El Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Residuos en Chiloé, confirmó que están presentando antecedentes a organismos de Derechos Humanos ante la crisis de la basura que se vive en el archipiélago, y la ineficacia de los organismos públicos para resolver planes de cierre, restauraciones y coordinaciones con miras a una nueva política de residuos, con garantías de no repetición, ya que a juicio de este “continúan iniciativas que discriminan y que no atienden los problemas de fondo”.
El Grupo de Trabajo en Chiloé, representado por Jorge Manríquez, Ana Chiguay, Christian Ruíz y Silvia Díaz, recuerda a las instituciones públicas, tales como Municipalidades y Servicios Públicos, que existen recomendaciones desde organismos de Naciones Unidas de Derechos Humanos con relación al cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y de las normas internacionales de Derechos Indígenas, como el Convenio 169 de la OIT.
En esa línea, adelantaron que el Estado chileno deberá someterse a examen en noviembre de este 2019 ante el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y que la situación de Chiloé y en particular el actual conflicto generado por la Municipalidad de Ancud y el Gobierno Regional, en contra de comunidades del sector San Antonio de Hueldén, donde se pretende imponer un relleno sanitario, da cuenta de las malas prácticas y la discriminación que aún persiste desde agentes públicos del Estado, lo que se agrava con las acciones de represión y violencia estatal por parte de Fuerzas Especiales este 1 y 2 de septiembre en el marco de las manifestaciones y reivindicación de tierras de estas comunidades.
Cabe señalar que en el presente, tres comunidades Mapuche Williche: Comunidades Lof Wenul, Pellu Williche y Leufu Wuicha, ubicadas en el sector Fundo Los Millanes de la localidad San Antonio de Huelden en la comuna de Ancud, provincia de Chiloé, se encuentran alertas y movilizadas por la probable instalación, por parte de la municipalidad de Ancud y el Gobierno Regional, de un Relleno Sanitario “provisorio” en sus tierras, las que están siendo reclamadas (reivindicadas) por estas comunidades como propias ya que poseen Títulos de Comisario.
Al respecto el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Residuos en Chiloé señala que esta situación “resulta una vulneración a los derechos, es un grave atropello instalar un Relleno Sanitario, muy cuestionados por las múltiples sanciones que han recibido a lo largo del país, en un lugar donde nacen los ríos Manao, Pichihuelden, Negro de Linao, Quebrada Honda, Huenque, Huicha de Lecam y el más importante, el río Huicha, que dotan de agua a muchas comunidades, incluso a algunas alejadas de San Antonio de Huelden. También mencionar que este lugar se encuentra favorecido por al menos 11 “Menokos” (humedales) los que se verían amenazados por este proyecto municipal, proyecto que no nace de forma espontánea y natural del municipio de Ancud sino que es el producto final (por ahora) de una serie de sucesos que comienzan hacia finales de marzo en la comuna de Ancud”.
El Grupo insiste en un panorama generalizado de discriminación en Chiloé a causa de la basura: «Los efectos sociales, culturales, económicos y ambientales que han venido causando el funcionamiento irregular e ilegal de vertederos industriales y domiciliarios en Chiloé son altísimos, contra una alta cantidad de población rural, cuyas instalaciones además han venido reproduciendo una política estatal de racismo y discriminación ya que se han instalado por años en suelos de sectores campesinos y comunidades indígenas, varios de los cuales han dejado de funcionar sin que se establezcan planes efectivos de cierre que contribuyan a mitigar y reparar los daños».
«Por el contrario, instituciones públicas del Estado, como son las Municipalidades, bajo el amparo del Poder Ejecutivo, no asumen garantías de no repetición y en el presente, se pretende imponer un nuevo recinto vertedero o relleno sanitario afectando a comunidades indígenas e importantes ecosistemas, junto a lugares de significación cultural, sin que tampoco se atiendan las recomendaciones desde el Comité de la ONU sobre eliminación de la discriminación Racial (CERD) y desde la Relatoría ONU sobre Pueblos Indígenas efectuadas al Estado chileno desde hace años en estas materias”.
