Desafíos para los estudios e investigación feminista antirracista en Chile

Por Red de Docentes e Investigadoras Feministas Universitaries (REDIFU)

En el año 2016, Ana Caroline Campagnolo demandó a su ex profesora, Marlene de Fáveri, del magíster en Historia de la Universidad del Estado de Santa Catarina, alegando “persecución política”. Campagnolo fue representante del movimiento “Escuela sin Partido” y fue una seguidora temprana de Bolsonaro; posteriormente fue elegida diputada.

En el año 2018, Hungría eliminó Estudios de Género como programa académico, citando la creencia del gobierno que las personas “nacen hombres o mujeres” y no había que financiar programas de este tipo. Tanto Brasil como Hungría (y otros países) siguen siendo, hasta el día de hoy, países liderados por gobiernos de ultraderecha que buscan, explícitamente, eliminar la “ideología de género” y limitar los derechos de las mujeres, personas LTGBIQ+ y disidencias sexuales.

En el año 2020, el Presidente Trump firmó un decreto ejecutivo que prohibió enseñar “teoría crítica racial” (Critical Race Theory, o CRT) en escuelas y universidades públicas, señalando que esta teoría se basaba en una ideología falsa que promovía la idea de que Estados Unidos era un país “inherentemente sexista y racista”. Hasta el día de hoy numerosos gobiernos estatales y locales han trabajado incansablemente para prohibir la enseñanza y los libros que tengan que ver con esta “ideología falsa”, promoviendo y normalizando de esta manera discursos y prácticas sexistas, racistas y heteronormados.

De esta forma queda a la vista que la ultraderecha no solo atenta contra los derechos de mujeres, grupos LTGBIQ+ y disidencias sexuales, sino también lo hace contra los derechos de comunidades racializadas.

En el caso chileno, en el año 2018, tres diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma, Guillermo Ramírez y María José Hoffman, denunciaron ante la Fiscalía que la agenda de la FECH (Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile) incluyera información sobre salud sexual y reproductiva y el aborto seguro. Diputados de ultraderecha en Chile han sido clave en las luchas contra los derechos sexuales y el aborto, como también contra personas feministas y disidentes sexuales. Esto se ha visto concretamente en las discusiones legislativas y los discursos políticos en torno a proyectos de ley emblemáticos, tales como la “Ley Aborto en Tres Causales”, aprobada en el año 2017, y la “Ley de Identidad de Género”, aprobada en el año 2018.

En la misma línea, en el año 2021, los diputados Harry Jürgensen y Cristóbal Urruticoechea presentaron oficios en diferentes universidades públicas, entre ellas la Universidad de Chile y la USACH, pidiendo información sobre “cursos, centros, programas de estudio que se refieran a estudios de género, ideología de género, diversidad sexual y feminismo.” También se presentó otro oficio igual en la Universidad de Valparaíso, y fueron oficiados, a la vez, hospitales públicos y organizaciones trans, respecto a servicios prestados a personas trans.

Lo anterior se enlaza con el carácter racista de la derecha representada por estos diputados, cuestión que se extrema y hace recurrente en las voces de los representantes electos de Kast, que se han caracterizado por emitir discursos racistas y contrarios a la inmigración. A modo de ejemplo, el de Johannes Kaiser – «las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo a inmigrantes que las puedan violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente»-, los de Urruticoechea que denunció “una trampa vietnamita” instalada en la casa de miembros de la CAM, por lo que fue llevado a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados; o los de Benjamín Moreno, que en medio de las repercusiones por el asesinato de Jordan Yenpi Machacan en manos de un infante de la Armada, acusó a las comunidades mapuche de ser “guerreros narcoterroristas”.

Al contemplar estos antecedentes históricos recientes, como también el contexto nacional del año pasado, hemos conformado la Red de Docentes e Investigadoras Feministas Universitaries (REDIFU), la cual reúne diferentes integrantes de la academia e investigadores/as que trabajan en el área de los estudios feministas, estudios de género, sexualidades, indígenas y afrodescendientes. Nuestra articulación ha sido una respuesta a la amenaza de los oficios presentados por los diputados Jürgensen y Urruticoechea, los cuales afectaron directamente a varies de nuestra red. No nos cabe ninguna duda que la presencia continua de partidos de ultraderecha en la política, tales como el Partido Republicano y la UDI, nos significan un riesgo mayor en términos laborales y hasta vitales. Esto por el fundamentalismo en el que se inscriben y conjugan los discursos y prácticas de la derecha moralista defensora de la tradición y la propiedad; de la ultraderecha partidaria del racismo, el machismo y la lesbotranshomofobia; y del empresariado transnacional cuya lógica extractivista sigue destruyendo diversos territorios en pos de un progreso que solo beneficia a algunas «razas», clases sociales, géneros y sexualidades y que hoy nos tiene al frente de una debacle ecológica de proporciones.

