La tarde de este martes, Sebastián Piñera cumplió la amenaza que anticipaba desde que el proyecto fue sometido a discusión en la Cámara de Diputados e ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) que tiene por objetivo frenar el proyecto para un tercer retiro de fondos previsionales.
Desde La Moneda acusan al proyecto, presentado por la oposición, de «atentar contra la calidad de vida de los chilenos», que verían mermadas sus pensiones futuras.
Luego de que el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, confirmara que Piñera había recurrido al TC, se convocó a través de las redes sociales a un cacerolazo masivo contra la maniobra para invalidar el proyecto de tercer retiro del diez por ciento de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que busca proporcionar apoyo económico a las familias chilenas, y en particular a los sectores de menos ingresos, en el contexto de crisis económica y emergencia sanitaria generado por la pandemia de Covid-19.
De este modo, vecinos de varias comunas de Santiago, Viña del Mar y Valparaíso respaldaron el cacerolazo a partir de las 20:30 horas, y pese al toque de queda que rige en el país debido a la pandemia también se produjeron cortes de rutas y la instalación de barricadas para protestar contra la nueva maniobra del gobierno.
Gobierno no ha protegido al pueblo
Esta mañana, los presidentes de RD, PR, CS, PL, Unir, FC, Comunes, PS, DC, PPD, y el PRO publicaron una carta en respuesta a la decisión de Piñera de recurrir al TC, en la que instan al Ejecutivo a estudiar otras ayudas sociales, así como tener “empatía” considerando que un tercer retiro aporta a que las familias tengan ”algo de la tranquilidad”.
“Creemos que el Gobierno se ha negado a conducir una política que dé cobertura y considere los montos necesarios para que las familias puedan tomar las medidas de aislamiento que se requieren para disminuir la propagación de la pandemia. Así lo han vivido millones de chilenos y chilenas de clase media golpeados en su situación económica que han postulado a beneficios estatales una y otra vez, pero que siguen viéndose marginados”, señalaron en la declaración,
“En esta crisis, creemos que nunca es tarde para enmendar el rumbo e invitamos al gobierno a liderar soluciones como una Renta Básica de Emergencia, de carácter universal y que sea suficiente para que los millones de chilenos y chilenas que hoy deben estar obligatoriamente en cuarentena no caigan por debajo de la línea de la pobreza”, subrayaron.
Plantearon que el rol del Estado debe replantearse, «pasando de la visión subsidiaria hacia una visión anti neoliberal, solidaria y de carácter universal que de garantías económicas para el cuidado de las familias y que reconozca la dignidad de todas las personas que componen nuestra ciudadanía”.
“Si bien como hemos dicho es una mala política pública, los retiros de fondos de pensiones son la única forma que la ciudadanía encuentra para garantizar su subsistencia mínima en este periodo, teniendo nuevamente que ser los trabajadores y trabajadoras los que pagan los costos de la crisis. Rechazamos categóricamente que el Gobierno haya acudido, sin un mínimo de empatía y sensibilidad, al Tribunal Constitucional, obstruyendo la posibilidad de que las familias puedan retirar el 10% de sus propios ahorros y tener algo de la tranquilidad que no han tenido con las políticas de gobierno”, concluyeron en el escrito.
Crece clamor por acusación constitucional
La indignación de la ciudadanía se hizo evidente en redes sociales, en donde cientos de usuarios expresaron que cuando el presidente de la república da la espalda al pueblo de forma tan autoritaria y abusiva, en medio de una grave crisis económica, social y sanitaria, con el fin de proteger los intereses de las grandes empresas, corresponde emprender una acusación constitucional.
Oposición se prepara
Ante el clamor popular y la incapacidad del Gobierno de responder a las necesidades de las familias chilenas, sectores de oposición llamaron a analizar una eventual acusación constitucional contra Piñera.
Varios parlamentarios y algunos dirigentes de izquierda anunciaron hoy que comenzarán a buscar apoyo y firmas para impulsar esta iniciativa.
Incluso, en el Congreso los diputados Diego Ibáñez (CS), Tomás Hirsch (Ind), Claudia Mix (Comunes), Gabriel Silber (DC), Maite Orsini (RD), Leonardo Soto (PS) y Karol Cariola (PC) sostuvieron una reunión para analizar la acusación.
