De la ilusión modernizadora y la ceguera política, a la urgencia de una nueva democracia

Por Rodrigo Calderón Salinas, sociólogo Universidad de Chile.-

El estallido social no fue una casualidad a la luz de releer evidencia. La provocación de este ensayo es la entrevista al sociólogo Manuel Canales (La Tercera, 30.08.20), donde alertaba que: “para encauzar el estallido hay que interpretar su esperanza, no sólo su rabia”, desarrollando un diagnóstico de larga data sobre la subjetividad juvenil en camino a hacer crisis.

Hay que ser categóricos en señalar que antecedentes hubo. Estos fueron ignorados por la ceguera de la élite política y los incumbentes de manera sistemática. En particular respecto de los Informes de Desarrollo Humano (IDH) en Chile, a partir del estudio de la “subjetividad”. En efecto, hace ya 24 años (Informe PNUD 1996) se preguntó sobre si el crecimiento económico permitía por sí solo la erradicación de las condiciones que disminuyen la capacidad de realización personal, concluyendo que era vital para alcanzar una dimensión del bienestar, pero resultaba insuficiente como fundamento para organizar el logro de las personas. Así, los distintos Informes han mostrado los éxitos “objetivos” del proceso modernizador (o acceso al consumo en la lógica de Carlos Peña), pero sin correlato con las apreciaciones “subjetivas” de las personas. Los informes 1996 y 1998 relevan la debilidad de los lazos sociales (el mercado puede asignar recursos, pero no asegura la producción de orden social), e infelicidad de los chilenos (percepción de inseguridad e incertidumbre). El Informe 2009, por su parte, observó que las personas empezaban a dudar de los cambios necesarios (imagen plana del futuro).

Las observaciones relevan la desigualdad como concepto multidimensional. Estos aspectos fueron abordados en su momento por los trabajos de la Fundación Sol (2011: “Las 4 mil familias que viven en el mundo de Bilz y Pap”; 2012: “La retórica de la felicidad y los trabajadores pobres”; 2013: “La reinvención del capitalismo”, entre otros). Por su parte, Richard Sennett (24.12.05, Diario Clarín) plantea dos ideas del «nuevo capitalismo»: una, que la privatización de la vida pública redunda en una ausencia de espacios donde los extraños puedan encontrarse y reconocerse en sus diferencias; y la segunda, que las formas de la política están cargadas de un código más íntimo que culmina en líderes carismáticos y autoritarios.

En los reportes IDH 1996 y 2010, se constatan desigualdades de género y territoriales. El informe 2000, señala que las personas aspiran a ser tratadas como iguales. El Informe 2002, confirma la ausencia de un relato común – o imagen – de un futuro compartido, a partir de la segregación, entre otros factores. En el IDH 2004, se constata que el poder es sinónimo de abuso y humillación.

En la citada entrevista a Manuel Canales, el sociólogo afirma que la actual crisis (particularmente de los profesionales jóvenes que vienen de las clases populares, la nueva “clase media”), es la de un sujeto que no se halla a sí mismo en su vida cotidiana, pues la sociedad le ofreció un proyecto de vida y movilidad social que no ha sido materializado (para profundizar sobre la clase medida revisar el trabajo de la socióloga de la Universidad de Chile Emmanuelle Barozet).

Estos aspectos también han sido abordados por el sociólogo Carlos Ruíz desde la Fundación Nodo XXI. En efecto, el año 2012, a propósito de las movilizaciones estudiantiles, señalaba que en la visión tecnocrática prevalece el autoritarismo y la contradicción respecto de la “deliberación y la participación” de las mayorías, en desmedro de la construcción colectiva del futuro. En efecto, la tecnocracia imperante, naturaliza las opciones políticas presentándolas como las únicas posibles en virtud de la razón técnica. Ruiz afirmaba que para la tecnocracia imperante discutir el modelo económico es oponerse al desarrollo y discutir el modelo político es oponerse a la democracia.

