Detención masiva de integrantes de la “Primera Línea” en Iquique y Alto Hospicio. Familias acusan persecución política

Durante la mañana de este jueves, se llevó a cabo un operativo policial realizado por el OS7 de carabineros, tras una orden emanada desde el Juzgado de Garantía de Iquique, que culminó con la detención de 17 personas quienes son acusadas de haber cometido destrozos y actos delictivos durante el estallido social, sindicatos como parte de una «asociación ilícita» por pertenecer a la denominada «Primera Línea» de la ciudad.

Familiares y amigos de los detenidos llegaron a las afueras del Cuartel Policial a sonde fueron trasladados varios de los detenidos, acusaron que esto se trata de una persecución política debido a que estos participaron activamente de las manifestaciones sociales.

Una familiar de uno de los detenidos, señaló ante la prensa que se trata de personas que efectivamente participaron en la «Primera Línea», pero algunos son voluntarios de la Cruz Roja y funcionarios de la salud, y no tienen militancia en partidos políticos. “Están mezclando política, metiendo a gente inocente donde no corresponde. Le pedimos a Fiscalía que sean consecuentes, que busquen a las personas que corresponden y no llegar y pescar un montón de gente que no tiene nada que ver, si bien cometieron desórdenes, no están involucrados en bandas criminales” agregó la familiar.

Tras la detención masiva, el abogado y candidato a alcalde por Iquique, Matías Ramírez, señaló que al menos de los nombres que han podido tener conocimiento, la mayoría son personas que se han desarrollado colaborando en distintas obras sociales, particularmente como héroes populares que participan en ollas comunes:

Esto -según trascendió- se da en el marco de una investigación que realiza la Fiscalía de Tarapacá por una «supuesta organización ilícita», lo que habría generado la orden emanada desde el Juzgado de Garantía para allanar diversos domicilios en las comunas de Iquique y Alto Hospicio, con el fin de detener a un listado previamente determinado por la Fiscalía, de varios participantes de las manifestaciones sociales que se iniciaron tras el estallido social de octubre de 2019. .