Dicha debacle fundamenta la importancia que debe adquirir la defensa territorial medioambiental impulsada históricamente por comunidades indígenas y afrodescendientes. Con la campaña presidencial de José Antonio Kast sentimos el peso de la amenaza fascista: tenemos que hacer todo lo posible para unirnos y organizarnos desde todos los espacios posibles, incluyendo los espacios académicos que tienen una larga trayectoria de trabajo en docencia, investigación y vinculación con el medio, en torno a temáticas de feminismos, género, sexualidades y antirracismo.

A la vez, la articulación de esta Red responde a otras vulneraciones y vejaciones que hemos tenido que enfrentar en nuestros lugares de estudio y trabajo. Sin duda, el “Tsunami Feminista” del año 2018 nos marcó profundamente al posibilitar el diálogo triestamental sobre el acoso sexual y la violencia de género en nuestras universidades. Sin embargo, hemos tenido que enfrentar las consecuencias de un “backlash” de autoridades y colegas frente a las denuncias, que nos han amedrentado por levantar la voz y organizarnos, acosándonos laboralmente y hasta llevándonos a tribunales por calumnias o injurias.

Se suman a lo anterior, las demandas históricas que hemos levantado en relación a la precarización laboral y las políticas de género desde todas las instituciones que forman parte del sistema de educación superior. Un ejemplo de ello, han sido nuestras demandas sobre políticas de género en los procesos de construcción de conocimiento. Recientemente se publicaron los resultados de una investigación hecha por la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: “Evaluación de brechas de género en la trayectoria de investigación”. Este estudio encontró que las mujeres ganaban un 11% menos en comparación con sus colegas investigadores y, además, recibían puntajes menores al momento de postular sus proyectos al sistema Fondecyt.

Recordemos, a la vez, que el actual sistema Fondecyt no considera el área de Estudios Feministas, ni de Estudios de Género y Sexualidades, ya que no existe ningún grupo de estudio de este tipo. En general, y a nivel interuniversitario, se puede apreciar, además, la poca validación de un campo de estudios reconocido internacionalmente, y un pobre nivel de financiamiento para programas de estudio en estas áreas. Estas desigualdades sistémicas, así como la injusticia epistémica inherente al respecto, nos impactan de sobremanera como investigadores/as feministas, disidentes sexuales y antirracistas.

Este 8 de marzo de 2022, a sólo días del comienzo de un nuevo gobierno que pretende ser feminista, queremos ocupar esta columna como señal de alerta y demanda. Sabemos que han existido conversaciones iniciales entre organizaciones de mujeres y representantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que se han manifestado positivamente frente al reconocimiento del campo de los estudios feministas, de género y sexualidades. No obstante, también sabemos que muchas veces las promesas no se concretan lo que sería muy perjudicial tomando en cuenta la avanzada fundamentalista transnacional muy presente en la política chilena y que, como dejamos a la vista, amenazan a docentes e investigadoras feministas. Así, más que nunca, es importante organizarnos como Red de Docentes e Investigadoras Feministas Universitarias (REDIFU) y poder plantear nuestras demandas, para que les académiques feministas y antirracistas de hoy y mañana tengamos condiciones laborales más justas que no pongan en riesgo incluso nuestras propias vidas.

Creemos en la necesidad de hacer frente a los desafíos de una educación feminista antirracista universitaria, que se compromete con la formación, discusión y praxis crítica para hacer frente a las violencias y desigualdades propias de sistemas y estructuras heterocispatriarcales, pero también la necesidad de abrazar perspectivas feministas decoloniales e interseccionales que han complejizado nuestras maneras de entender las injusticias y desigualdades sociales. Debemos seguir pensando y transformando las universidades en toda su complejidad, para hacer frente a la desvalorización y desprestigio de los saberes feministas y estudios de género en su diversidad así como a las diversas formas de precarización laboral que se han instalado en las últimas décadas. De tal modo, aportaremos a la construcción colectiva de una educación comprometida con la justicia social en un sentido amplio y lucharemos por las universidades que anhelamos, con un impacto social mucho más significativo. Para esto debemos comprender las amenazas de los discursos y prácticas anti-género y racistas en contextos cambiantes dentro y fuera de las universidades junto con los desafíos de las propias universidades en sus procesos de institucionalización y transversalización del género.

Por esto nos preguntamos: ¿Qué universidades queremos y necesitamos construir? ¿Qué prácticas docentes, investigativas e institucionales queremos construir colectivamente y transformar? ¿Bastan las políticas e institucionalidad de género universitaria para cambiar el quehacer universitario? ¿Basta los compromisos políticos? Compartimos la necesidad de forjar una ética feminista académica y universitaria que articule teoría y práctica, que encarne los valores que defiende y que se oponga firmemente a la instrumentalización de las políticas de género en las universidades.