La Red por la defensa de los territorios ha señalado que la FISCALÍA a pesar de poseer una nutrida carpeta de antecedentes se ha negado a investigar atentados que estarían relacionados con las empresas forestales y sus grupos de seguridad.
“La Fiscalía de la Araucanía a pesar de haber incorporado la tesis del autoatentado en 2012 ante evidentes antecedentes en el marco de los incendios forestales que se expandieron en más de 50 mil hectáreas en dicho año y que la mayoría tendrían relación con la plaga de la avispa taladradora que mata la madera y que no tiene seguro, pero si tienen seguro de incendio, no quiso investigar, lo que habla del conflicto de interés que hay al interior del Ministerio Público con respecto a la relación de fiscales con empresarios”, indicó la Red por la Defensa de los territorios.
La Red por la Defensa de los Territorios señaló que se reunieron con la Fiscalía Nacional en septiembre del 2015 donde se comprometieron a investigar una serie de denuncias que dan cuenta de atentados que vinculan directa o indirectamente a las mismas empresas forestales, sin embargo a la fecha no han hecho absolutamente nada, razón por la cual evalúan acciones legales al respecto para que se determinen responsabilidades ante la ola de incendios donde varios focos han sido intencionales, incluso, algunos provocados con paracaídas como se demostró en San José del Maipo recientemente.
“La Fiscalía Nacional, luego del ingreso de una serie de antecedentes relacionados a atentados incendiarios sobre plantaciones forestales y que estarían vinculados a grupos sicarios – mercenarios e intereses forestales ya sea directa o a través de entidades de seguridad, había determinado derivarlos para el levantamiento de líneas de investigación en las Fiscalías del Bio Bio y la Araucanía, este según carta Gabinete N° 257 del 2015, sin embargo a la fecha no han hecho absolutamente nada”, denunció la Red.
Las organizaciones denunciantes vienen señalado que luego de años de existir una serie de antecedentes, varios de hechos públicos, no es concebible que jamás se haya levantado líneas concretas de investigación y que esta instancia pública haya realizado exclusivamente persecuciones a causas Mapuche, sin atender contextos ni otros modus operandi.
Los antecedentes que se ingresaron formalmente en septiembre del 2015 a la Fiscalía, fueron suscritos por las siguientes organizaciones: Red por la defensa de los Territorios (Araucanía); Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA); representaciones estudiantiles y ambientales, carpeta con más de 300 páginas que dan cuenta sobre testimonios de ex guardias vinculados a empresas de vigilancia en predios forestales; confesiones de obreros pagados para cometer atentados e incriminar a dirigentes Mapuche; peritajes inconclusos y causas judiciales abandonadas relacionados a atentados forestales y grupos mercenarios; ex agentes del servicio de inteligencia de la dictadura militar como prestadores de servicios de vigilancia a empresas; testimonios públicos de parlamentarios; investigaciones periodísticas y opiniones jurídicas, entre otros documentos.
Además se entregó a la Fiscalía datos de la relación entre incendios de plantaciones forestales con plagas en los monocultivos; montajes informativos, siendo varios los antecedentes que desprenden tesis relacionadas a la existencia de grupos mercenarios con la intención de criminalizar causas del Pueblo Mapuche, intensificar acciones represivas a comunidades, cobros de seguros y colusiones de sectores empresariales, políticos y operadores de justicia en la Región de la Araucanía.
Para las organizaciones denunciantes, es inconcebible que con más de 15 años de antecedentes en su mayoría de carácter policial, el Ministerio Público jamás ha establecido líneas de investigación para determinar actos y responsabilidades relacionados a los intereses de empresas forestales, particularmente de las compañías forestal Mininco y Arauco, en cambio los fiscales hayan preferido tendenciosamente, con sesgo y racismo, levantar una abierta persecución a causas del Pueblo Mapuche, más aún, cuando en varios de estos hechos, se aplicó la Ley interior de Seguridad del Estado y la Ley anti terrorista, ha indicado la Red por la defensa de los territorios.
Para la Red por la Defensa de los Territorios ha señalado que Fiscalía no hace su trabajo cuando involucra intereses de ciertos latifundistas coloniales o empresas forestales, lo que habla de los directos vínculos de operadores de la justicia con intereses políticos vinculados con ese sector, haciendo referencia al ex Fiscal regional en la Araucanía, Francisco Ljubetic y también en particular, al ex persecutor Luis Chamorro, ex Fiscal quien por años llevó acciones de criminalización contra numerosos comuneros Mapuche, quien renunció a su cargo en mayo del año 2014, aduciendo razones de salud para desvincularse para prestar servicios en calidad de lobista para la empresa forestal Arauco, del grupo Angelini.
La Agencia EFE publicó a inicios de septiembre del 2015 que organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, ambientales e indígenas acusaron a la Fiscalía de Chile de «estigmatizar» a la comunidad mapuche al presentar antecedentes relacionados con atentados incendiarios en el sur del país atribuidos a ese pueblo indígena, informaron fuentes oficiales: «Existen incidentes que han venido pasando en los últimos años que han sido atribuidos al pueblo mapuche sin que la Fiscalía Nacional haya hecho una investigación pertinente», publicaban los medios relacionados a la agencia.
La imagen que se acompaña corresponde al ingreso de antecedente a la Fiscalía en septiembre del 2015.
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Autoatentados en la Araucanía: Fiscal Chahuán recibe antecedentes (EL CIUDADANO)