La Defensoría de la Niñez presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una solicitud de medidas cautelares a favor de los 13.382 niños, niñas y adolescentes habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, debido a los constantes episodios de contaminación en la zona que les intoxican y vulneran sus derechos humanos, que ocurren desde hace años pero que se han intensificado severamente las últimas semanas, situación que esta institución califica como “grave y urgente”.
“Dado que ya existe una sentencia de la Corte Suprema de 2019 al respecto, que aún no ha sido cumplida en su totalidad, con esta acción internacional buscamos que por fin el Estado de Chile despliegue todas las acciones necesarias para proteger y garantizar los derechos a la vida, la vida digna, la integridad personal, la salud, la educación, la vida familiar, vivir en un medioambiente libre de contaminación, de los niños, niñas y adolescentes de la zona”, advirtió la Defensora de la Niñez, Patricia Muño.
Recordemos que sólo durante este último mes, aproximadamente 400 niños, niñas y adolescentes han sido afectados por los episodios de intoxicación, a causa de la actividad industrial y minera de la zona. Por ello, desde la institución enfatizaron ante la CIDH los antecedentes del “contexto estructural de vulneraciones de derechos humanos a los niños, niñas y adolescentes”, es decir, el largo tiempo que se ha producido esta situación de contaminación, sin soluciones concretas que aseguren los derechos de niños, niñas y adolescentes de esta zona de sacrificio.
Una referencia importante en ese sentido es la existencia de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, dictada en el mes de mayo de 2019, que acogió un recurso de protección presentado por la Defensoría en conjunto con diversos actores de la sociedad civil y el INDH. En ella, el máximo tribunal declaró que el Estado de Chile era responsable de los hechos referidos en la acción constitucional.
“El Estado no puede propender a un desarrollo económico abandonando su rol garante de los derechos constitucionales y así, su deber de protección a la población y la familia y promoción del bien común”, razonó la Corte Suprema en esa ocasión.
Por ello, se ordenó la realización de 15 medidas, algunas de ellas sujetas a plazo determinado, otras a condición para su ejecución. Sin embargo, estas medidas no se han cumplido, y actualmente hay una tramitación pendiente en la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que no se decrete el archivo de los antecedentes, lo que daría como “cumplida” la sentencia, a pesar de lo evidente que resulta que dicha resolución no ha sido aplicada por el Estado de Chile.
Otro de los antecedentes remitidos a la CIDH son los datos proporcionados por el estudio “Afectación de niños, niñas y adolescentes por contaminación en Quintero y Puchuncaví” (2018), y el último Oficio enviado por la Defensoría al Ministerio de Salud, en marzo de este año, en el que le pide antecedentes específicos sobre niños, niñas y adolescentes afectados por últimos episodios de intoxicación, información sobre las medidas adoptadas, las acciones para constatar niveles de contaminación y la protección de la salud de ellos y ellas, el que hasta la fecha no ha sido respondido.
Finalmente, desde el organismo indicaron que la solicitud de medidas cautelares se fundamenta en la necesidad “de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de los niños, niñas y adolescentes como sujetos del derecho internacional de los derechos humanos, debido a la contaminación diaria del medio ambiente de las comunas de Concón, Quintero, Puchuncaví y Ventanas”.
De esta manera, se solicita a la CIDH la decisión de la petición que permita disponer “con urgencia, todas aquellas medidas que tutelen los derechos humanos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes habitantes de la zona afectada y, entre otras, ordene al Estado de Chile la inmediata determinación epidemiológica de enfermedades de los niños, niñas y adolescentes de la zona, la determinación científica precisa de todos los compuestos químicos contaminantes (sean que estén regulados o no) y su efecto en la salud de los niños, niñas y adolescentes, así como ordenar al Estado de Chile la inmediata paralización de la actividad industrial en la zona durante el tiempo que sea necesario para, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, tutelar el ejercicio de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes”.
«Hemos tomado la decisión de recurrir a instancias internacionales, para efectos de poder ver si es que logramos de esa manera que esta situación se acabe. Los niños, niñas y adolescentes de Quintero y Puchuncaví no pueden seguir viviendo en esta condición», recalcó la Defensora Patricia Muñoz.
Finalmente, la Defensora de la Niñez, si bien valoró la decisión del cierre de la fundición de Codelco Ventanas, recordó que dicha medida «es solo un paso. Hay muchas más empresas en ese lugar que siguen generando estos procesos de contaminación y siguen provocando intoxicaciones masivas a los niños».
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