De Bernales a Villalobos: Las malas prácticas en la política de ascensos de Carabineros

Distintos observadores coinciden en que el director ha acentuado en el mando la presencia de colaboradores vinculados al área de inteligencia, lo que se reflejaría en su decisión de reemplazar al general de Finanzas involucrado en la malversación de $26 mil millones, Flavio Echeverría, por el general de Orden y Seguridad René Ureta, cuyo nombramiento iría en contra del reglamento.

De Bernales a Villalobos: Las malas prácticas en la política de ascensos de Carabineros

Autor: Matías Rojas

Bastante ha demorado en Carabineros, justo cuando los montos e imputados crecen día a día en las aristas del megafraude que investiga el Ministerio Público, la definición del general director Bruno Villalobos Krumm sobre las personas que integrarán el Alto Mando que regirá la institución a partir de 2018.

Voces disidentes a la gestión del otrora zar de la inteligencia caracterizan como inédito que ya en el último mes del año, el trámite de ascensos y traslados no esté resuelto, poniendo en vilo a quienes deben compatibilizar sus nuevas destinaciones con la matrícula escolar de sus hijos.

El diario La Tercera publicó el domingo que Villalobos prepara «uno de los mayores cambios» en Carabineros, con el «llamado a retiro de 16 generales, cuatro de ellos inspectores del más alto rango y antigüedad».

Según el medio, las decisiones, que son vistas con atención por el Ministerio del Interior, recaerían sobre «un estrecho grupo de asesores» del director, condicionadas a las diligencias que realiza la Fiscalía por el robo más grande en la historia de la Reforma Procesal Penal y por la eventual malversación de gastos reservados.

Preliminarmente se habla, entre otros, de la permanencia del general inspector Alfredo Lagos Gana, actual mandamás de la Zona Metropolitana, cuestionado por quienes resaltan su escasa preparación policial. Lagos también es recordado por el lapsus que tuvo poco antes de llegar al generalato, cuando decidió tomarse vacaciones para meditar su continuidad en las filas.

Otros generales que podrían perpetuarse y encumbrar eventualmente a la Dirección General son Aldo Vidal Villegas, a quien la Contraloría reprochó el uso irregular de un vehículo fiscal durante el primer gobierno de Bachelet, y Gonzalo Blu Rodríguez, el timonel de Dipolcar que fraguó la Operación Huracán. Ambos comparten perfil con Villalobos, al haber trabajado en la protección de políticos desde La Moneda.

Distintos observadores coinciden en que Villalobos ha acentuado en el mando la presencia de colaboradores vinculados al área de inteligencia, lo que se reflejaría en su decisión de reemplazar al general de Finanzas involucrado en la malversación de $26 mil millones, Flavio Echeverría, por el general de Orden y Seguridad René Ureta, quien tenía la antigüedad 18 entre los coroneles.

Esta designación «a dedo», por «tincada» o confianza en el más joven de los ascendidos, para un cargo estratégico supervisado actualmente por la justicia, la Contraloría, la autoridad política y la opinión pública, fue mal mirada en la institución de las carabinas, puesto que Villalobos podría no haber tenido las facultades para concretarla.

Ello en conformidad con el artículo 22 del Estatuto del Personal de Carabineros, el cual establece que los Generales «sólo ascenderán por antigüedad», es decir, por orden de prevalencia, no permitiendo deliberaciones adicionales a aquellas dispuestas en el reglamento.

Esta es una norma que incluso el ex general director José Bernales Ramírez habría incumplido, al colocar a Villalobos en el Alto Mando por encima de uniformados más antiguos que él, situación que perjudicó al entonces oficial Luis Merino Briceño, sobrino del mártir de la institución, teniente Hernán Merino Correa.

Esta herencia en la práctica de nombramientos por confianza se extrapola a los cargos designados por Villalobos en la Cooperativa y la Mutualidad de Carabineros, ambas áreas oscuras que la Fiscalía, y algunos diputados, han comenzado a indagar por los recursos que manejan sin tener supervisión de la Contraloría.


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