Los comuneros mapuche en la cárcel de Angol llevan más de 90 días en huelga de hambre y debido a al nulo avance de Gobierno para llegar a una solución política adecuada, decidieron tomar una medida aún más drástica iniciaron el miércoles una huelga seca de carácter indefinido.
En conversación con El Diario de Cooperativa, la abogada Isabel Figueroa -que representa a varios de los presos políticos , como Juan Patricio Queipul y Juan Calbucoi- reveló el preocupante estado de salud de los comuneros, dando cuenta que «están muy graves, ya no se levantan de sus camas desde hace un buen rato ya».
«Ellos comunicaron (el miércoles) a los dirigentes, lonkos y a los werkenes -que son sus representantes en esta huelga de hambre- que iniciaron la huelga seca, esto atendido la no disposición del Gobierno a sentarse en una mesa de alto nivel político con los representantes mencionados, que son quienes efectivamente podrían destrabar la huelga», agregó.
«Esta drástica medida viene a poner de manifiesto que el Gobierno ha usado la tortuosa medida de dilatación en la conversaciones, con el propósito de no atender las demandas planteadas por los huelguistas Mapuche», indicaron las Comunidades en Resistencia de Malleco y los Familiares de los Prisioneros Políticos Mapuche en un comunicado.
La jurista indicó que la mesa solicitada «no es como la que el Gobierno propone, que es una mesa que ya estaba andando, que no es una mesa, es como asistir a unos diálogos interculturales y religiosos y el Gobierno quiere que se sienten ahí a tratar el tema de la huelga como uno más de los otros temas. Eso los huelguistas no lo han aceptado».
Figueroa reafirmó que los comuneros piden aplicación del Convenio 169 de la OIT, que se hace cargo de las particularidades en materia jurídica cuando se trata de condenados o procesados pertenecientes a pueblo originarios.
«Aquellos condenados deben tener la posibilidad de salir de la cárcel, ya sea en su comunidad para su cumplimiento (de la condena) acorde a su cosmovisión mapuche o en algún otro lugar, que no sea el cumplimiento dentro de la cárcel», explicó.
La abogada condenó que en Chile no se han respetado los derechos humanos de los pueblos indígenas y, en particular, de los condenados, por lo que se le pide al Estado «que se busque la manera de que efectivamente se garantice y se respeten esos derechos que han sido vulnerados por el Estado, antes de llegar a una instancia internacional».
Insistió en que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, «tiene todas las competencias políticas, legales, para poder resolver y dar una solución al tema de la huelga«.
«Es la persona que tiene todas las competencias para poder desatar esta huelga«, subrayó.
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