En 2016, un 75% de las marchas observadas por el Instituto Nacional de Derechos (INDH) culminó con acciones represivas por parte de Carabineros de Chile; mismo año que se registró una disminución del uso de gases lacrimógenos de un 88 % en 2015 a un 62,5 % en 2016; también se vieron denuncias de golpes con resultado de lesiones y desnudamientos a personas detenidas; y el uso de armas no letales y letales en el contexto del conflicto del Estado y el pueblo mapuche.
Todo lo anterior, forma parte del informe del Programa de Derechos Humanos, «Función Policial y Orden Público 2016», realizado por el INDH y que en su quinta edición da cuenta del seguimiento al actuar de Carabineros y de la Policía de Investigaciones en el marco de manifestaciones sociales, de personas bajo custodia policial, de desalojos forzosos y de grupos vulnerables, además de la respuesta estatal ante posibles casos de violaciones de derechos.
Respecto de este último punto, el Instituto determinó las responsabilidades políticas del Estado en el actuar policial, concluyendo que faltan respuestas por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública respecto de algunas situaciones relacionadas, por ejemplo, con el incumplimiento en la actualización de las cifras de controles preventivos de identidad efectuados trimestralmente (Ley Corta Antidelincuencia).
En la misma línea, se detectó una falta de sistematización de los datos entregados por parte de la Policía de Investigaciones y de Carabineros, e incongruencias en informaciones solicitadas al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Defensoría Penal Pública.
Es así como el INDH constató que en las manifestaciones públicas hay una falta de focalización en el uso de la fuerza por parte de Fuerzas Especiales, repercutiendo su actuación, en algunas ocasiones, en más del 50% de las personas asistentes. Asimismo, se observó que el 43% de las manifestaciones culmina con heridos.
Respecto de personas que se encuentran bajo la custodia policial, se reveló una ausencia de constatación de lesiones de quienes son detenidos, privaciones de libertad arbitrarias, y malos tratos físicos y psicológicos.
El informe también da cuenta de la función policial y de su relación con grupos vulnerables, por ejemplo con el pueblo mapuche. En este ámbito informa sobre la existencia de numerosos casos de violencia cometidos en el contexto del conflicto del Estado con el pueblo mapuche, que han afectado a comuneros/as y también a personal de Carabineros de Chile, a lo que se suma el uso de armas no letales y letales que ocasionaron daños en la integridad física y psíquica de las personas.
En relación con esto último, según el INDH, existe una ausencia de control interno en el uso de este armamento y en el cumplimiento de estándares internacionales que regulan esta materia.
En términos del trabajo de Carabineros en el contexto del desalojo de personas, en algunos casos, como campamentos, se constató que sus protocolos resultan insuficientes para delimitar su accionar. En lo práctico, el INDH dice que el uso de la fuerza aplicado no ha respetado los principios de necesidad y proporcionalidad en estas situaciones.
Casos emblemáticos
El estudio emitido por el Instituto aborda casos emblemáticos ocurridos en 2016, por ejemplo las agresiones que sufrieron dos funcionarias del INDH de la sede Antofagasta, que fueron detenidas arbitrariamente y agredidas por Carabineros cuando intentaban visitar a los/as detenidos/as luego de una marcha, función facultada por ley al INDH.
También el caso de una mujer embarazada que abortó a su hijo producto de la agresión por parte de una funcionaria de la 3ª Comisaría de Santiago, los manoseos de los que habrían sido víctimas alumnas del Liceo Manuel de Salas detenidas en una manifestación, y los desnudamientos que habrían sufrido otros jóvenes.
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