mínimo para “garantizar que ningún trabajador ni su familia quede expuesto a caer bajo la línea de la pobreza por la pandemia y cuarentena”, incluyendo a las mujeres “que trabajan no remuneradamente en sus hogares, realizando las labores domésticas, de cuidado y reproductivas”.
Además, el petitorio propone que se decrete “un impuesto a los súper ricos y grandes fortunas de los multimillonarios de Chile, para generar recursos fiscales que permitan garantizar la renta pandémica asegurada a las familias trabajadoras chilenas”; y la implementación de un Plan de alimentación nacional, “creando una estructura nacional de distribución de alimentos sin ganancia por parte de intermediarios, en los sectores más empobrecidos del país”.
Otra de las medidas incluidas en el documento es la congelación del pago de servicios básicos por tres meses; garantizar el acceso de toda la población a mascarillas; decretar ilegal aquellos actos de los bancos cuando cobren intereses por deudas no pagas durante el tiempo que dure la pandemia; y poner urgencia a la ley de rentas regionales-territoriales que permita a municipios y gobiernos regionales, consolidar un rol activo “para salir de esta crisis, fortaleciendo la salud primaria, las cadenas alimentarias locales, la defensa del pequeño comercio, pymes y economía familiar rural”.
Por último, los partidos opositores instaron a que, durante el aislamiento y la cuarentena, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género incremente las medidas para asegurar el apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar y el acceso a casas de acogida, debido al aumento en las denuncias por violencia intrafamiliar durante el periodo de confinamiento.
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