Este martes 23 de marzo, la Defensoría de la Niñez presentó una querella por el delito de apremios ilegítimos luego de un operativo de Carabineros realizado el sábado en Bajos de Mena (región Metropolitana), que dejó lesionados a un lactante de cuatro meses y una niña de 10 años, cuando desde un vehículo institucional funcionarios policiales lanzaron gas pimienta mientras transitaban por una feria libre de Puente Alto.
La Defensoría contactó a la madre de los menores afectados y remitió los antecedentes del caso al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) «de manera tal que este, ejerciendo sus competencias legales, se pueda querellar por el delito de apremios ilegítimos en contra de personal policial (…) esperamos que prontamente establezca las responsabilidades penales de los funcionarios”, indicó la defensora de la niñez, Patricia Muñoz.
A juicio de Muñoz, los funcionarios de Carabineros procedieron “absolutamente fuera de las exigencias que imponen los estándares internacionales de DD. HH. y los propios protocolos policiales”.
En esta línea, la funcionaria indicó: “esperamos que estas acciones que hemos realizado como Defensoría de la Niñez tengan como consecuencia que la investigación que lleva la Fiscalía Sur prontamente establezca las responsabilidades penales de estos funcionarios“.
Por su parte, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur ya abrió una investigación del caso, mientras que desde Carabineros se inició un sumario interno para establecer responsables.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados, Emilia Nuyado, miembro del Partido Socialista (PS), se pronunció el 22 de marzo en rechazo tanto del suceso ocurrido con los niños en la feria libre de Puente Alto, como del suceso ocurrido el domingo, cuando militares que realizaban controles de detención derribaron a un ciclista dejándole una grave herida en la frente, con el argumento de que se opuso al control.
Ante dichos atropellos, Nuyado anunció que a través de la Comisión de Derechos Humanos exigirán al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, Carabineros y el Ejército que respondan por estos casos.
«Si este tipo de actuaciones son justificadas desde el Gobierno y altos mandos, estaríamos hablando de un Estado que está violando los derechos sociales de los chilenos», concluyó.
Fuentes: El Mostrador/CNN Chile.