Este martes, el Tribunal Constitucional declaró como propias de ley orgánica constitucional y ajustadas a la Constitución todas las normas del proyecto de ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el territorio nacional, por lo que rechazó un requerimiento presentado la Asociación de Industriales del Plástico (Asipla), el cual buscaba frenar la iniciativa, aún en el Congreso.
A su vez, el senador socialista Alfonso De Urresti había llegado esta mañana hasta el Tribunal Constitucional (TC) para solicitar que se declare inadmisible el requerimiento presentado por Asipla.
A la salida del TC, el parlamentario reconoció que el proyecto, aprobado de forma unánime por el Senado, «claramente les afecta el negocio” (a los industriales del plástico), pero adujo “intereses superiores y generales, los que dicen relación con el vivir en un medio ambiente libre de contaminación, proteger nuestros océanos”.
Hoy estuvimos en el Tribunal Constitucional solicitando se declare inadmisible el requerimiento de Asociación de Industriales del Plástico. La prohibición de bolsas plásticas es un avance para el cuidado de nuestro medio ambiente en el cual no debemos retroceder. pic.twitter.com/FMZu3iSOgj
— Alfonso De Urresti (@adeurresti) July 3, 2018
De Urresti sostuvo que la acción de Asipla responde a “una defensa gremial de intereses económicos” y rechazó la tramitación del requerimiento. “No puede ser que un gremio empresarial tenga legitimación activa para tratar de dejar sin efecto, a través de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, de un texto legal y aprobado mayoritariamente en el parlamento”, expuso.
El senador por Los Ríos remarcó que “el Tribunal Constitucional está para otros debates” y que no se trata de “un buzón de demandas gremiales”.
A fines de junio, Asipla ingresó al TC el requerimiento que busca frenar la prohibición de las bolsas plásticas en el comercio. Para el gremio, la iniciativa “vulnera abiertamente los derechos constitucionales a desarrollar actividades económicas lícitas y a la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, tanto genérica, como específica en materia económica”.
En ese sentido, alegaron que, de ser aceptada dicha normativa por el TC, “implicaría reconocer al legislador una competencia ilimitada para prohibir de manera absoluta, total, permanente, arbitraria, selectiva y desproporcionada cualquier actividad económica lícita a su sólo capricho”.
Los fabricantes de bolsas de plástico dijeron además que “si los principales consumidores de bolsas plásticas (los establecimientos comerciales) dejan de comprar bolsas plásticas, para entregarlas a sus consumidores, la actividad económica de producción y venta de bolsas plásticas deja de existir, o como actividad, se le impone un obstáculo/ impedimento insoslayable”.
El gremio ha insistido en el peligro que correría su actividad económica, aun cuando la propia ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, ha señalado que el proyecto de ley “no es una prohibición al plástico en Chile, sino que a entregar bolsas plásticas de comercio”.
Revisa las declaraciones del senador De Urresti en diálogo con El Ciudadano