En los últimos días, el debate en torno a la nueva Constitución ha alcanzado un punto álgido, con los abogados penalistas Antonio Bascuñán, Rodrigo Correa, Samuel Tschorne, y Javier Wilenmann, de la Universidad Adolfo Ibáñez, que tildaron al texto como una vía para “sabotear constitucionalmente la prohibición penal del narcotráfico.
En las redes sociales ya se habla de «NarcoConstitución» y ha avivado las dudas respecto del texto, apoyado principalmente por Republicanos. Pero, ¿Por qué?
Ayudaría a delincuentes, violadores y asesinos
Uno de los puntos más controvertidos del texto se encuentra en las garantías penales establecidas en el artículo 16.8. Este artículo establece que «ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad sin que la conducta que se sanciona esté precisa y expresamente descrita en ella». Esta ambigüedad ha generado preocupación sobre la posibilidad de que narcotraficantes puedan utilizar este artículo para impugnar sus condenas, argumentando que la definición de estupefacientes se encuentra en reglamentos y no en la ley.
Asimismo, se ha señalado que la Constitución otorga beneficios a violadores, asesinos y criminales de lesa humanidad, especialmente a través de la enmienda conocida como «Punta Peuco». Según el artículo 16.4.h, las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total, siempre que se acredite conforme a la ley la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un “peligro actual” para la sociedad.
Riesgo para el informe Valech y Rettig.
Otro punto que ha generado inquietud entre los críticos es el potencial impacto del nuevo texto constitucional en los informes Valech y Rettig, fundamentales para la memoria y justicia en Chile.
La enmienda propuesta en el artículo 14.a ha generado preocupaciones sobre la integridad y continuidad de estos informes, lo que ha llevado a algunos a cuestionar si la «NarcoConstitución» podría poner en riesgo la memoria y la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
En resumen, el texto propuesto ha desatado un intenso debate, con críticos que la han etiquetado como la «NarcoConstitución» debido a las preocupaciones sobre su potencial apoyo a delincuentes y su impacto en los informes Valech y Rettig, sembrando dudas sobre las intenciones tras este tipo de artículos. Este controvertido tema continuará siendo objeto de discusión durante la campaña que está a punto de empezar, a medida que se acerca el plebiscito del 17 de diciembre.