Denuncian ilegalidad en impedimento de la PDI a juntas de vecinos para entregar certificados de residencia a extranjeros

Todo comenzó el 18 de julio de este año, cuando en la Primera Compañía Cuerpos de Bomberos de Santiago se realizó una reunión informativa respecto a la emisión y entrega de certificados de residencia para extranjeros por parte de las Juntas de Vecinos de la comuna de Santiago, convocada por la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la PDI.

En dicha instancia, según informaron los asistentes a la cita, el funcionario de la PDI, Juan Toledo, señaló que las Juntas Vecinales ya no están autorizadas ni facultadas para otorgar certificados de residencia a los extranjeros.

Esto, a pesar de que hoy se encuentra vigente la Ley N° 20.718 (2014), la que modificó la Ley N° 19.418 (1997), habilitando a las juntas de vecinos a otorgar certificados de residencia sin hacer distinción alguna entre los requirentes nacionales y foráneos.

Como manifestaron los firmantes, “si bien las Policías de Investigaciones de Chile y Carabineros deben controlar el ingreso y egreso de los extranjeros e impedir que entren o salgan del territorio nacional personas que no cumplan los requisitos de la Ley de Extranjería (D.L. 1.094/75), con esta última información, se están atribuyendo ilegalmente facultades que escapan de su mandato legal y competencias, buscando privar a las Juntas de Vecinos de atribuciones legales, con la sola finalidad de potenciar y fortalecer su rol persecutor y de control respecto a extranjeros en Chile, desviando su misión que es la investigación de delitos, y no prevención que es otorgada a Carabineros”.

“Al establecer diferencias en la entrega de este documento entre nacionales y extranjeros, se vulnera el derecho a la igualdad (de trato) consagrado en la Constitución Política y en diversos tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en Chile, y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. También se vulnera el artículo 7º de la Constitución Política, toda vez que la PDI se está atribuyendo autoridad o derechos distintos de aquellos que expresamente se les han conferido en virtud de la Constitución y las leyes”, señalaron las organizaciones por medio de una carta.

Además advirtieron que establecer esta diferenciación, “sólo acarreará problemas; como una sobrecarga a la entidad policial que en estos días se encuentra colapsada, exponiendo en riesgo a la población de los delitos de crimen organizado y narcotráfico, cibercrimen, delitos ambientales, económicos y funcionarios, para los cuales está destinada esta entidad especial. Cabe recordar que antiguamente los certificados de residencia los emitían Carabineros, lo cual constituía una recarga de trabajo, que los distraía de funciones relevantes como la prevención de delitos, razón por la cual se otorgó este cometido a las Juntas de Vecinos, por lo que la medida significa un retroceso”.