A la cantidad de escándalos político-judiciales conocidos en los últimos meses hay que sumar varias investigaciones que llevan las fiscalías respecto de los ilícitos cometidos en no pocas municipalidades del país. Ellas hablan de fondos defraudados al Fisco en sumas siderales y nunca imaginados por los habitantes de los 346 municipios a lo largo de Chile.
El presupuesto de algunos municipios sobrepasa el de muchas reparticiones públicas. De allí que exista tanto interés en la política por convertirse en alcalde o concejal. Lo mismo provoca ser gobernador o delegado presidencial en nuestras múltiples regiones.
De esta forma es que la ex alcaldesa de Maipú, la derechista Cathy Barriga, se le imputa un fraude de más de 33 mil millones de pesos, lo que constituye una cifra superior a la suma de todos los fraudes de Democracia Viva que involucra a tantos operadores oficialistas, un proceso que recién se ventila en tribunales. Así como representa más de 900 veces lo supuestamente malversado por otra alcaldesa como Karen Rojo, quien decidiera fugarse de Chile.
Sin duda que la reforma electoral que le puso límites a la reelección de las máximas autoridades es algo que hoy se considera un gran acierto, por lo que muchos alcaldes y concejales luego de completar dos períodos, deberán abandonar sus cargos en virtud de los nuevos comicios municipales. Con lo cual no pocos anuncian, ya, su intención de correr el próximo año como candidatos a diputados y senadores.
Ello debe dejarnos atentos a los recursos propagandísticos que utilicen durante sus campañas legislativas, de modo que sus cajas electorales no hayan sido incrementadas con recursos municipales mal habidos durante su gestión municipal. Es una realidad comúnmente asumida que quienes cumplen funciones públicas se crean con el derecho a resolver para siempre sus necesidades económicas, así como garantizarse continuar en la política gracias a los buenos excedentes o distracciones de dinero en el ejercicio de sus cargos.
La inmensa mayoría de los trabajadores chilenos que pierden sus empleos o se jubilan ya sabemos que disminuyen dramáticamente sus ingresos y, por lo general, son obligados a conseguir distintas formas de subsistencia. Lo que no suele ocurrir en la política, donde prevalece la idea de que “un político pobre es un pobre político”, como lo asegurara un líder sindical mexicano de la década de los 60.
Si al interior de La Moneda y del Parlamento se han consumado conductas que faltan a la probidad y entrañan el cohecho practicado por los más poderosos empresarios y lobistas, es de suponer que en tantas dependencias municipales es mucho más difícil impedir la malversación de caudales públicos como la corrupción de sus funcionarios. Sabemos que la Contraloría General de la República cuenta con medios muy limitados para exigir la probidad administrativa, por lo que los abusos y escándalos, por lo general, son destapados por las denuncias de los adversarios políticos del alcalde, alcaldesa y administradores comunales. Es claro comprobar que, bajo el inmenso poder que tienen los municipios para autorizar giros comerciales, construcciones, asignar patentes y otros servicios, es muy fácil defraudar, rendirse al tráfico de influencias y dejarse sobornar. Por algo se dice que el más suculento botín es posible descubrirlo en nuestras “ilustres” municipalidades tal como rezan sus logotipos y papelería.
Es sabido que, en casos cada vez más bullados, la penetración del narcotráfico en los entes edilicios a objeto de favorecerse del tráfico y microtráfico de estupefacientes. Cada vez ha sido más evidente la impunidad que favorece a los grandes capos de la droga, con sus funerales, cementerios y guaridas que solo con la acción policial logran ser desbaratados. Así como se hace cada vez más innegable que la actividad delictual recluta a miles de jóvenes en las poblaciones y barrios más pobres donde, como acaba de constatarse, impera el ausentismo escolar y el desarrollo del crimen organizado.
Puede ser razonable y conveniente que alcancen el Gobierno y el Poder Legislativo dirigentes que hayan iniciado se carrera en el servicio comunal. Su experiencia, en tal sentido, podría favorecer la dictación de leyes efectivas y demandadas por la población, a la cual le quedan tan distantes los tres poderes del Estado. Siempre y cuando quienes accedan a estas funciones sean candidatos honorables, quienes al subir los peldaños del poder vengan intachables.
En este sentido, llama la atención la enorme cantidad de postulantes a alcaldes y concejales de quienes se asumen como independientes, en la idea de que la militancia partidista está muy desprestigiada y se presta más fácilmente para servirse del poder comunal, más que trabajar por el progreso de nuestros pueblos y ciudades.
Solo porque el sufragio es hoy obligatorio vamos a tener una alta concurrencia ciudadana en los comicios de octubre próximo, pero está claro que la enorme cantidad de postulantes, la absurda proliferación de partidos, pactos y siglas, de ninguna manera va a significar la elección de los mejores. El factor dinero volverá, de nuevo, a ser determinante en los resultados. Así como el voto “por el mal menor” que ya se ha constituido en una nociva inercia.
Por Juan Pablo Cárdenas S.
Columna publicada originalmente el 23 de septiembre de 2024 en el blog del autor.
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Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
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