Defensoría pide sobreseimiento en caso contra 21 magistrados de la Corte de Santiago por presunta prevaricación judicial

Un total de 20 magistrados de la Corte de Santiago y una de Suprema, podrían resultar beneficiados con la suspensión de una investigación adelantada en su contra por parte del Ministerio Público, por el presunto delito de prevaricación judicial (sentencia injusta), luego de que la Defensoría Penal Pública (DPP) solicitará el sobreseimiento de la causa.

Según se dio a conocer, la DPP, representada por los abogados Octavio Sufán, Alejandra Lobos y Bárbara Antivero, solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que se programe una audiencia “urgente”, amparándose en el artículo 159 del Código Procesal Penal (CPP), el cual establece que por la vía de una resolución judicial puede anularse un procedimiento legal defectuoso.

El caso contra los magistrados Guillermo de La Barra, Miguel Vásquez, Juan Cristóbal Mera, María Soledad Melo, Jessica González, Marisol Rojas, Mireya López, Jaime Balmaceda, Alejandro Rivera, Paola Plaza, Dobra Lusic, María Rosa Kittsteiner, Lilian Leyton, Jenny Book, Gloria Solís, Elsa Barrientos, Inelie Duran, Alberto Amiot, Adelita Ravanales (hoy ministra de la Suprema), Rafael Andrade y Juan Carlos Silva; fue producto de una denuncia interpuesta por el abogado Fernando Leal.

Hace unos meses, Leal querelló luego de que dichos ministros revocaran en marzo en 2020, por la vía administrativa, una determinación jurisdiccional, durante un pleno de la Corte convocado especialmente para analizar la decisión adoptada por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, en 2020, quien otorgó la libertad a un grupo de 13 imputados vinculados al estallido social de octubre de 2019.

De acuerdo con BioBioChile, terminado el ampliado, se resolvió que Urrutia fuera trasladado como castigo -sin existir un sumario de por medio- al tribunal de cobranza, puesto donde permaneció un año y medio, hasta que el resto de los ministros de la Corte de Santiago no inhabilitados, recientemente le devolviera su cargo, con una resolución que criticaba sutilmente la sanción y el actuar de sus colegas.

Entretanto, la querella de Leal quedó en manos del fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, previa orden del fiscal nacional Jorge Abbott.

Curiosamente la causa en el sistema digital de la judicatura está en calidad de secreta, cuando indagatorias por otros delitos es posible encontrarlas en la web judicial sin dificultad.