Denuncian injusta persecución judicial contra usuario de cannabis medicinal en Aysén: Ministerio Público pide 10 años de cárcel por «cultivo ilegal»

En un estado de preocupación constante asegura estar el cannabicultor Demetrio Jiménez, quien fuera colaborador de la Fundación Daya en Aysén, mientras espera que se dicte condena en su contra tras un duro revés judicial en el Tribunal de Aysén, que determinó su culpabilidad en dos causas de cultivo de cannabis para uso medicinal y por las cuales el Ministerio Público pide 10 años de cárcel en total.

“Ya no duermo tranquilo”, dice en una videollamada desde Coyhaique, donde relata cómo ha enfrentado todo este proceso que, recalca, es el más duro que le ha tocado vivir en sus 37 años, todo mientras cuida que sus hijos no escuchen lo que conversa, para no preocuparlos.

Jiménez cuenta que sus abogados ya preparan una apelación al dictamen judicial y que en este momento lo único que quiere es aprovechar al máximo el tiempo con su familia, ante el temor de quedar en prisión preventiva nuevamente mientras su causa se resuelve. En ese sentido, no se explica cómo tres médicos pueden validar su diagnóstico y tratamiento e incluso así, ser tratado como un delincuente por el Ministerio Público. 

Para Nicolás Dormal, cofundador y director de Fundación Daya, “el caso de Demetrio nos tiene consternados y solo viene a revelar la falta de comprensión hacia quienes viven con problemas de salud y han encontrado alivio con el uso medicinal del cannabis. Es una realidad también, que quienes han iniciado este camino, que no es otro que el que se viene desarrollando en gran parte del mundo, se dediquen a acompañar a otros pacientes con sus cultivos y enseñando a realizar sus formulaciones medicinales. Demetrio, además de ser paciente ha sido proactivo en generar lazos con su comunidad, ayudando a quienes lo necesitan. El cultivo de cannabis para uso personal y/o medicinal es lícito en Chile y los tribunales en las diferentes regiones del país aún no unifican sus criterios, afectando en este caso a alguien que nada tiene que ver con actos delictuales.”

Por su parte, la Diputada Ana María Gazmuri, fundadora de Fundación Daya, manifestó que “nos resulta doloroso e indignante ver tanta insensatez, particularmente a estas alturas, haciendo caso omiso a la extendida realidad nacional del uso medicinal del cannabis, en cuyo desarrollo y democratización del acceso, personas como Demetrio han jugado un rol clave como miembros activos de sus comunidades. Acompañó y capacitó a múltiples familias que requerían  acceder a los usos medicinales de esta planta. La ley 20.000 persigue el tráfico, siendo el bien jurídico protegido la salud pública. Demetrio no traficaba, como quedó demostrado, y fue un activo colaborador en mejorar la salud de su comunidad. Este absurdo debe terminar, esto no puede seguir ocurriendo en Chile”.

Al cierre de esta y a la espera del fallo, se informó que la Defensoría Penal Pública realizará todas las acciones que correspondan para revertir este adverso resultado que acongoja a toda la comunidad cannábica nacional.