En ese sentido, el Grupo de Trabajo recuerda que en la localidad de Mocopulli, comuna de Dalcahue, se encuentran emplazados 7 vertederos, en un radio de 1km., varios de ellos abandonados sin cumplir con un plan de cierre y con grave daño de contaminación. Asimismo, se señala la existencia de basurales que por años y de manera descontrolada han funcionado e impactado el territorio de comunidades Mapuche Williche en el sector Yaldad en la comuna de Quellón.
El Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Residuos en Chiloé señala que “es urgente considerar las recomendaciones efectuadas por organismos de Derechos Humanos al Estado chileno sobre estas materias, en especial en torno a la ubicación de vertederos y rellenos sanitarios, pues incurren de manera reiterativa en discriminación arbitraria, afectando a comunidades rurales y principalmente indígenas, afectando sus condiciones de vida y no resolviendo los conflictos de contaminación y ubicación de proyectos de alto impacto con las comunidades directamente afectadas, cosa que se evidencia al nulo proceso consultivo y en el no respeto de las investigaciones que sitúan el terreno ubicado en San Antonio de Huelden, fundo Los Millanes (Ancud) como no apto para ser utilizado como relleno sanitario”.
Las recomendaciones de organismos ONU de Derechos Humanos que se incumplen en Chiloé
El COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL (CERD) viene señalando al Estado chileno desde el 75º período de sesiones, en Ginebra del 2009, entre otros puntos, lo siguiente: “El Comité exhorta al Estado parte a tomar medidas inmediatas para resolver el problema de los basurales que fueron instalados en las comunidades mapuche sin su consentimiento previo”, exhortando también al Estado a no escatimar esfuerzos tendientes desarrollar una política específica, conforme a los estándares internacionales, para solucionar los impactos ambientales que afecten a los pueblos indígenas.
En el 83 periodo de sesiones, El Comité contra la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas recomendó al Estado de Chile, a través de un informe, “acelerar el proceso de restitución de tierras ancestrales y a proporcionar los recursos eficaces y suficientes para proteger los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos ancestrales”, según establece la legislación internacional.
El Comité CERD también planteó la necesidad de “evaluar sistemáticamente el impacto ambiental” ante proyectos de inversión, “realizando consultas libres, previas y bien informadas para obtener el consentimiento libre y con pleno conocimiento de causa de los pueblos indígenas, antes de autorizar cualquier medida que pudiera afectar negativamente su salud y su sustento en los lugares habitados por ellos”.
Por su parte, El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en julio del 2014, para el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como las normas indígenas internacionales, recomendó al Estado chileno la restitución de tierras ancestrales, además del establecimiento de un mecanismo de consulta adecuado.
El anterior Relator Especial Onu sobre los Derechos Indígenas, James Anaya, en su informe sobre Chile enfatizó la necesidad de realizar consultas en relación con cualquier proyecto que pueda afectar las tierras, territorios y otros recursos de alguna comunidad indígena -tanto al interior como al exterior de las denominadas “Áreas de Desarrollo Indígena”- de conformidad con las normas internacionales aplicables.
Asimismo, señala: “En el caso de proyectos ya operativos de inversión industrial y de extracción de recursos naturales, se deben aplicar procesos de consulta con respecto a sus impactos en los derechos, tierras y territorios de comunidades indígenas y tomar todas las medidas de mitigación de impactos, reparación y justa compensación a las comunidades indígenas afectadas”, como ocurre en los casos de comunidades ya afectadas a causa de este tipo de recintos, donde el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU también señaló: “El Comité exhorta al Estado parte a tomar medidas inmediatas para resolver el problema de los basurales que fueron instalados en las comunidades mapuche sin su consentimiento previo”.
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