Por su parte, el sociólogo Alberto Mayol, ha enfatizado la tensión entre “transformación y conservación” (inercia anclada en la institucionalidad y los poderes fácticos) y afirma que la élite política – de distinto signo – comparte las siguientes creencias agotadas: que la relación con los gobernados es de intercambio (bienestar o satisfacción de intereses a cambio de votos u apoyo); que las estructuras e instituciones resuelven efectivamente las controversias y las élites sólo deben lograr que funcionen; que existe una sola forma de negociación (donde la clase política no tiene poder: son oposición de sí mismos).

En consecuencia, las movilizaciones evidenciaron las propias observaciones de los Informes IDH, y que Mayol procesa en términos de: rechazo a la cultura neoliberal conservadora (política de lobby y consensos, falsa participación ciudadana); derrota de prejuicios sobre la docilidad, individualismo, apatía y alienación de las nuevas generaciones; crisis de promesas y credibilidad (educación como factor de movilidad social y mejoramiento de las condiciones de bienestar); cifras de progreso económico; correcta representación política; quiebre entre la clase política y las nuevas clases medias; agotamiento de la élite transicional y su habitar compartido; aumento de las desigualdades; e incluso pre crisis institucional.

Incluso, el sociólogo Eugenio Tironi, reconoce en El Mercurio (Carta a un joven estudiante. Martes 13.09.11), que los jóvenes han colocado sobre la mesa cuestiones que los adultos habían encasillado en el sagrario de lo indisputable, invocando a la antropóloga Margaret Mead.

Por su parte, el académico Michael Lind (La Tercera, 05.09.20) señala que el mundo enfrenta una revolución a causa de la crisis de instituciones como sindicatos, partidos políticos e Iglesias, que operaban históricamente como intermediarios entre la “élite gerencial” gobernante y las mayorías populares, en concordancia con lo expresado por Sennett.

En síntesis, las investigaciones muestran brechas o fracturas desde hace más de 20 años que ponen en contexto el estallido social. En efecto, rasgos de insatisfacción, temor e inseguridad, exclusión y segregación, ausencia de una visión de futuro compartida, a partir de un contexto de desigualdad multidimensional, van cristalizando en una sensación de abuso y humillación por parte de quienes detentan el poder que advierte una creciente separación con lo político.

El segundo aspecto estructural de estas líneas refiere a la demanda por cambios y las debilidades de la política para encauzarlas. Ya en el Informe IDH 2000, se hablaba del “bloqueo de los sueños”. El Informe IDH 2015, evoluciona hacia “la porfía de la esperanza”, donde las personas son capaces de desear un futuro distinto, pasando del malestar a la demanda por cambios profundos y radicales. Hace 22 años se hablaba de un malestar difuso y mudo, en lo que se denominó déficit de integración social y temores de distinta índole (al otro, a la exclusión, a la no pertenencia, al sin sentido).

Con las movilizaciones sociales de 2011, el contenido del malestar cambia desde “la vida propia” hacia “la sociedad”, evidenciando una alta desconfianza hacia las instituciones y muy baja satisfacción con el país. El Informe IDH 2012 plantea que, al igual que en 1997, el malestar se debe a una a-sintonía entendida como la tensión entre los proyectos de vida y los soportes que la sociedad les entrega para desarrollarlos (rabia e impotencia que produce la ausencia de reconocimiento que el sistema brinda a los esfuerzos personales), en concordancia con lo que señala Manuel Canales en la actualidad.

El Informe IDH 2000, por su parte, dejó en evidencia la distancia de la ciudadanía con las instituciones políticas, y desde el IDH 2004 en adelante, la desconexión de las élites con la ciudadanía. Como se indicó, el malestar se personaliza. El Informe IDH 2015 muestra que los individuos identifican como responsables a quienes tienen poder sobre los escenarios en los que despliegan sus vidas: actores políticos, empresarios, personeros de gobierno, abusadores. En este sentido, las personas empiezan a percibir el orden social como el resultado intencional de ciertos actores y no como el resultado inesperado e impredecible de las leyes naturales del mercado que evidenciaba el Informe IDH 2004.

