La Fiscalía Local de Coyhaique solicitó una audiencia para comunicar su decisión de no continuar adelante con la investigación penal que seguía en contra del sargento Miguel Riveros Maldonado, ex integrante de las Fuerzas Especiales de Carabineros de Aysén, por supuestos daños y manejo en estado de ebriedad.
La causa partió a raíz de antecedentes que la misma institución aportó y que ahora se caen a pedazos en virtud de distintos vicios.
Fuentes policiales compartieron con El Ciudadano el comentario que ronda en los pasillos de la Prefectura Aysén: que el objetivo de la indagatoria contra el sargento Riveros no fue otro que hostigar al uniformado para acallar las denuncias que realizó por eventuales irregularidades que involucrarían a oficiales de la región.
La historia fue conocida por el general director Bruno Villalobos el año pasado. Aunque la máxima cabeza escuchó, la conversación que tuvo con el principal denunciante no se tradujo en cambios importantes, salvo el traslado de algunos funcionarios a otras latitudes del país.
Pero la olla está lejos de enfriarse. El próximo viernes 1 de abril, el fiscal José Morris dará a conocer su posición de no perseverar en el caso contra Riveros, fraguado una noche de invierno de 2015 en el sur austral.
«CUMPLIDA SU ORDEN, MI TENIENTE»
Así le dijeron por teléfono al oficial Nicolás Calderón el día en que otro sargento, José Martínez, fue notificado en plena vía pública de su baja de las filas de la institución por no estar de acuerdo con la manera de investigar de Carabineros en el caso del cobarde disparo que hirió en un ojo al pescador aisenino Teófilo Haro.
En dicha investigación, trataban de culpar a un suboficial y no al comandante Victor Follert, de cuya arma salió el balín que sirvió para reprimir brutalmente la protesta del movimiento “Aysén, tu problema es mi problema” en 2012.
El sargento Miguel Riveros protestó por la forma en que estaban expulsando “fuera de toda dignidad” a Martínez y llegó a tribunales cuando éste presentó una demanda laboral, diciendo que no le parecía el actuar del teniente Calderón, que había mandado a hacer ese anormal trámite.
En ese tiempo, Riveros denunciaba la falsificación de tablas de servicios de las FFEE, indicando como responsable a Calderón. Se abrió una causa en la Fiscalía Militar. El “protegido” Calderón, como suelen llamarle en Aysén, reaccionó. Ordenó que Riveros tuviera que hacer un punto fijo al exterior del cuartel, toda la noche, sin derecho a baño, pese a los comas diabéticos que sufría.
Se dispuso el traslado de Riveros a la CENCO. Allí, un oficial cercano a Calderón, el comandante Juan Urrejola Ortiz, lo sorprendió sin su gorra y le aplicó un día de arresto. Riveros, obviamente, se defendió, diciendo que era más importante inyectarse insulina y por eso no andaba preocupado de la distintiva prenda.
Destinado nuevamente a otro lugar, aterrizó en la Primera Comisaría de Coyhaique. Se presentó ante el mayor César Tapia Torres mostrando los certificados médicos de su doctora, señalando la imposibilidad de realizar servicios operativos y que sólo debía estar a cargo de asuntos administrativos. Pero el coronel Sergio Alarcón Torreblanca, entonces prefecto de Aysén, estuvo a favor de mantenerlo en la calle.
Una noche, estando de servicio en el hospital, Riveros perdió la consciencia. Habría quedado postrado para siempre de no ser porque un civil dio cuenta de la situación.
«SI NOS EQUIVOCAMOS, ES CULPA DEL FISCAL»
Los problemas que el sargento Miguel Riveros tenía con buena parte de la oficialidad de Carabineros de Aysén llegaron a un punto complejo cuando el 27 de junio de 2015, de madrugada, su esposa se percató de la ausencia del vehículo familiar en el estacionamiento de su casa. Nervioso, Riveros inyectó insulina en sus venas.
Una vez puesta la denuncia por el extravío, se escuchó por radio el hallazgo de una camioneta que había colisionado en el sector del Gimnasio Regional de Coyhaique. Al tratarse del vehículo desaparecido, Riveros fue en su búsqueda. Llegó al sitio del suceso y notó que allí se encontraban dos oficiales: la capitán Soledad Escobar, actual jefa de la sección local de inteligencia (Dipolcar), y su marido, el mayor Hans Picon, jefe de la unidad contable.
Considerando el posible conflicto de intereses que pudiera derivarse de la función que ambos desempeñan, la pareja deja espacio para comentarios de toda índole en la Prefectura.
Así las cosas, la capitán Escobar tomó su teléfono y recibió una comunicación del teniente Diego Maturana, quien le informaba la ubicación de un taxista que había observado el choque de la camioneta.
En base a este antecedente, la triada de oficiales llegó mágicamente a la conclusión de que el conductor no era otro que el mismo Riveros, por lo que a la mañana siguiente, se le detuvo, por conducir en estado de ebriedad y provocar daños con el vehículo.
Sin embargo, con el paso del tiempo, nada empezó a calzar. En un reconocimiento fotográfico, el supuesto testigo no fue capaz de señalar a Riveros. Más aun: dentro de un proceso “secreto” que Carabineros instruyó a fin de investigar si hubo errores en el procedimiento del auto, el fiscal José Morris declaró que nunca ordenó la detención del sargento Riveros, como le hicieron creer a éste.
El caso podría llegar a su fin esta semana y con efectos incómodos para los verdaderos involucrados, señaló una fuente policial, ya que el Ministerio Público notó que algo raro había.
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