Curanilahue amanece movilizado contra el desalojo de mil familias
Este jueves 27 de marzo, desde la madrugada, vecinos y vecinas de Curanilahue, en la Región del Biobío, bloquearon los accesos a la ciudad y la Ruta 160 en protesta por una orden judicial que dispone el desalojo de más de mil familias que viven en terrenos ociosos de Forestal Arauco. La empresa es el brazo forestal del Grupo Angelini, uno de los conglomerados económicos más poderosos de Chile. La medida debe ejecutarse el próximo 28 de abril.

Judicialización del conflicto por la vivienda y ola de desalojos en Chile
La orden afecta a ocho campamentos del sector La Colcha y se enmarca en una creciente judicialización del conflicto por la vivienda en Chile. En los últimos tres años, la Corte Suprema ha ratificado una jurisprudencia que ha desencadenado una ola de desalojos administrativos, como en las tomas 17 de Mayo (Santiago) y Edén de Lajarilla (Viña del Mar), además de amenazas de desplazamiento forzado en comunas como San Antonio, Antofagasta, Alto Hospicio y Arauco. A esto se suma la nueva Ley de Usurpaciones, que impone penas de cárcel a quienes participen en tomas de terrenos.

Mesa de Tomas exige justicia y negociación: “No al despojo territorial”
“El pueblo dice basta. Queremos justicia para nuestras comunidades y no al despojo territorial”, declaró a El Ciudadano el vocero de la Mesa de Tomas y Campamentos de Curanilahue. La organización anunció que se mantendrá en estado de movilización permanente y advirtió que paralizarán la comuna nuevamente si no obtienen respuestas.

Los dirigentes exigen anular el fallo judicial, al que acusan de tener vicios, y solicitan abrir una mesa de negociación para comprar los terrenos donde se han consolidado sus viviendas. Aseguran que no buscan la cesión gratuita de los predios y que muchas familias llevan más de una década intentando acceder a soluciones habitacionales por la vía institucional.

Terrenos, monopolio y abandono del diálogo tras Ley de Usurpaciones
Según denuncian, Forestal Arauco mantiene un monopolio sobre el suelo disponible en la ciudad y se ha negado sistemáticamente a dialogar con las comunidades. En ese contexto, lamentaron que con el actual Gobierno apenas alcanzaron a instalar una mesa de trabajo, la cual se desactivó tras la aprobación de la Ley de Usurpaciones. “Con este Gobierno alcanzamos a instalar una mesa de trabajo, pero todo se vino abajo tras la aprobación de la Ley de Usurpaciones”, concluyeron.
Desde Curanilahue, reporte de Santiago Castillo para El Ciudadano.