Durante esta mañana, la Corporación Deportes Down, una organización sin fines de lucro que fomenta el deporte en niños con Síndrome de Down, denunció el marco legal en que se amparan las empresas para pagar, en ocasiones, menos del sueldo mínimo a jóvenes trabajadores en esta condición.
Así lo explicó el presidente de la Corporación, Eduardo Arévalo, quien recalcó que la ley 18.600 que rige en la actualidad, señala en su artículo 16 expresamente que «en el contrato de trabajo que celebre la persona con discapacidad mental, podrá estipularse una convención libremente convenida entre las partes, no aplicándose a este las normas sobre ingreso mínimo«.
A juicio de los afectados, la vigencia de esta norma es una medida de tono “apartheid”, que impide la autonomía económica de los jóvenes y los condena a depender de sus padres.
«Esto permite que en muchos casos queden bajo el sueldo mínimo, lo que a mi juicio es un hecho discriminatorio», enfatizó Arévalo. Además, agregó que en la práctica se menosprecia a las personas con discapacidad, relativizando el valor de su trabajo y tiempo invertido.
La presidenta Bachelet ya ingresó una indicación sustitutiva al proyecto de ley que crea un Sistema de Inclusión Laboral para personas discapacitadas, buscando derogar este artículo. La propuesta de la Mandataria ya pasó su primer trámite en la sala del Senado y está a la espera de su promulgación.
«Esa norma cuando fue creada, ciertamente que fue pensada para incentivar la contratación. Ahora, en un país con 23 mil dólares per cápita, que es el caso de Chile, la realidad cambió, y ciertamente que esa es una discriminación odiosa que no puede persistir, por tanto lo que establece el proyecto es que no puede haber un salario inferior para una persona con discapacidad mental al salario mínimo«, señaló el ministro de Desarrollo Social, Marco Barraza, en su momento.
Sin embargo, las denuncias de las familias con niños con Síndrome de Down proliferan: recientemente enfrentaron dos casos de jóvenes que realizaron su práctica de garzones en una conocida cadena de restaurantes, donde no se les asignó un peso por concepto de alimentación y locomoción.
«El artículo 8 del Código del Trabajo señala que las prácticas de estudiantes el empleador debe suministrar la colación y la movilización y que ese gasto no constituye remuneraciones, sino que es una compensación. En este caso estos jóvenes hicieron su práctica y no les dieron ni locomoción ni alimentación, lo que a nuestro juicio constituye un acto descriteriado y discriminatorio», afirmó Arévalo.
LAS DEUDAS DE UN FALSO PAÍS SOLIDARIO
La inclusión de jóvenes con Síndrome de Down al mundo laboral plantea un desafío amplio a las autoridades y empresas empleadoras. Primero, porque ellos y ellas no pueden viajar solos hasta su lugar de trabajo, por lo que deben estar acompañados de algún familiar que los espere durante sus horas de trabajo. Por ello, la corporación que trabaja con ellos y sus familias aclara que las empresas deben acomodarse y estar a la altura de sus necesidades.
En Chile, más del 70% de las personas con discapacidad se encuentran cesantes, lo que habla de lo mucho que falta aún para que nuestro país se convierta en un lugar donde éstos y éstas tengan la opción de desarrollarse a plenitud. En este sentido, la vigencia de la actual normativa impide la autonomía económica de la población discapacitada y los condena a ser dependientes para siempre.
En el caso de las personas que reciben una pensión asistencial del Estado, el beneficio sólo se pierde si la remuneración supea los dos ingresos mínimos mensuales, aunque puede ser retomado en caso de cesantía.
«Un joven con Síndrome de Down termina el colegio a los 24 años, en general, y después estos jóvenes se quedan en la casa, viendo televisión o haciendo nada, lo que los transforma en personas sedentarias y obesas y además no se pueden quedar solos. Aumentan sus patologías y lo que nosotros tratamos de desarrollar a través del deporte es tenerlos activos y poder incluirlos laboralmente», explica Arévalo.
La situación obliga a Chile, un país que se autodefine como solidario sólo en vísperas de la Teletón, a dejar los eufemismos y trabajar en darle a las personas discapacidades el lugar que les corresponde en nuestra sociedad.
«Basta de eufemismos, en los discursos de los políticos todos aparecen hablando de personas con «capacidades diferentes» cuando se refieren a los niños con Síndrome de Down. A mí juicio se ponen en la vereda del frente y simplemente se lavan las manos. Hay que reconocer que son personas con una discapacidad cognitiva y cuando lo hacemos, simplemente nos ponemos en sus zapatos y trabajamos para ayudarlos e incorporarlos», recuerda el presidente de Deportes Down.
El compromiso principal les queda a las empresas, que bajo las lógicas de Responsabilidad Social Empresarial incluyen a trabajadores de esta condición sin hacerse cargo de los deberes que implica. «En la práctica sólo dan verdaderas limosnas», agrega Arévalo, cuestionando la falsa integración. «Tengo una niña de 19 años que tiene el sueño de trabajar en Jumbo, como reponedora, y poder comprarse algún día una casa. ¿Cómo le explico que no? Después ellos mismos se dan cuenta de que en ningún lugar los reciben», cierra.
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