Defensa del comandante Ramiro acusa al INDH de ceder a presiones y no procurar traslado a Cárcel de Alta Seguridad para atenuar aislamiento extremo

Por Camila Sierra

Prácticamente un mes a transcurrido desde que al menos tres organizaciones político sociales se tomaron las dependencias del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la institución no deja de dar que hablar respecto a su cuestionado actuar.

“Nos parece inédito que el INDH, habiendo trascurrido más de un año y medio desde el estallido social de octubre, no reconozca la existencia de la prisión política que en la actualidad mantiene a luchadores sociales encarcelados incluso por más 18 meses en prisión preventiva. De la misma manera que es inaceptable que no reconozcan la violación sistemática a los Derechos Humanos”, se puede leer en el primer petitorio de la toma.

En relación a ello, es que la defensa de Mauricio Hernández Norambuena manifestó a este medio, que la cuestionada Institución no quiso seguir como interviniente en la causa de la solicitud de traslado de Ramiro desde la Sección de Máxima Seguridad a la Cárcel de Alta Seguridad, todo dentro de la Unidad Especial de Alta Seguridad (UEAS).

 El objetivo del traslado, era el de atenuar las condiciones de aislamiento severo en el que se encuentra desde que fue extraditado a Chile, en agosto de 2019, y que en sendos informes del propio INDH y el Colegio Médico, se considera que su actual situación de reclusión «son muy consistentes y concordantes con la definición de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes reconocida a nivel internacional».

Fue el 22 de marzo de este año, cuando el 7° Juzgado de Garantía de Santiago autorizó dicho traslado. Sin embargo, Gendarmería apeló, siendo revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Posterior a ello, el 1 de junio se dio a conocer la nueva resolución que definitivamente no autorizó el cambio.

Fue durante esa comparecencia, que se dio la orden de que el INDH no alegara en la Corte. En un correo electrónico enviado el 14 de mayo – es decir, antes de que fueran a la Corte de Apelaciones- por el Coordinador Nacional de Litigación del INDH a la defensa de Hernández Norambuena, dice que «al haber actuado el INDH en calidad de colaborador a instancias del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, entendemos que no procede entonces hacerse parte y comparecer a los alegatos que se ventilarán en la apelación de la instancia correspondiente. Ello, sin perjuicio de continuar -como se ha hecho-, cumpliendo las funciones que encomiende el citado Tribunal, en esta causa, de ser el caso».

Dicho en palabras simples, el Instituto Nacional de Derechos Humanos no defendió la decisión de traslado que otorgó el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. “No quiso seguir como interviniente, debido pareciera, a la presión política en torno al caso”, declara Yanira González Henríquez, abogada del equipo defensor de Ramiro.

“Solo responde a una decisión política el hecho de que el INDH no haya querido presentarse a la audiencia de alegatos en la apelación del traslado y es por esas circunstancias también que a Mauricio le revocan la resolución del 7° Juzgado de Garantía, y en donde sí compareció el INDH. De hecho, la colega estaba dispuesta, como siempre lo hacen, a alegar en la Corte. Sin embargo, por una decisión del gabinete o del Director, el señor Micco, no tuvo la autorización de poder defender la resolución de traslado solicitada por la defensa y apoyada por el INDH”, añade González Henríquez.

La abogada defensora que compareció la audiencia de traslado junto con su colega del INDH, señala que la leguleya de la institución fue vetada por comparecer a esa audiencia. Mientras, se le hizo la consulta al equipo de comunicaciones del INDH de ¡por qué no siguieron como intervinientes en la causa?, a lo que respondieron que no hubo un requerimiento del tribunal.

Finalmente, lo que se concretó fue el traslado -junto a otros presos políticos- a la Cárcel de Rancagua, donde se encuentra en similares condiciones de aislamiento. El traslado se realizó, en palabras de la defensa, “como medida de castigo colectivo después de la entrevista dada por Hernández Norambuena al programa Mentiras Verdaderas”.