Por su parte, el director del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes (El Mostrador, 23.08.12), recalcaba que la brecha entre la clase política y la gente comenzó a principios de la década del 2000, tuvo su primer momento con el movimiento de los pingüinos en 2006 como consecuencia de un conjunto de factores (sistema binominal, vetos que han impedido reformas, sistema de partidos clientelistas y una elite que maneja a los partidos). Según Fuentes, el próximo presidente debería “convocar a una comisión plural, que piense la fórmula para una nueva Constitución. La sociedad chilena tiene que pensar reglas del juego que garanticen estabilidad, pero también participación”.

Agregaba que el momento propicio es el inicio de una nueva administración, sin embargo, indicaba que el escenario era complejo – y si bien no habla de un estallido social ad portas -, evidencia síntomas preocupantes en la institucionalidad.

Al inicio del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014), el sociólogo Ernesto Ottone señalaba que la principal tarea era llevar adelante un conjunto de reformas que apunten a un desarrollo más igualitario, que es la mayor deformidad que tiene el proceso de desarrollo chileno. Indicaba que para producir un cambio en el corto plazo era fundamental la reforma tributaria, y en el largo plazo, la reforma educacional, así como la generación de una nueva Constitución por vía institucional y participativa. Reconocía, además, que la legitimidad democrática, en la actualidad, está dada por las instituciones de la democracia representativa y la democracia continua del movimiento social, de las redes y de las demás manifestaciones de la opinión pública. Ello obliga a una gobernabilidad más compleja, donde hay que evitar la “sordera crónica”.

Volviendo a la entrevista a Manuel Canales, el investigador refuerza dos planteamientos. En primer lugar, que hoy los jóvenes desplazados configuran los intelectuales orgánicos del movimiento popular. Son una conciencia social inédita en la historia de Chile (distinta a la tradicional clase media). Estos jóvenes ya no se ven en el espejo del débil o del pequeño. Tampoco del profesional exitoso que no fueron. Se ven en el espejo del decepcionado, del explotado.

Por otro lado, el estallido social produjo una gran liberación de culpa en el mundo popular. El lamento individual, que no contaba con una palabra social de mayoría que avalara su experiencia, empezó a resonar con un giro existencial como revelación colectiva: los jóvenes pasan de deudores a acreedores (eres uno más de los tuyos, de los que ocupan un mismo lugar en la estructura social, lo que les permite decir “no es mi culpa”).

Desde una mirada crítica del mundo conservador, Daniel Mansuy, Investigador del Instituto de Estudio de la Sociedad (El Mostrador. 17.07.20), afirma que el “piñerismo” no estaba preparado para gestionar el estallido social y la pandemia. En este contexto, releva aspectos evaluativos relevantes al afirmar que contamos con un presidente que dejó de persuadir y articular políticamente (cada vez tiene menos poder sobre los parlamentarios y partidos que lo apoyaron), entregó la Constitución (post estallido social) con un costo simbólico muy fuerte para la derecha, provoca gran irritación en el país y está encerrado en sí mismo, representa una palabra gastada (en alusión al régimen presidencial), y permitió el socavamiento de las AFP (buque madre del modelo).

El investigador cree la coalición está en descomposición, que la derecha va a pagar costos por muchos años, le costará rearticularse intelectual y políticamente, aun cuando Piñera marcó la historia de la derecha chilena porque la llevó dos veces a La Moneda.

Complementando el análisis, el antropólogo Pablo Ortúzar, también del Instituto de Estudios de la Sociedad (The Clinic, 16.07.20) discute la crisis de legitimidad del capitalismo a partir de la aprobación del retiro del 10% de los fondos de las AFP. Ortúzar enfatiza que fue una decisión errónea, sin embargo, reconoce que la derecha chilena no está en pie de conducir a las masas, sino de adularlas a través de contorsiones ideológicas. En este marco, el investigador afirma dos hechos esenciales.

En primer término, que los políticos son una mera caja de resonancia de la opinión pública, en tanto cambian según los vientos imperantes y delegan su legitimidad social en lobistas y redes inconducentes. En segundo término, que el desgano y lenidad de gran parte de la burguesía empresarial olvidó que la única manera de evitar las revoluciones es a través de la anticipación y reforma constante, toda vez que la legitimidad del capital se construye con las personas.

