Criminalización de la infancia

Por Hugo Catalán Flores

El sistema de persecución penal forma parte de un complejo entramado atravesado por dimensiones políticas, ideológicas y de clase. Esta idea, fundamental en la criminología crítica, cobra cada vez mayor vigencia, adaptándose a nuevas formas y contextos históricos. En Chile, marcado por una vorágine punitivista que domina el debate público, el reproche ha estado centrado en la migración, pero en las últimas semanas la mirada ha comenzado a desviarse hacia la adolescencia e infancia infractora de ley. Este sujeto social, que resurge cíclicamente como objeto de estigmatización, ha servido para justificar procesos de criminalización y endurecimiento del castigo.

Ese ciclo reiterativo lo demuestra lo ocurrido efectivamente. Una vez entrada en vigencia la Reforma Procesal Penal, desde el año 2000, el esfuerzo del Estado se concentró en actualizar la normativa que perseguía conductas de infractores “menores de edad”. De hecho, en el antiguo sistema a aquellas reglas procesales se denominaban “justicia de menores». A los sujetos de atención se les aplicaban medidas tutelares, sin considerar que eran titulares de sus propios derechos y que deben ser tratados con dignidad y respeto. Lo que se pretendía con la mencionada reforma con respecto de niños, niñas y adolescentes (NNA) infractores era alcanzar concordancia con la normativa internacional -particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño-, para lo que se diseñó e implementó el sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), Ley 20.084 publicada en 2005 y vigente desde junio de 2007 -un cambio de paradigma en el tratamiento de los infractores de ley- que estableció un régimen penal diferenciado para adolescentes entre 14 y 18 años.

No obstante, el sistema RPA nació con serias críticas por su enfoque punitivo y criminalizador en la acción del Estado, que a pesar de la pretensión de respeto del eje “interés superior de niños, niñas y adolescentes[1] ”, en enunciados que se preciaban de coherentes con los derechos humanos, en la práctica establecieron los mismos mecanismos de la persecución adulta, pero formalmente para infractores menores de 18 años, olvidándose que los NNA constituyen sectores sociales de especial protección. Pocos años después, la crisis del Sename evidenció el carácter criminalizador del sistema y se reemplazó por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en un nuevo intento por mejorar la atención y protección de menores en situación de vulnerabilidad.

En estos días se han conocido opiniones de algunos actores políticos que han puesto su esfuerzo en bajar la edad de imputabilidad, de 14 a 12 años, impactando directamente en la niñez.

Una crítica que se podría exponer a esta iniciativa tiene que ver con las falencias del sistema de RPA. Los principios que inspiraron la reforma —especialización, proporcionalidad, resocialización, y mínima intervención- fueron rápidamente superados por la falta de recursos, y criterios desfasados de parte de las instituciones y operadores que están involucradas en el sistema: tribunales, Ministerio Público, defensoría penal pública, servicios de ejecución de sanciones. Todos estos aspectos están cruzados, al igual que el sistema procesal penal, por enfoques punitivistas, y, en una perspectiva más amplia, impactados por el discurso de las élites que señalan a la adolescencia e infancia infractora de ley como responsable destacada de la crisis de seguridad.

Otro aspecto a considerar es que los datos oficiales desmienten el que NNA sean actores sobresalientes de la crisis de seguridad. Según la estadística emanada del Centro de Estudio y Análisis del Delito (CEAD) dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en anuario 2024 se señalan que la niñez -menores de 14 años- involucrada en faltas o delitos es de 1.342 individuos, correspondiendo a un 0,21% del total de infracciones que se contabilizaron en ese periodo. Los infractores adolescentes, de entre 14 y 17 años, suman 27.061, siendo el 4,4% del total.

Chile entra en periodo electoral, en que por un lado la campaña se ha ido sosteniendo sobre el miedo a la delincuencia, a la inmigración, a la pobreza, y más aún, a la infancia pobre e infractora, una doble condición en la que se pueden centrar, amplificando, muchos de los miedos que circulan, cuando la evidencia señala que los niños menores de 14 años están mínimamente involucrados en hechos delictuales, que requieren asistencia y acompañamiento público para que tengan reales oportunidades como adultos, y no que sean incorporados a un sistema de castigo colapsado.

Nuevamente surge un chivo expiatorio susceptible de ser criminalizado. En este punto parece pertinente la referencia que realiza el antropólogo y sociólogo francés, Didier Fassin, sobre el castigo: “Castigar no consiste únicamente en sancionar una infracción; es ante todo producir una verdad sobre el individuo, establecer su culpabilidad, asignarle un lugar en el orden social”; siendo NNA un sujeto especialmente vulnerable  y de especial protección es indispensable resistir los impulsos políticos, ideológicos y de clase de las élites por señalarlos y exclusivamente castigarlos.

Por Hugo Catalán Flores

Equipo Codepu

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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