“El anuncio de llevar al TC el tercer retiro grafica de cuerpo y alma lo miserable que puede llegar a ser Sebastián Piñera, quien prefiere resguardar los intereses de los poderosos, por sobre la vida de los chilenos y chilenas”, indicó la diputada Claudia Mix
En esta línea, aseguró que “estoy dispuesta a apoyar una acusación constitucional porque siento que es una responsabilidad ética con Chile. Es la manera democrática de terminar con tanta indolencia y abuso con el país por parte del Presidente”.
“Espero que toda la oposición se articule y demos una señal de unidad cuando a diario mueren nuestros compatriotas. Piñera es un peligro para Chile”, sentenció la parlamentaria.
Para el diputado Leonardo Soto (PS), existen fundamentos jurídicos y fundamentos constitucionales.» El primer deber, el más sagrado de un gobernante es proteger a las familias en estados de catástrofe como el que viven hoy los chilenos».
“Hoy día millones de hogares han sido abandonados a su propia suerte y cuando pueden recurrir a sus propios ahorros previsionales, recurre al Tribunal Constitucional”, subrayó.
Por su parte, la diputada Karol Cariola (PC) destacó que es necesario que el «presidente Sebastián Piñera entienda que no puede seguir tomando decisiones en contra del pueblo de Chile sin tener consecuencias».
Para este viernes quedó agendada la primera reunión de este grupo, donde conversará con asesores los argumentos a plantear en el texto, que apunta a infracciones a la seguridad de la nación y a la constitución y las leyes.
Se espera que ese día se pueda presentar un primer borrador de la acusación constitucional que requiere 29 votos para prosperar.
PS se suma y DC se resta
La bancada de Diputados PS anunció finalmente que también iniciará el estudio de la acusación constitucional contra el mandatario «por no darle protección económica, sanitaria y social a los chilenos», en período de pandemia.
En un principio, el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista (PS), Marcelo Schilling, sostuvo que “para poder saber si hay o no hay el apoyo político suficiente, lo primero es saber si hay razones poderosas que funden la acusación constitucional. Hoy, eso está en discusión”.
Sin embargo, este martes aseguró que se sumarían a la iniciativa.
«Si uno mira el actuar del gobierno este año, podría concluir que ha tenido un pésimo manejo en relación a la protección de la población chilena. Por eso, y escuchando la voz de la ciudadanía que se manifestó en contra de la decisión del Presidente Piñera de ir al TC, es que ya estamos analizando causales en función del artículo primero, inciso 5, de la Constitución, que el Jefe de Estado dice tanto defender», dijo Schilling.
Desde las filas del DC decidieron no sumarse a la acusación constitucional, tal y como confirmó el diputado Matías Walker, quien señaló en el Congreso que “¿ustedes creen, sinceramente, que algún senador de Chile Vamos va a destituir al Presidente de la República?”.
“No hay causales en la Constitución que hagan en este caso aplicable una acusación constitucional al hecho de recurrir al TC”, agregó.
A juicio de Walker, la acusación contra Piñera “es un camino inviable porque se requiere dos tercios del voto de los senadores, incluyendo los senadores de Chile Vamos”.
Gobierno acusa jugarreta de mala fe
Desde el gobierno reaccionaron a los llamados a emprender una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera y los ministros Jaime Bellolio -de la Secretaría general de gobierno- y Juan José Ossa -de la Secretaría general de la Presidencia- los calificaron de “Una jugarreta política de mala fe” y “poco aprecio por la democracia”.
A juicio de Bellolio “hay una cuestión política que es simplemente absurda, o sea, acusar constitucionalmente al Presidente por hacer uso de la facultad constitucional para defender la constitucionalidad de una medida que un tribunal (Constitucional) declaró inconstitucional”.
“Es francamente absurdo, ridículo que algunos quieran hacer eso, y significa que tienen poco aprecio por la democracia, que no pueden soportar que hayan personas que hagan políticas públicas distintas a las que ellos quieren, que amenazan con la violencia o la destitución, esa no es la forma en la cual debe llevarse un debate democrático, tiene que llevarse a través de valorar las diferencias”, agregó el ministro.
Por su parte, Juan José Ossa, defendió la labor del mandatario y también rechazó los llamados a acusarlo constitucionalmente.
“Que se diga que no hemos dado lo suficiente a las familias, como causal de una acusación constitucional, nos parece totalmente incorrecto”, dijo.
“Ahora bien, siempre se puede hacer más, pero pretender que un país que es ejemplar en materia de vacunación, se está incurriendo en un total abandono de deberes, es una jugarreta política de mala fe”, subrayó.