Cuarteles truchos: Se querellan contra general (r) de Carabineros por «asociación ilícita»

Ramificaciones delictuales de una organización que operó al interior de Carabineros. Eso denunció, en la ampliación de una querella criminal presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y vinculada al fraude en retenes de la policía, el dueño de la empresa Constructora CGM Limitada, Cristian Gutiérrez Martínez, quien también está imputado en el caso.

Apuntando a una presunta asociación ilícita para defraudar al Estado, el representante legal de la firma acusó directamente al ex jefe del Departamento de Cuarteles, general en retiro Félix Flores Santis (en la imagen), como parte de la red que habría estado detrás de las millonarias irregularidades detectadas en la adjudicación de obras en la Región de Aysén.

El otrora jefe de Zona del Maule, quien no ha sido formalizado en la investigación principal que dirige la Fiscalía Metropolitana Oriente, apareció este año en un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como receptor de dos depósitos irregulares -uno de $478.425 y otro de $1.500.000-, efectuados por el ex coronel del Departamento de Presupuestos y Finanzas, Fernando Pérez Barría.

Pérez cumple prisión preventiva por un escándalo paralelo: la malversación de $26 mil millones de pesos que indaga el fiscal de Magallanes, Eugenio Campos, desde fines del año pasado, y que impactó fuertemente en la credibilidad de Carabineros. Según The Clinic, los dineros que enlazan a Pérez con Flores podrían demostrar un nexo entre ambas carpetas investigativas.

Esa es la tesis que al parecer comparte el hombre detrás de CGM, y que en la nueva presentación realizada a través de su abogado defensor, Álvaro González, concentra responsabilidad por la «apropiación» de su patrimonio en dos oficiales en retiro que ya están formalizados, César Rojas Gaete y Christian Bustos Morgado, a los que imputa haber manipulado a su empresa bajo engaño y extorsión, en la operación ilícita de robo al Fisco.

En el libelo, identificando al ex general Flores, Gutiérrez señala: «Formó parte del montaje premeditado para perjudicar a CGM Ltda. al permitir que los querellados Rojas (César), Labra (Ignacio) y Bustos Morgado y otros hicieran lo que a todas luces era ilícito en el Depto. Cuarteles L1, esto es sacar a CGM Ltda. e ingresar a otra constructora, Grossman S.A., cuyos socios a su vez mantenían contacto permanente con Rojas y estaban al tanto de que estos querellados ingresarían a dicha sociedad a terminar los retenes que le quitarían a CGM».

Prueba de ello, indica, «son los emails de fecha 23 de septiembre de 2012 y 31 de agosto de 2012», entre otros elementos probatorios que «se acompañarán a Fiscalía», y que confirmarían que Flores participó en el entuerto.

Gutiérrez alega además que su empresa no abandonó las obras, sino que Carabineros, desde L1, «envió un memorando interno con fecha 25 de octubre de 2013 aprox. y que ordenaba a los jefes de retén sacar inmediatamente a los trabajadores de la empresa CGM Ltda. y no permitir su ingreso… Todos ellos fueron sacados a la fuerza y de manera violenta, y más aun, no les permitieron sacar sus herramientas».

La querella también fue ampliada a la ex comandante de Carabineros, Purísima Toledo Valenzuela, esposa del ex oficial Rojas Gaete, quien se habría prestado «para cubrir los delitos de Rojas» y, estando en servicio activo, intimidarlo con «su presencia y la de sus subalternos en tenida de carabinero» a objeto que firmara pagarés, sirviendo de guardaespaldas en el retiro de millonarias cantidades de un banco.

Para el querellante, Toledo «estaba plenamente consciente de que Rojas pretendía apropiarse de mi empresa y que mantenía contactos dentro de la institución de Carabineros de Chile, y ella se mantuvo en silencio y no denunció los hechos».

Esta semana el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en cuya jurisdicción se investiga la arista principal del fraude en la construcción de recintos policiales, decidió ampliar en 60 días la causa.

Ésta era llevada en su momento por el fiscal José Antonio Villalobos, quien renunció al Ministerio Público y se unió al estudio privado de abogados conformado por Alejandro Peña y Vinko Fodich, quienes representan al coronel (r) Christian Bustos, imputado en el caso.