Critican rally en Región del Biobío: Fisco puso $1.200 millones «sin ninguna garantía de utilidad pública»

Estridente y absurda son dos cualidades de la situación generada por la sexta fecha del Campeonato Mundial de Rally, que este viernes comenzó a disputarse en la región del Biobío y en la cual unos 52 pilotos recorrerán en sus vehículos 1.199 kilómetros en los siete tramos con los que cuenta la carrera, fijada hasta este domingo 12 de mayo.

Según consigna una editorial del portal Resumen, la comunidad penquista se ha informado de este evento principalmente por la orquestada publicidad emitida desde los medios prensa y también por los atochamientos vehiculares debido a la interrupción del tránsito en distintas arterias de la ciudad, puestas a disposición de la competencia.

Así, se cuestiona que «sin entregar ninguna garantía de utilidad pública ni argumento contrastable que lo justifique, las autoridades de la Región han gestionado una serie de medidas para su realización, todo ello de manera inconsulta a la comunidad y fuera de los protocolos de transparencia activa que debería seguir cualquier repartición estatal».

En esa línea, de acuerdo a las cifras entregadas por el Seremi de Economía del Bío Bío, Mauricio Gutiérrez, la cantidad de dinero del erario fiscal destinado al rally asciende a $1.200 millones, una «inversión interesante» según la autoridad regional, puesto que va a financiar la «membresía» a la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

«Al respecto, ningún agente de la política oficial ha consultado, siquiera, qué garantiza que todo esto no sea más que un despilfarro de recursos públicos al servicio de quienes venderán servicios a la multitud de visitantes que llegó a hoteles, restaurantes y otros recintos privados», apunta la editorial de Resumen, recordando que «toda la faramalla desplegada» no es otra cosa que un miserable velo para el viejo y conocido chorreo neoliberal, que aplicado a este contexto se explicaría como «las utilidades para mí y las propinas para ti».

En esa línea, se recuerda que, aunque en la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático COP21 de 2015, se establecieron compromisos obligatorios para los Estados partícipes -entre los cuales también figura el de Chile- tendientes a limitar el calentamiento global por debajo de los 2 °C, a la fecha no se han establecido políticas efectivas de regulación de uso de combustibles fósiles y emanación de gases de efecto invernadero (GEI).

Una expresión de esta carencia es que no se ha impuesto una moratoria al uso superfluo de combustibles en actividades como el rally que en estos días se desarrolló en la región del Biobío. Por una parte el Estado chileno anuncia un compromiso mayor al exigido por la Convención en materia de mitigación del cambio climático y por otra financia y facilita la realización de un evento icónico del desinterés por el presente y el futuro colectivo, una suerte de rito históricamente reservado para quienes, pagando, se han arrogado el derecho de que la ciudad se vuelque a su disposición y, como efecto colateral, acorten las proyecciones de vida del ecosistema terrestre sometido a impactos acumulables que ya expresan su irreversibilidad.

Fuente: Resumen