Un grupo de 27 oficiales recluidos en Punta Peuco, condenados por crímenes de lesa humanidad e involucrados en secuestros, desapariciones y homicidios de opositores a la dictadura cívico-militar, reconocieron que sus acciones “produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias” y acusaron “pávido silencio» por parte de sus superiores
En una carta enviada al diputado de derecha, Gonzalo de la Carrera, solicitan «conmiseración» para 58 de sus «fieles subalternos», que cumplieron órdenes durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y la dictadura de Augusto Pinochet.
En la misiva, firmada entre otros por Carlos Herrera Jiménez, condenado por el crimen de Tucapel Jiménez, Arturo Silva Valdés, condenado por la muerte Eugenio Berríos o José Zara, condenado por el crimen del general Carlos Prats, plantean que «hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos».
«A partir de ello, venimos hoy en asumir la responsabilidad de sus actos, como consecuencia del pávido silencio de que los que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados», afirmaron en la carta.
Además, reconocieron que, «en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias».
«A no dudar, ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación», manifestaron.
Los 27 oficiales firmantes también indicaron que «asumida dicha realidad, con la misma firmeza y dignidad, expresamos nuestra congoja por quienes, siendo el eslabón más bajo y más débil de la cadena de mando –nos referimos a suboficiales, soldados conscriptos y empleados civiles- hoy tengan como único futuro terminar sus días en prisión por cumplir las órdenes de sus mandos, según lo consagraba la legislación militar vigente».
Por tal motivo, solicitaron para los suboficiales, clases, soldados y empelados civiles, «la conmiseración del poder político y judicial, mediante las medidas necesarias, jurídicas o administrativas, para que puedan volver a estar junto a sus seres queridos».
«A la sociedad civil le pedimos el apoyo y la comprensión para hacer realidad el anhelado sueño de una justicia ´justa´ para nuestros subalternos», cerraron.
Entre los firmantes de la misiva figuran los oficiales: Jaime Torres Gacitúa, Carlos Herrera Jiménez, Iván Quiroz Ruíz, Patricio Román Herrera, Enrique Sandoval Arancibia, Daniel Guimpert Corvalán, Hernán Ramírez Hald, Roberto Ampuero Alarcón, Manuel Muñoz Gamboa, Gerardo Aravena Longa, Gerardo Godoy García, René Villarroel Sobarzo, Carlos Tapia Galleguillos, Harodo Latorres Sánchez, Raúl Quintana Salazar, Manuel Provis Carrasco, José Zara Holger, Cristoph Willeke Floel, Reimer Kohutz Fell, Fernando Rojas Tapia, Ricardo Álvarez Jalabert, Vittorio Orvieto Tiplitzky, Manuel Carevic Cubillos, Juan Mancilla Díaz, Arturo Silva Valdés, Walther Klug Rivera y Patricio Maraboli Orellana.
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