El presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, se encuentra en Chile en estos momentos para impulsar el Foro por el Progreso (PROSUR). Pero no es lo único que tiene previsto en su agenda, ni lo único que pretende agilitar.
Según informes de prensa, el presidente Moreno tiene la intención de firmar un convenio con el gobierno chileno para agilitar la creación de una empresa mixta donde participarán la empresa minera estatal ecuatoriana, ENAMI, y la también estatal chilena Codelco.
La finalidad de la empresa mixta es explotar el yacimiento cuprífero en la zona de Intag, provincia de Imbabura, conocida como el proyecto minero Llurimagua; antiguamente Junin, donde durante décadas se han cometido, y se siguen cometiendo, flagrantes violaciones a los derechos humanos.-
La propia Contraloría General del Estado, en enero del año en curso, detectó un sinnúmero de violaciones a las leyes ecuatorianas, a los permisos, licencias, regulaciones, y a la propia Constitución por entes estatales encargados con el deber de proteger a las poblaciones y a la naturaleza.
Las violaciones fueron de tal magnitud, que se estima hubo causales para suspender el proyecto minero. Aquí cabe señalar que la exploración minera que se ha llevado a cabo en Llurimagua en estos últimos años ha sido financiada casi el 100% por el pueblo chileno, a través de Codelco.
Firmará el convenio Moreno conociendo todo esto, y el hecho de que el sitio donde Codelco propone abrir la mina de cobre a gran escala se encuentra en bosques primarios albergando cientos de especies en peligro de extinción y donde, hasta cuando fue invadido por la fuerza pública, conformaba parte de un proyecto comunitario de turismo ecológico.
Adicionalmente, el área es extremadamente rica en recursos hídricos prístinos, donde llueve casi 3.000 veces más que el desierto donde Codelco extrae su cobre en Chile. En pocas palabras, en un sitio donde las condiciones conjugan para crear uno de los grandes desastres ambientales mundiales.
Se pretende firmar dicho convenio en pleno conocimiento de que las poblaciones potencialmente afectadas por el proyecto minero jamás han sido consultadas previamente, según demanda el artículo 398 de la Constitución; donde la minería contradice directa y tajantemente los planes de desarrollo de los gobiernos locales, y choca frontalmente con el desarrollo sostenible de la provincia de Imbabura identificado en los lineamientos de la designación de Geoparque por las Naciones Unidas en marzo del año en curso, al igual que a los lineamientos de la Área de Conservación y Uso Sustentable en la zona de Intag.
Como si fuera poco, la zona también se encuentra dentro del área de amortiguamiento de una de las áreas protegidas más importante del país y del mundo, la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas.
Por otro lado, firmar el convenio, sería una condena de muerte a la naciente actividad turística de toda la zona de Intag, y una traición a los derechos constitucionales, como son los derechos de la naturaleza, el deber constitucional del estado de impulsar un desarrollo sostenible, de proteger la biodiversidad, y de garantizar a los ciudadanos vivir en una cultura de paz.
Dado los últimos cambios al marco jurídico en el país para atraer la inversión minera, lo cual no dejará ni siquiera migajas para el Estado o comunidades, y el rechazo rotundo por las poblaciones inteñas a la minería durante estos últimos 24 años, el único convenio que el Presidente debe firmar en Chile es uno que agilite la salida de Codelco de la zona de Intag de forma pacífica, y definitiva.
Fuente: Boletín DECOIN, Defensa y Conservación Ecologica de Intag
Vía OLCA
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