Derecho a la comunicación en la nueva Constitución de Chile

Por Andrés Kogan Valderrama, integrante del Comité Científico de Revista Iberoamérica Social, Miembro del Movimiento al Buen Vivir Global

El pasado 2020 se cumplieron 40 años desde que la UNESCO lanzó el Informe MacBride, conocido también como “Voces múltiples, un solo mundo”, que visibilizó la alta concentración económica existente en los medios de información a nivel planetario y la posibilidad de construir un nuevo orden que democratice la comunicación.

Un informe que si bien fue precursor en lo que respecta a recomendaciones para impulsar políticas de comunicación desde los Estados, tuvo una oposición tanto de parte del bloque capitalista (Estados Unidos), principal promotor del libre mercado de la información, como desde el bloque socialista (Unión Soviética), principal impulsor de la centralización de la información desde el aparato gubernamental.

Es así como ambos bloques imperiales no estuvieron dispuestos a garantizar en sus legislaciones el acceso y participación en los medios de parte de la sociedad y de sectores invisibilizados y perseguidos históricamente, al usar a la información como una mera mercancía e instrumento para colonizar a los pueblos.

En el caso de Chile, el informe MacBride no fue tomado en consideración durante la década de los 80 por la dictadura, a través de una constitución que se ha centrado en el derecho a la privacidad y libertad de expresión individual, en desmedro de una mirada colectiva y participativa que conciba a la comunicación como parte de un proceso relacional y democrático.

Asimismo, esta constitución subsidiaria, hecha a la medida de los grandes grupos económicos del país, dio plena libertad a un mercado de medios, el cual se fue concentrando cada vez más. Lo que fue acompañado por medios públicos, cooptados por el régimen militar, que sólo se dedicaron a entregar propaganda oficialista.

Lo más dramático de esto, fue que con la vuelta a la democracia, la situación de los medios empeoró, ya que la concentración económica aumentó y los medios públicos, como son los casos de Televisión Nacional de Chile y La Nación, fueron desfinanciados completamente desde el Estado, haciéndolos competir con los medios privados.

Esto como consecuencia de lo realizado por la coalición de izquierda social de mercado, Concertación, en donde uno de sus grandes ideólogos, Eugenio Tironi, planteó que “la mejor política comunicacional es no tener política comunicacional», evidenciando el abandono total del Estado y negando la posibilidad de ver a la comunicación como un derecho humano.

Las consecuencias de esa mirada despolitizada y comercial de la comunicación, generó que desaparecieran buena parte de los medios críticos de la dictadura (Apsi, Análisis, Hoy, Cauce, Fortín Mapocho, La Época, Bicicleta) y el inicio de un campo de comunicación estratégica, impulsado por Enrique Correa (Imaginaccion), Pilar y María de la Luz Velasco (Extend) y el mismo Tironi, quienes han asesorado y limpiado la imagen a los grandes grupos económicos del país

En lo que respecta a la situación de la concentración económica de los medios de información en la actualidad, la situación no da para más. El duopolio conformado por el grupo Mercurio SAP y COPESA concentra el 82% de los lectores y el 84% de la publicidad para la prensa escrita. Sobre la concentración de radio y televisión hay cuatro conglomerados que concentran el mercado también (Grupo Prisa, Grupo Luksic, Grupo Bethia y Grupo Dial).

Frente a esto, es un gran paso la creación reciente del Bloque por el Derecho a la Comunicación, el cual agrupa a distintas organizaciones que están demandando una ley de medios que desconcentre y promueva el pluralismo de voces, distribución equitativa del avisaje estatal, fomento de medios comunitarios e indígenas, derecho a internet, televisión pública, educativa y cultural, promover medios no sexistas ni racistas y descentralizados, garantizar protección de datos personales (1).

En consecuencia, lo que se busca es que la comunicación sea vista no como un medio sino como un proceso de convivencia democrática, en donde nos podamos relacionar en igualdad de condiciones y más horizontalmente, desde miradas y experiencias alternativas (feministas, socioambientales, plurinacionales, regionales, comunales, barriales), dejando atrás cualquier intento de cooptación partidista o comercial de parte de unos pocos solamente.

Por suerte nos encontramos en medio de un proceso constituyente en Chile, en donde el Derecho a la Comunicación tendrá que ser discutido necesariamente por las y nuevos convencionales elegidos el próximo 11 de abril.

(1) Integrado por el Colegio de Periodistas de Chile, Red de Periodistas Feministas, Fundación Datos Protegidos, Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Mujeres en el Medio, Diario El Siglo, El Desconcierto, Página 19, Radio Universidad de Chile, Comité por la Defensa de la Televisión Pública, Radio Juan Gómez Milla de las Escuela de Periodismo Universidad de Chile, ONG ECO: Educación y Comunicaciones, UPLA TV (Canal Universitario de la Universidad de Playa Ancha), Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, Observatorio del Derecho a la Comunicación, Red de Periodista Migrantes y la fotógrafa Nicole Kramm. Fuente: https://derechoalacomunicacion.cl/