Esta semana, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Llanquihue, denunció que los ejecutivos del Grupo Suez no quieren negociar un nuevo pacto colectivo con 300 trabajadores sindicalizados de Essal, filial del grupo controlador Aguas Andinas.
De acuerdo a la información entregada por la CUT, «los ejecutivos se aprovechan de la contingencia social para imponer una relación laboral desigual y precaria, que en materia de salarios, tiene a un tercio de la fuerza de trabajo de Essal con ingresos por debajo de la línea de la pobreza, mientras los ejecutivos reciben rentas 50 veces superiores a la de los operarios de los servicios, que tienen turnos de emergencia de 24 horas, y donde el fin de semana su hora turno cuesta $145 (US$0,19), un abuso».
En este contexto, los 300 trabajadores sindicalizados de Essal presentaron en su pliego un reajuste de salario por sobre el de la inflación (IPC), ya que los últimos 10 años no han tenido un reajuste real. Pero, la empresa ofreció un monto fijo parejo para todos de $18.000 (US$23,99).
Desde la CUT, indicaron que los trabajadores aspiran a un monto de $90.000 el primer año (US$119,96), solicitud que fue mal recibida por los ejecutivos, quienes, según la CUT, «en vez de mantenerse en la mesa se fueron de celebración de fiestas de fin de año», en circunstancias que la mesa debe alcanzar un acuerdo antes del 31 de diciembre, fecha en que expira el actual contrato con sus trabajadores.
«Las 20 empresas sanitarias que operan en Chile, agrupadas en la asociación gremial conocida como ANDESS, han logrado frenar todo mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del sector sanitario, por ello, en la última reforma laboral, sus empresas mantuvieron su condición de privilegio, imponiendo a sus trabajadores la prohibición del derecho a huelga, acogiéndose a la Constitución del 80 (dictadura) que le da a las empresas publicas el estatus de servicio estratégico», o sea, «que no pueden paralizar», explican desde la CUT de Llanquihue.
Esto, señalaron, «va en detrimento de los derechos de los trabajadores a la hora de negociar un pliego colectivo, lo que le permite mantenerlos en precarias condiciones, lo que redunda en poner en riesgo el servicio que se entrega a la población».