Duras críticas realizaron diputados de oposición, integrantes de la comisión de Trabajo de la cámara, al proyecto de ley que pretender reformar el sistema de pensiones y que fue presentado por el presidente Sebastián Piñera durante la noche del domingo 28 de octubre, en un mensaje difundido a través de cadena nacional.
La propuesta piñerista incorpora el aumento de la cotización previsional, actualmente en 10% del sueldo imponible, en 4 puntos porcentuales, con cargo al empleador. Asimismo, el proyecto introduce mejoras para el Pilar Solidario e incentivos para quienes posterguen su edad de jubilación, entre otros puntos.
Sin embargo, para el diputado Raúl Soto (DC), el proyecto del Gobierno “tiene un impacto muy bajo en el aumento real y en el corto plazo de las pensiones de nuestros adultos mayores”, debido a una gradualidad “demasiado excesiva”.
A esto añadió que “los cientos de miles de pensionados que hoy están dentro del 60% más vulnerable del país, que reciben una pensión básica solidaria de $107 mil, el impacto en el corto plazo que van a tener va a ser solamente de un 10%. Por lo tanto, quienes hoy reciben $107 mil, van a recibir una Pensión Básica Solidaria de $117 mil pesos y fracción. Creemos que eso sigue siendo una pensión de miseria y de pobreza, que en definitiva, perpetúa una calidad de vida indigna en la vejez”.
Soto expuso que la “única” manera de garantizar una reforma a las pensiones sostenible en el tiempo se relaciona con la creación de un “fondo solidario”, que permita “transitar de un sistema individualista, como el actual, a un sistema de real seguridad social, donde entendamos que toda la sociedad tiene que contribuir para entregar pensiones más dignas a nuestros jubilados”.
Otra de las ideas anunciadas por el Ejecutivo que generó críticas concierne a la administración del 4% de cotización adicional. Al respecto, Piñera indicó que los trabajadores podrían “elegir libremente quién administrará este 4% adicional, a través de la creación de nuevas instituciones, que podrán ser con o sin retiro de utilidades, y también podrán ser formadas filiales de cajas de compensación, cooperativas de ahorro y créditos, administradoras generales de fondos, AFP, compañías de seguros de vida, etcétera, las cuales podrán administrar este mayor ahorro previsional, sujeto a las reglas de operación e inversión que establecerá la Superintendencia de Pensiones”.
Desde el Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans (IL) expuso su rechazo a este punto. “Realmente no hay nuevos actores, son los mismos dueños de las AFP los que podrían tener hoy la posibilidad también de administrar este fondo del 4% adicional”, manifestó.
En una línea similar, la diputada Maite Orsini (RD) criticó al Gobierno por abrir la puerta a una nueva cesión de recursos hacia las AFP, a contrapelo de lo exigido por las masivas movilizaciones de los últimos años. “Dialogar también implica escuchar y, al parecer, este gobierno está escuchando mucho a las AFP y poco a la ciudadania y a la oposición”, aseveró.
Yeomans puso el acento también en la parte del anuncio que asegura una mejor pensión para las mujeres, grupo social perjudicado por el actual sistema previsional. Las mujeres han debido cargar con el trabajo doméstico y de cuidado de personas, no remunerado, por lo que han mantenido “lagunas previsionales” que obstaculizan su capacidad de ahorro y, por consiguiente, generan menos pensiones, siguiendo la lógica de la capitalización individual impuesta en dictadura.
Para la diputada libertaria, el proyecto “no se hace cargo” de la brecha de género, puesto que “la sigue reproduciendo, la sigue aumentando. (…) sin embargo, no se hace cargo de que finalmente hay mujeres en nuestro país que no han cotizado jamás en su vida y que, en el fondo, por las tareas del trabajo doméstico y la crianza de los hijos, no ha podido insertarse en el mundo laboral”.