El sociólogo Carlos Ruiz, en intervenciones más recientes, enfatiza la contradicción entre Estado-mercado, y entre libertad-igualdad, a partir de una “neo-oligarquía” sin deliberación democrática o amarrada por la “letra chica”, que dificulta profundizar la democracia. En este contexto, plantea la necesidad de un proceso de reconstrucción de la relación entre lo político y lo social, a partir de remover las élites, pero sin caer en la burocracia de las lógicas electorales.

En efecto, destaca que la sociedad está demandando transformaciones, reconocimiento, dignidad, considerando dos hechos esenciales. Por un lado, vivimos en un estado de fragilidad democrática post estallido social, con un patrón de desigualdad caracterizada por la extrema concentración de la riqueza y el bajo acceso a las oportunidades, en concordancia con lo señalado por Canales y Barozet. Y por otro, se observan nuevos fenómenos asociados al aumento de la pobreza.

En los próximos dos años se definen cuestiones relevantes para el proceso democratizador. Es altamente probable que en octubre próximo gane el apruebo en el plebiscito. Durante el año 2021 se elegirán los constituyentes (abril), habrá elecciones primarias (julio), y elecciones presidenciales y parlamentarias (noviembre). El proceso concluirá con un plebiscito de salida para aprobar la nueva Constitución.

Constituye un dato de la causa que los niveles de participación electoral son bajos en el país, en particular: los jóvenes, las comunas pobres y los residentes de las grandes ciudades. Sin embargo, el proceso ha generado amplias expectativas en la ciudadanía, aun cuando prevalecen temores respecto a que las élites puedan tener la tentación de repetir prácticas repudiadas, que favorezcan acuerdos a espaldas de las mayorías que reclaman cambios. En este sentido, confluyen un conjunto de urgencias de las cuales ocuparse en los próximos seis meses, dentro de las cuales destacan:

• Reconocer y convocar de manera explícita a las nuevas configuraciones del pueblo (jóvenes, clases medias, mujeres, segmentos y actores de la diversidad, pueblos originarios, entre otros).
• Comunicar que el objetivo del proceso es abrir un debate democrático sobre al país que queremos, que incluya mecanismos para la inclusión e igualdad, reconociendo la historia reciente del país.
• Convocar a definir los nuevos contenidos del contrato social, abriendo espacios y reconfigurando la participación política a los ciudadanos comunes y corrientes.
• Recambiar los liderazgos, movimientos y partidos políticos, en vistas a incorporar nuevos temas, y recrear las confianzas en el debate sobre lo público y el nuevo pacto político.
• Politizar la sociedad, a partir del trabajo territorial, que permita la mayor participación electoral posible en los tres hitos futuros (plebiscito, elección de constituyentes, plebiscito de salida).
• Generar acuerdos en el corto plazo respecto al aseguramiento de los independientes y la paridad en la elección de los constituyentes.
• Acordar programas y agendas para implementar “diálogos para la nueva democracia”, a través de espacios de movilización, seguimiento y control los distintos segmentos sociales (escuelas, universidades, sindicatos, juntas de vecinos, empresas, municipios, etc.).
• Identificar los ejes programáticos del nuevo pacto social y político, los arreglos institucionales que incorpora, y los mecanismos de fortalecimiento asociados.
• Generar lineamientos precisos respecto a la corrupción en instituciones relevantes del país (Fuerzas Armadas, Carabineros, otros), y los mecanismos de control y sanción.
• Incorporar en el debate constitucional mecanismos que permitan desarrollar medios de comunicación independientes que promuevan el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, una cultura de solidaridad no caritativa y el reconocimiento del otro.

En definitiva, el llamado es a tomarse el proceso constituyente, desplazando las cegueras y sorderas de estos últimos treinta años, denunciando las campañas que buscan impedir la participación, el debate, la configuración de programas y la materialización de cambios, a partir de aprender del otro, proponer e involucrarse en la nueva sociedad a construir.