Por Juan Contreras Jara – Resumen.cl / Este semana (lunes) y de manera indefinida, nueve presos políticos mapuche retomaron procesos de huelga de hambre indefinida en la Región de La Araucanía. En Temuco, fue el Machi Celestino Córdova quien tomó la extrema medida, mientras que en Angol, fueron ocho las personas que iniciaron la huelga, exigiendo a Gendarmería que se respete lo contenido en el convenio 169 de la OIT en cuanto al encarcelamiento y los derechos de las comunidades indígenas.
A través de la huelga de hambre, el grupo de presos políticos mapuche denuncia el paupérrimo estado sanitario de las cárceles en las que están recluidos. Por ejemplo, los presos de Angol en la provincia de Malleco, denunciaron que no cuentan con medidas básicas de higiene al interior del penal y que además, se les suspendieron las visitas, lo que complica el ingreso de alimentos y artículos de aseo.
La medida de presión exige también en su petitorio, el cambio de medida cautelar de todos los presos políticos mapuche y además, de los y las presas políticas que ha dejado el proceso de revuelta social, desde octubre del 2019 a la fecha.
Recordemos que en marzo de este año, Celestino Córdova pospuso la cuarta huelga de hambre liquida que había iniciado el 27 de febrero y que extendió por más de 20 días. En aquel momento, el petitorio del Machi seguía demandando al Estado por el cumplimiento de los artículos 9 y 10 del convenio 169 de la OIT, que tienen relación con las sanciones penales previstas en la legislación general y como estas deben considerar aspectos culturales, económicos y sociales de los o las integrantes de pueblos originarios, en este caso el mapuche.
Considerando la emergencia sanitaria presente en Chile, los puntos del petitorio de Celestino Córdova han variado. Cristina Romo, vocera del Machi, comentó que se exige el cambio de cumplimiento de condena, para que pueda cumplirla en su comunidad, junto a su Rewe.
A ello se agrega un segundo punto que apunta al cambio de cumplimiento de condena para todos los PPM, para que las cumplan en sus Lof junto a sus familias. Y por último, “que los presos políticos mapuche y de la revuelta, puedan cambiar sus medidas cautelares por arresto domiciliario”.
Consultada por la salud del Machi Celestino Córdova, la vocera recordó que “él lleva varias huelgas de hambre en el cuerpo. Esta es la quinta a su haber y el cuerpo se resiente, sobretodo al llevar a cabo una huelga tan larga como lo fue la que inició por la salida al Rewe. Esta situación obviamente caló fondo en su cuerpo y salud. Hay algunos órganos que no funcionan bien y tienen secuelas, por ejemplo el hígado, los riñones, su sistema digestivo, etc”.
Desde las redes de apoyo a Celestino Córdova, hicieron hincapié en que cualquier complicación o resultado fatal de esta nueva huelga de hambre, será única y exclusiva responsabilidad del Estado chileno. Además, denunciaron que desde el gobierno no han sido capaces de aplicar el convenio 169 de la OIT como corresponde, pese a que lo vienen pidiendo desde 2013, cuando Córdova fue condenado.
«Hemos hecho propuestas concretas, entregadas a todos los organismos habidos y por haber: al Juzgado, a diputados, Gendarmería, etc. Ellos no pueden decir que hemos intentado, por todos los medios posibles, poder resolver este tema», señaló la vocera del Machi.
Por su parte, Rodrigo Curipán, vocero de los PPM de la cárcel de Angol, señaló a Resumen que existe mucho malestar y presión psicológica pues «no los hemos podido ver, la última vez que los vimos fue hace tres semanas, porque Gendarmería canceló las visitas -según ellos- como método preventivo. Están desconectados, Gendarmería no les entrega mayor información y existe mucha preocupación desde sus familias y comunidades porque no sabemos nada».
Los presos mapuche recluidos en la cárcel angolina son Sergio Levinao, Juan Calbucoi, Víctor Llanquileo, Juan Queipul, Senecio Huenchullán, Freddy Marileo, Danilo Nahuelpi y Reinaldo Penchulef. Todos ellos denuncian que al interior de la cárcel no se han tomado las medidas para evitar los contagios: «Lo que se hace en definitiva solo es restringir las visitas de los familiares. Ningún gendarme ocupa mascarilla dentro de la cárcel, tampoco han aislado a los presos políticos», afirmaron.
La situación es muy compleja al interior de los recintos penitenciarios. En el contexto de la huelga de hambre, los presos políticos mapuche recluidos en la cárcel de Lebu, Región del Bío Bío, denunciaron que un grupo de Gendarmes que trabajan en el penal fueron destinados a prestar apoyo a la cárcel de Puente Alto, uno de los principales focos de infección de Covid-19 en el país, los cuales retornarían después a sus funciones en Lebu.
Por ello, los ocho comuneros de la cárcel de Angol en huelga de hambre, le exigen a Gendarmería que respete lo contenido en el Convenio 169, el cual -expresan- es cotidianamente vulnerado en el centro penitenciario. Según Curipán, «no les permiten hacer sus ceremonias, no les permiten el ingreso de una Machi para que haga un trabajo médico como corresponde. Difícilmente se va a poder contener la situación desde el punto de vista sanitario».
Desde iniciada la huelga el lunes recién pasado, las redes de apoyo de los PPM no han sabido nada de los ocho comuneros. «Esperamos que la próxima semana nos permitan ingresar a verlos, para constatar su estado de salud, pero Gendarmería nos tira encima en todo momento su medida sanitaria. Nosotros también vamos a tomar los resguardos para no contagiarlos, pero nos urge saber sobre su estado de salud. Hasta el momento ninguno de ellos ha presentado síntomas de Covid-19, pero el riesgo de contagio en la cárcel es muy alto», agregó Curipán.
La principal demanda de los presos políticos de Angol, independiente del contexto sanitario actual, es poder realizar sus ceremonias espirituales como se los asegura el derecho internacional, mediante el artículo 10 del convenio 169 de la OIT. Hace ya tres años que los comuneros presos en la cárcel angolina han tenido que lidiar con la negativa de Gendarmería, la que se ha manifestado de forma violenta en contra de los presos y sus familias.
Por ejemplo, en octubre de 2018 las comunidades Mapuche de la provincia de Malleco se trasladaron hasta el centro penitenciario de Angol para realizar un masivo Llellipun (ceremonia Mapuche), pero fueron brutalmente reprimidos tanto dentro como fuera de dicha cárcel, pese a que contaban con autorización con dos meses de anticipación.
«Este gobierno de Derecha comenzó a ejercer una política represiva en contra de los presos políticos, es decir, no garantizar que pudieran realizar sus ceremonias espirituales y culturales. Es prácticamente imposible hoy día realizar cualquier actividad cultural, es más, el acceso a la salud desde la perspectiva Mapuche ha sido periódicamente negada por Gendarmería, por orden del gobierno central», concluyó Curipán.
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