Con 74 votos a favor, 49 en contra y 16 abstenciones, fue aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para establecer una responsabilidad civil por los daños causados por medicamentos anticonceptivos defectuosos.
Tras este avance, la iniciativa vuelve ahora a la Comisión de Salud de la misma Cámara, donde se discutirán las indicaciones realizadas a la iniciativa.
Al respecto, la diputada Camila Rojas (Comunes), recordó que en 2020 «más de 140 mujeres denunciaron haber tenido embarazos no planificados producto de anticonceptivos fallidos. Por este grave error se multó a dos Laboratorios, sin que se entregara reparación, indemnización o respuesta de ningún tipo a esas mujeres que se vieron obligadas a llevar adelante un embarazo, pese a que estaban tomando acciones justamente para evitarlo».
Por ello, la parlamentaria resaltó que «lo que busca este proyecto es hacerse cargo de la justa reparación que merecen las mujeres víctimas de laboratorios por los anticonceptivos defectuosos en los que confiaron, como confiamos diariamente en cientos de medicamentos».
«Los graves y permanentes perjuicios generados a mujeres que tuvieron que cambiar su plan de vida producto de embarazos no planificados, por estas impresentables negligencias de los laboratorios, no pueden ser tratados como un conflicto más entre privados», añadió la diputada Rojas.
«No se trata de una persona que reclama una indemnización por un choque automovilístico. No se trata de una persona que no le pagó a otra lo que le debía. Se trata de mujeres privadas de su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, que confiaron en la calidad de los productos farmacéuticos que provienen de gigantescos y multimillonarios laboratorios, y que deben ser certificados por el Estado», manifestó la legisladora.
¿Qué dice el proyecto?
El texto busca reparar a mujeres que hayan tenido como resultado un embarazo no planificado. Para ello, incorpora una presunción de causalidad cuando exista un embarazo y alerta emitida por el Instituto de Salud Pública (ISP).
El laboratorio estará encargado de probar que el defecto no podría haber generado dicho daño. También, eleva las multas que puede aplicar el ISP. Paralelamente, establece el efecto retroactivo de la ley, para los casos que generaron el proyecto, que se estiman en 140 mujeres afectadas.
Asimismo, las distribuidoras finales de productos sanitarios que sean métodos anticonceptivos hormonales o dispositivos intrauterinos, propenderán a contar con un registro interno.
Este debe contener datos como la fecha de entrega del producto, los datos de la usuaria y la marca y número de lote. Esta información será de carácter confidencial. En el caso de menores de edad, el registro será voluntario.
En tanto, la relación de causalidad se presumirá con la existencia de un embarazo, cuya fecha probable de concepción sea un año antes o un año después de la emisión de una alerta farmacéutica emitida por el Instituto de Salud Pública que comunique el defecto correspondiente, siendo carga del fabricante del producto sanitario demostrar la inexistencia de dicha causalidad.
Infracciones
El laboratorio que incurra nuevamente en la dispensación de métodos defectuosos estará impedido de participar de licitaciones. La infracción de cualquiera de las disposiciones de la institucionalidad, salvo las disposiciones que tengan una sanción especial, se castigará con multa de hasta cinco mil unidades tributarias mensuales (UTM).
Las reincidencias podrán ser sancionadas hasta con el doble de la multa original. En el caso de falla de métodos anticonceptivos o dispositivos intrauterinos se aplicará la sanción como si fuere una reincidencia.
La ley entrará en vigencia desde la fecha de publicación en el Diario Oficial, pero se aplicará retroactivamente a todos los casos de embarazos o pérdidas reproductivas por métodos anticonceptivos o dispositivos que hayan sido objeto de alertas farmacéuticas emitidas por el por el ISP desde el año 2020.
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