Despenalización del aborto y luchas feministas: El desborde de la institucionalidad patriarcal

Por Elisa Giustinianovich, Janis Meneses y Alondra Carrillo

Ayer la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el Proyecto de Ley de Despenalización del Aborto que pretendía eliminar del código penal el delito de aborto consentido hasta las 14 semanas de gestación. El proyecto tenía una pretensión sencilla: evitar que mujeres y personas gestantes sean perseguidas penalmente por interrumpir voluntariamente un embarazo.

La relevancia de este proyecto es clara: para el año 2016, se estimaba que en Chile se realizaban de 300 mil a 600 mil abortos clandestinos al año. La clandestinidad y sanción penal coexisten inevitablemente: quienes abortan lo hacen de manera oculta, sin un sistema de salud que las acompañe, en condiciones inseguras y poco dignas. Cambiar esa realidad es un mandato ético y político fundamental, planteado ampliamente durante los últimos años por el movimiento feminista.

El rechazo de este proyecto es un acto de negación a la autonomía sexual y reproductiva de las personas. Se trata de un intento evidente de sostener el control de la sexualidad de las mujeres y disidencias, y de evitar que la reproducción y la crianza sean experiencias y labores deseadas. Un acto de violencia que niega la posibilidad de decidir sobre nuestras propias vidas. 

Esto ocurre en un contexto de reacción del pinochetismo neoliberal en el cual el machismo y los discursos que cuestionan o se oponen a los derechos fundamentales de mujeres y disidencias han cobrado fuerza en la institucionalidad. En la prensa vemos cómo el odio y la misoginia se presentan como diferencias de opiniones legítimas y propias de una sociedad diversa. Como ejemplo de lo anterior, tenemos lo ocurrido con un diputado electo del Partido Republicano por el Distrito 10, quien señaló en un programa de YouTube ampliamente difundido en redes sociales tras las elecciones, que el hombre que viola a una mujer fea merecería “una medalla de honor” y que se cuestionaba si las mujeres deberían tener derecho a voto porque en su opinión votaban contra ellas mismas. Más aún, nos enfrentamos a unas elecciones presidenciales donde el líder de un partido de extrema derecha, que en la última elección presidencial no superó el 3% de los votos, disputará el cargo más importante del país con la primera mayoría de votantes en primera vuelta, como portavoz de un programa que se propone abiertamente retroceder en materia de derechos humanos, derechos que mujeres y disidencias han conquistado con años de lucha y de historia.

Hoy la regulación de los Derechos Sexuales y Reproductivos sólo existe a nivel de decretos, lo que conlleva una escasa protección legal. Los resultados no son de extrañar para un Congreso tiene una representación femenina del 23%: quienes toman las decisiones sobre la autonomía de nuestros cuerpos siguen siendo, en su gran mayoría, hombres. El régimen constitucional aún vigente ha impedido sistemáticamente avances en materias de estos derechos, en dos niveles. El primero, puesto que niega cualquier mención a los derechos de las mujeres, mientras consagra constitucionalmente la protección de la vida del que “está por nacer”. El segundo, puesto que ese régimen es defendido por un Tribunal Constitucional cuya interpretación extremadamente conservadora del texto constitucional debe ser sorteada previo a la promulgación de las leyes, incluso aunque estas tengan apoyo democrático mayoritario. Tal fue el caso de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la ley de Regulación de Fertilidad (vinculado a la píldora del día después). Lo que hoy buscamos consagrar en la Nueva Constitución son los pisos mínimos, ya ratificados por Chile en sendos tratados internacionales de erradicación de violencias contra las mujeres, como Belém do Pará y el CEDAW.

El avance del machismo en la institucionalidad que hoy se expresa en el rechazo de este proyecto, demuestra la distancia que existe entre el actual Congreso y la realidad de la mayoría de mujeres y personas gestantes. Tanto dentro como fuera de la Convención Constitucional, el feminismo construye activamente propuestas de transformación, plenamente consciente de que las normas que rigen hoy los espacios institucionales de esta democracia tutelada y neoliberal evitan la consagración plena de nuestros derechos.

Dentro de la Convención Constitucional, hemos asumido el desafío de posicionar una mirada feminista de manera transversal^[1]. Aún con los límites de la institucionalidad, las diversas trayectorias y perspectivas feministas nos hemos articulado dentro de este proceso para instalar, por ejemplo, la paridad sustantiva, el enfoque de género, la perspectiva feminista, el resguardo de los cuidados, la sanción de la violencia de género y una perspectiva que supere lo binario. Hace poco coconstruimos la primera Iniciativa de Norma Constituyente que busca consagrar el Derecho a una vida libre de violencia contra mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas, presentado el pasado 25 de noviembre en la Convención.

Fuera de la Convención, la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto trabaja una iniciativa popular de norma que será presentada a la Convención Constitucional este miércoles 01 de diciembre. Este espacio convoca a compañeras de diversas organizaciones feministas que, desde distintas áreas y desde hace muchos años, han trabajado arduamente por la despenalización y la legalización del aborto. Se espera que esta iniciativa permita consagrar los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución, desbordando los límites que nos ha impuesto una institucionalidad que no está dispuesta a permitir el avance de nuestra dignidad.

Aún queda mucho por hacer, pero sí podemos decir que estas señales son inéditas en nuestra institucionalidad y contravienen la voluntad conservadora que hoy vemos, más claramente que nunca, en el poder constituido. El despliegue de los movimientos feministas en distintos niveles: en la casa, en la calle y ahora en la disputa institucional, nos muestra que hay esperanza en el futuro. Esta esperanza no es gratuita: proviene de la confianza en nosotras mismas, en lo que hemos hecho y  en lo que podemos hacer juntas al organizarnos y movilizarnos para hacer posible lo que hasta ahora nos dijeron que no lo era. Lo que hoy nos niega, una vez más, el Congreso, lo consagraremos en una futura institucionalidad popular, plurinacional y paritaria. Vamos juntas por esa democracia feminista.

^[1] El tercer volumen del Boletín del Observatorio Constitucional de Género del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ha consignado varios de estos avances en su tercera publicación, que analiza el enfoque feminista durante el debate constituyente.