Descontrol estatal en protección contra incendios

Por Patricio Herman

Con majadería en diversas ocasiones hemos dado cuenta del desorden imperante con la aplicación de las pinturas intumescentes y como nadie se ha dado por aludido, en esta oportunidad reproducimos un reportaje publicado el reciente 6 de noviembre de 2024, en donde se dice que la Cámara de Diputados citará a las autoridades para que se aclare finalmente lo que sucede con el Estadio de San Antonio, Región de Valparaíso.

Este estadio aún carece de su recepción final de obras y la respuesta de las autoridades del poder Ejecutivo ha brillado por su ausencia, y por ello los diputados han decidido citar a estas autoridades para que esclarezcan los problemas que afectan a esta instalación, lo cual es un paso concreto hacia la rendición de cuentas.

Sin embargo, es alarmante que, a estas alturas, no se haya abordado un problema crucial: la pintura Sherwin Williams Modelo Fire Control, utilizada en el estadio no cumple con los estándares de resistencia al fuego. Este incumplimiento no solo representa un riesgo para la seguridad de los asistentes, sino que también es totalmente evitable. La solución es sencilla: retirar la pintura inadecuada y aplicar una pintura intumescente que sí cumpla con los requisitos necesarios. Es incomprensible que, después de más de dos años, esta situación no se haya resuelto, a pesar de que se asignaron fondos específicos para ello. Con incredulidad nos preguntamos ¿dónde está la ministra Jessica López? ¿Será que el anuncio de nuevas autopistas le impide abordar lo indicado? 

Este problema no es exclusivo del Estadio de San Antonio. Los diputados deben ser conscientes de que las pinturas intumescentes son obligatorias según el contrato, ya que forman parte de las especificaciones técnicas para cumplir con la resistencia al fuego demandada por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). El verdadero problema radica en que no existe un respaldo documental adecuado que garantice la aplicación correcta de estas pinturas, lo cual es un grave incumplimiento de la norma NCh935/1 y evidencia una falta de compromiso en el cumplimiento del contrato.

Cabe destacar que la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha adoptado la norma NCh3040 como parte obligatoria en sus contratos desde finales de 2022. Este marco normativo, que se puede consultar en los Requisitos Técnicos para Proyectos de Arquitectura y Especialidades (D05), incluye requisitos de seguridad que deben ser respetados. Sin embargo, se enfrentan a un mar de contratos problemáticos donde la falta de aplicación de esta norma deja indefensos a muchos proyectos, incluyendo el de San Antonio.

Por otro lado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) decidió incorporar la norma NCh3040 dentro de su propuesta de actualización de la OGUC, un proceso que ha estado estancado desde 2017 (sic), a pesar de la reciente exigencia de informar el estado de la actualización hecho por la Contraloría General de la República. Es crucial que dicho ministerio le informe a la ciudadanía sobre el estado actual de este proceso, ya que se trata de una normativa esencial para la protección de la vida de todos quienes viven en Chile. 

La necesidad de las pinturas intumescentes es universal en numerosos contratos y su costo es asumido con recursos públicos. Ante esta preocupación, la Contraloría debe aclarar cuál es el mecanismo que valida la correcta aplicación de estas pinturas, pues así se garantiza el cumplimiento de la norma NCh935/1 y los requerimientos de resistencia al fuego que cada contrato exige. Actualmente, la norma NCh3040 es el único mecanismo oficial en Chile para asegurar el cumplimiento de esta vital regulación.

Adicionalmente, el papel de la Contraloría se torna un tanto curioso, ya que su función de supervisar estas obras no ha detectado a tiempo el incumplimiento de la norma NCh935/1. El ente fiscalizador debe exigir la sanción de los revisores de arquitectura, ya que, tal como señala un experto en el tema, podría haber un trasfondo de fraudes en la seguridad contra incendios y por tal motivo esperamos que doña Dorothy Pérez, lúcida nueva Contralora, resuelva la situación asociada al cumplimiento de la norma NCh935/1. Recomendamos a los lectores que conozcan lo que dice el Especialista Certificado por la NFPA, Christian Curihuan: «FRAUDES EN SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS: EL TONGO DE LA MASIVIDAD 60«.

Ese experto entrega a la opinión pública informada su lapidario comentario, lo que nos debería obligar a recapacitar, motivo por el cual sostenemos que ha llegado la hora para que el Estado chileno actúe como un solo ente público bien coordinado, pues la seguridad de las obras públicas, financiadas con el dinero de todos los contribuyentes, no puede depender de las interpretaciones aisladas de cada institución. 

La fundación Defendamos la Ciudad, con el mejor espíritu de cooperación ciudadana, nuevamente insta a todos los servicios públicos, con competencia en la materia, para que le representen a la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu que actualice la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para que se trate correctamente el tema de los incendios, dejando regulado de una vez por todas esta temática, asegurándose así que los proyectos de infraestructura cumplan con estándares claros y transparentes de seguridad contra incendios, protegiéndose el bienestar de la ciudadanía y de los recursos públicos.

En todo caso, ya que estamos aburridos de emplazar, con publicidad, a los políticos que ejercen el poder respecto de este tema, más todavía si el Cuerpo de Bomberos de Chile, el principal interesado en la prevención de incendios, se mantiene silente, informamos que nunca más lo abordaremos, a sabiendas que pocos medios de prensa, por motivos inexplicables, lo informan.

Por Patricio Herman

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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